Proyecto de resolución sobre moratoria universal en la aplicación de la pena de muerte en el 62.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: soberanía estatal versus derechos humanos

Autor:M.ª Ángeles Cano Linares
Cargo:Universidad Rey Juan Carlos
Páginas:829-833
 
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El pasado 15 de noviembre de 2007, tras una intensa actividad diplomática y a pesar de ciertas incertidumbres respecto del resultado final de la votación., la tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un proyecto de resolución en el que, ante la preocupación por la continuada aplicación de la pena de muerte, pidió a los estados la suspensión mundial de las ejecuciones de la pena capital. Se trata de un esperado y adecuado primer paso, insuficiente pero necesario para alcanzar el deseable objetivo final de abolición universal de la pena de muerte. Representa, por tanto, un paso instrumental en el laborioso camino del fomento de la dignidad humana y del desarrollo progresivo de los derechos humanos.

La mera presentación de la resolución y su posterior aprobación deben ser evaluadas positivamente por cuanto en anteriores períodos de sesiones del órgano plenario de las Naciones Unidas, proyectos de resolución similares no llegaron a ser presentados (en 1999, la Unión Europea retiró su propuesta en el último momento) o no fueron aprobados (en 1994, la iniciativa italiana de moratoria fue derrotada por un margen de ocho votos, con la abstención de 21 países europeos). En cambio, el 19 de diciembre de 2006, una declaración, auspiciada por la Unión Europea, instando a la abolición de la pena de muerte y al establecimiento de una moratoria en las ejecuciones, fue apoyada por un total de 95 estados de todos los grupos geográficos. Ya en 2007, con ocasión del Día Mundial contra la pena de muerte, se alcanzó la cifra crítica (96 votos) que permitía vislumbrar el éxito de una nueva propuesta al expresar cuatro estados más su compromiso de votar a favor de una moratoria universal.

No obstante el éxito alcanzado, los resultados de la votación obligan a realizar ciertas consideraciones menos optimistas. El estrecho margen de la victoria (99 estados a favor de la iniciativa, 52 en contra, 33 abstenciones y 8 ausencias en el momento de la votación) así como la presentación de casi una veintena de enmiendas y la tensión patente en los dos días de debate previo a la votación ponen claramente de manifiesto la falta de consenso y la persistencia de la división.

La cuestión de la pena de muerte aún despierta fuertes sentimientos contrapuestos resultado de posicionamientos enfrentados y del enconamiento de las posturas que defienden intereses divergentes. Esta tensa contraposición responde a la esencialidad de la cuestión subyacen-

te, esto es, la defensa de la soberanía del estado frente al imparable impulso de los derechos humanos como limitadores del margen de discrecionalidad del estado en el ejercicio de sus competencias soberanas. En este sentido, el mismo Secretario General de la organización declaró, el 2 de enero de 2007, en relación con la ejecución de Sadam Hussein, que «la existencia de la pena capital es una decisión que corresponde a cada Estado», para afirmar poco después que todos los seres humanos tienen el derecho a vivir con dignidad, la tendencia creciente en el Derecho Internacional y en las prácticas de los estados hacia una supresión gradual de la pena de muerte y su rechazo a la pena de muerte al considerarla una sanción incompatible con el valor de los derechos humanos y la inviolabilidad de las personas.

Además, resta por superar, en el mes de diciembre, el trámite pendiente del plenario de la Asamblea General, aunque lo previsible es que se mantenga el sentido de las votaciones. En caso de ser aprobada, a pesar de su carácter no vinculante, esta resolución representará la concreción de una opinio iuris y de una práctica modificativa de la norma en vigor de importancia máxima al constituir el punto de inflexión que hace primar la protección de los derechos humanos frente al ejercicio de las competencias soberanas del estado. Si bien es cierto que en el estado actual del Derecho Internacional, algunos estados han conservando la facultad de poner fin a la vida de sus ciudadanos ello no implica que pueda afirmarse la existencia a un derecho a la pena capital similar al...

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