Nicola Borregaard (Gerente de energia y cambio climatico, Fundacion Chile).

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Cuando se habla de política energética surgen fundamentalmente tres ejes relevantes. Ellos figuran en las políticas tanto a nivel nacional como internacional, ya que los tienen presentes todos los países a la hora de plantear sus estrategias de desarrollo energético. En ese sentido, cualquier política apunta resolver primero la seguridad de suministro, luego, a que el precio de la energía sea accesible; y por último, a que la energía de que dispone sea limpia. Pero no basta solo con tener en cuenta estos tres elementos: es fundamental definir con claridad sus estándares, vale decir, hay que establecer qué niveles de seguridad, de costos y de sustentabilidad ambiental queremos. A partir de estos objetivos el país tiene que tomar decisiones. En el caso particular de Chile y de otros países en que hay gran desigualdad socio-económica se agrega otra variable, que es la justicia social. Al amparo de las discusiones sobre la evaluación ambiental ha surgido con fuerza una segunda reivindicación de carácter social. Por lo tanto, ante la fuerza que han adquirido los movimientos ciudadanos en el último tiempo y de sus exigencias en relación con una mayor equidad estructural del sistema, es indudable que a la hora de plantear una política energética en nuestro país es necesario definir además el tema de la justicia social, vale decir, cuán justo queremos que sea el acceso a la energía, y la distribución de beneficios y costos en la generación energética. Las problemáticas y desafíos que enfrenta el sistema energético, especialmente a nivel de la legitimación ciudadana de los proyectos, no pueden resolverse solo con una mejor legislación ambiental: necesariamente hay que tomar en cuenta el componente social.

Si se examina la actual matriz energética del país se comprueba que se compone de un 36% de hidroelectricidad, de un 62% de energía térmica y de un mero 2% de energías renovables no convencionales, pero prácticamente no se habla de eficiencia energética. Frente a estas cifras, la hoja de ruta hasta 2020 propuesta por el Presidente Piñera contempla un 12% de eficiencia energética, así como a nivel orientativo, el aumento a 20% del uso de fuentes de energía renovable no convencionales y que la energía hidráulica disponible represente un 50% de las necesidades. Al mismo tiempo, esto llevaría implícito, una reducción drástica a 18% el uso de energía térmica. A lo anterior habría que agregar los ajustes regulatorios ambientales, sociales y de eficiencia...