Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de Mayo de 2008. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Serie C No. 180

Fecha de Resolución 6 de Mayo de 2008
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoYvon Neptune Vs. Haití
ActoFondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteHonduras

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Yvon Neptune vs. Haití

Sentencia de 6 mayo de 2008

(Fondo, R. y Costas)

En el caso Y.N. vs.H.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

C.M.Q., P.;

D.G.-Sayán, V.;

S.G.R., J.;

M.E.V.R., J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J., y

R.A.B., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la causa y objeto de la controversia

  1. El 14 de diciembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte, en los términos de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, una demanda contra la República de Haití (en adelante “el Estado” o “Haití”) en relación con el caso 12.514, el cual se originó en la denuncia 445/05, presentada en la Secretaría de la Comisión el 20 de abril de 2005 por el señor B.C.J., el señor M.J. y el Hastings Human Rights Project for Haiti. El 12 de octubre de 2005 la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad No. 64/05 y el 20 de julio de 2006 aprobó el Informe de fondo No. 62/06, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contiene determinadas recomendaciones hechas al Estado[1]. El 14 de diciembre de 2006 la Comisión decidió, en los términos de los artículos 51.1 de la Convención y 44 de su Reglamento, someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte[2], considerando que “el Estado no respondió [a su informe] ni aprobó sus recomendaciones”.

  2. La Comisión consideró que “una sentencia de la Corte en este caso, [el primero de carácter contencioso que se interpone contra Haití ante la Corte,] no sólo procuraría reparar las [alegadas] violaciones contra el [señor Y.N., […] sino que también ofrece posibilidades de mejorar la situación de todos los detenidos que en Haití padecen circunstancias similares de arrestos arbitrarios, detenciones prolongadas previas al juicio, irregularidades del debido proceso y deficientes condiciones carcelarias, mediante la implementación de las reformas necesarias y adecuadas del sistema judicial haitiano.” La Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5.1, 5.2 y 5.4 (Derecho a la Integridad Personal), 7.4, 7.5 y 7.6 (Derecho a la Libertad Personal), 8.1, 8.2.b) y 8.2.c) (Garantías Judiciales), 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad) y 25.1 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención Americana, todo ello “en conjunción con” el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho tratado, en perjuicio del señor Y.N., presunta víctima en este caso. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación.

  3. El representante de la presunta víctima, el señor B.C.J. del Institute for Justice and Democracy in Haiti (en adelante “el representante”), no presentó ante la Corte un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, en los términos del artículo 23 del Reglamento (infra párr. 12). Posteriormente manifestó que concordaba con lo establecido por la Comisión en el presente caso y, en sus alegatos finales escritos, solicitó a la Corte que declarara al Estado responsable por la violación de los artículos 5.1, 5.2, 5.4, 7.4, 7.6, 8.2.b), 8.2.c) y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y que le ordenara determinadas medidas de reparación.

  4. El Estado por su parte no presentó un escrito de contestación de la demanda ni de alegatos finales. Luego, en un escrito de 3 de octubre de 2007 (infra párr. 13), expuso su versión de algunos hechos relacionados con el presente caso y manifestó que “el gobierno constitucional de Haití […] se compromete a que, en un plazo razonable, el señor N. comparezca ante la Alta Corte de Justicia [(Haute Cour de Justice) (en adelante “Alta Corte de Justicia”)], tal como lo dispone la Constitución de 1987”. Además, el Estado hizo referencia a un hecho ocurrido con posterioridad a la presentación de la demanda: una decisión de 13 de abril de 2007 de la Corte de Apelaciones de Gonaïves dictada en el proceso penal seguido contra el señor N. y otras personas. Ese tribunal interno conoció de una apelación presentada contra la resolución del Tribunal de Primera Instancia de Saint-Marc, en la cual se imputaban al señor N. una serie de hechos delictivos. Esa Corte de Apelaciones de Gonaïves consideró, en su decisión, que el señor N., siendo Primer Ministro del Gobierno al momento de los hechos que le eran reprochados, debió haber sido procesado según lo dispuesto en los artículos 185 a 190 de la Constitución de la República de Haití, que establecen un juicio de naturaleza política en el Senado conformado como Alta Corte de Justicia. Así, la Corte de Apelaciones se declaró “incompetente ratione personae” para estos efectos.

  5. Los hechos del presente caso ocurrieron en un contexto de polarización política, inseguridad pública y deficiencias institucionales en Haití, acentuado, entre otros factores, por la crisis originada en las elecciones locales y legislativas de 21 de mayo de 2000. El señor N. fue elegido al Senado de Haití en esas elecciones[3]. Esta crisis se agravó por la falta de consenso en cuanto a las posibles soluciones para corregir las irregularidades electorales, que fueron denunciadas tanto por la oposición como por la comunidad internacional[4]. Posteriormente, el señor J.-BertrandA. fue electo P. en las elecciones presidenciales y senatoriales de 26 de noviembre de 2000, en las cuales la oposición no participó[5]. Por su parte, después de un mandato como Presidente del Senado, en marzo de 2002 el señor N. renunció a su cargo al haber sido designado como Primer Ministro de Haití en el gobierno del entonces P.J.-BertrandA.[6].

  6. En los siguientes meses ocurrieron numerosos actos de violencia política, protestas y represiones. Se registraron en todo el país violentos enfrentamientos entre manifestantes opositores al gobierno, que pedían la dimisión del entonces P.A., y sectores de la Policía Nacional de Haití[7].

  7. La crisis política se acentuó a finales del año 2003 y principios de 2004. En febrero de 2004, un enfrentamiento armado ocurrió en la ciudad de Gonaïves, al norte de Haití, y en los días siguientes se propagó el conflicto a otras ciudades[8].

  8. En su demanda, la Comisión Interamericana describió los eventos que ocurrieron en Saint-Marc – una ciudad ubicada al sur de la ciudad de Gonaïves – en los siguientes términos[9]:

    El 7 de febrero de 2004, tras varios días de combate, el grupo armado antigubernamental RAMICOS tomó el control del destacamento policial de la ciudad de Saint-Marc, a unos 100 kilómetros al norte de Port-au-Prince, sobre la ruta de Gonaïves a la Capital […]. El 9 de febrero de 2004, la policía de Saint-Marc, ayudada por la fuerza progubernamental “B.W.”, recuperó el control del destacamento policial de Saint-Marc […].

    El 9 de febrero de 2004, el [señor] N. realizó una visita ampliamente divulgada a Saint-Marc, por helicóptero, para alentar a la policía a imponer el orden en la ciudad, y pidió a la policía que defendiera la ciudad contra las bandas que marchaban a través de Saint-Marc, hacia el sur, en dirección a la capital, Port-au-Prince […].

    Dos días después de la visita del [señor] N., la policía haitiana y civiles que pertenecían a “B.W.” ingresaron al barrio La Scierie de Saint-Marc, también considerado un bastión de RAMICOS. Según informes, varias personas resultaron muertas y otras tantas heridas en el enfrentamiento producido después entre las fuerzas del gobierno y RAMICOS. Además, tanto integrantes de la policía como de RAMICOS habrían quemado y vandalizado viviendas y automóviles de Saint-Marc, en represalias. Según testigos, algunas personas fueron deliberadamente quemadas en sus casas. […][10].

  9. Mientras la oposición armada amenazaba con entrar en la capital, el 29 de febrero de 2004 el señor J.-BertrandA. fue transportado en un avión del gobierno de los Estados Unidos de América a la República Central Africana. Luego de esto, el entonces Presidente de la Corte de Casación, señor B.A., juró al cargo de Presidente interino, en los términos de la Constitución de Haití de 1987, vigente en esa época. Se estableció un “Gobierno de transición”, con G.L. como Primer Ministro[11]. El 29 de febrero de 2004, a solicitud del Presidente interino, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1529[12], mediante la cual estableció una Fuerza Multinacional Provisional (FMP), la cual inició inmediatamente su despliegue en Haití[13]. Posteriormente, en su Resolución 1542 de 30 de abril de 2004, el Consejo de Seguridad decidió establecer la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (en adelante “MINUSTAH”) y ordenó que la autoridad de la Fuerza Multinacional Provisional fuera traspasada a la MINUSTAH el 1° de junio de 2004. El mandato de ésta incluía, entre otros, proveer un entorno seguro y estable para el proceso constitucional y político haitiano, así como vigilar la situación de los derechos humanos en el país[14]. Dicha misión fue prorrogada varias veces subsecuentemente[15]. El mandato del Presidente interino B.A. terminó en mayo de 2006[16]. El regreso a la legalidad constitucional se expresó, inter alia, por la elección del señor R.P. como Presidente de la República[17].

  10. Específicamente en lo que respecta al señor N., su mandato como Primer Ministro terminó el 12 de marzo de 2004[18]. Al respecto, la Comisión señaló en su demanda que “los peticionarios también afirmaron […] que, poco después, las amenazas...

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