La Operación Ulises y la lucha en el mar contra la inmigración ilegal

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El 28 de enero de 2003 comenzó la «Operación Ulises». Con esta denominación se ha bautizado al despliegue naval realizado por una flota de siete buques, compuesta por patrulleras de las Fuerzas de Seguridad y de buques de guerra de las Armadas de España (patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil Río Guadiario y Río Pisuerga); Reino Unido (patrullera del Servicio de Aduanas Seeke); Portugal (corbeta de la Armada Coutinho); Italia (una corbeta de la Armada); y Francia (la patrullera de la Armada Grébe y otra patrullera de la Gendarmería Marítima). Como observadores participaron representantes de Grecia, Noruega, Holanda, Alemania, Polonia y Austria. La «Operación Ulises» ha sido la primera iniciativa europea contra la inmigración ilegal en el mar. La coordinación de este experimento piloto, efectuada desde una instalación establecida en Algeciras, fue de «responsabilidad compartida» por los cinco Estados comunitarios que aportaron buques. Perseguía frenar a la inmigración ilegal en el mar, dado los graves problemas que luego se presentan en tierra, así como detener y poner a disposición judicial a las mafias que trafican con seres humanos.

El Ministro español del Interior, Sr. Ángel Acebes, al presentar la «Operación Ulises», explicó que responde a la filosofía de «una sola frontera marítima, un mar territorial común y una única política de frontera de la Unión Europea (UE) para la lucha contra el tráfico de inmigrantes», añadiendo que esta operación «es el germen y el pilar esencial de la futura policía de fronteras. Asistimos al nacimiento de una policía común de la UE para proteger las fronteras». Ciertamente, el control común de la frontera exterior europea se revela como indispensable para evitar que el flujo incontrolado de inmigrantes siga aumentando la bolsa de ilegales en la UE, calculada en más de tres millones de personas. Sólo en España, la detención durante el año 2002 de unos siete mil inmigrantes ilegales en las costas andaluzas y de otros diez mil en las playas canarias da una idea aproximada de la gravedad del problema. La inmigración ilegal es un problema que, lejos de solucionarse, tiende a aumentar a un ritmo insostenible, pues para el año 2003 se calcula que la afluencia de inmigrantes ilegales a Canarias rondará las veinticinco mil personas.

Los antecedentes de la «Operación Ulises» se remontan al Consejo Europeo de Sevilla, celebrado los días 21 y 22 de junio de 2002. En las Conclusiones de la Presidencia de esta Cumbre se dio un fuerte apoyo a los tres ejes que definirán la acción de la UE contra el fenómeno masivo de la inmigración ilegal. En primer lugar, tras acoger «con satisfacción» la reciente adopción del Plan global para la lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos en la UE (adoptado por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior el 28 de febrero de 2002), el Consejo Europeo hizo un llamamiento al Consejo y a la Comisión para que, en el marco de sus competencias, diesen la máxima prioridad a algunas de las medidas establecidas en este Plan. Entre las medidas priorizadas, destaca la revisión de la lista de Estados terceros a cuyos nacionales se les exija visado de entrada; la instauración de un sistema común de identificación de visados; la conclusión de los acuerdos de readmisión en curso de negociación y la negociación de más acuerdos de este tipo; la aprobación de un programa de repatriaciones; y la aprobación de una serie de normas, tales como la Decisión Marco relativa a la lucha contra la trata de seres humanos, la Decisión Marco destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia...