Movilidad transfronteriza de personas, vida familiar y Derecho internacional privado

• Author: Pilar Jiménez Blanco
• Position: Profesora Titular, Catedrática acreditada, de Derecho internacional privado, Universidad de Oviedo
• Pages: 174-222

www.reei.org

DOI: 10.17103/reei.35.06

MOVILIDAD TRANSFRONTERIZA DE PERSONAS,

VIDA FAMILIAR Y DERECHO INTERNACIONAL

PRIVADO

CROSS-BORDER MOBILITY OF PERSONS, FAMILY LIFE

AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Pilar Jiménez Blanco*

Sumario: I.INTRODUCCIÓN. II.FUNDAMENTOS DE LA MOVILIDAD EUROPEA DE

LAS PERSONAS Y DE LOS MIEMBROS DE SUS FAMILIAS. III. MODELOS

FAMILIARES Y RECONOCIMIENTO DE FAMILIAS CONSTITUIDAS. IV.

ACREDITACIÓN DE LA SITUACIÓN FAMILIAR. V. PERSPECTIVAS

ADMINISTRATIVA Y C IVIL DEL ESTATUTO FAMILIAR. VI. DECISIONES SOBRE

RESPONSABILIDAD PARENTAL Y RÉGIMEN DE MOVILIDAD DE LAS PERSONAS.

VII. CONCLUSIONES.

RESUMEN: La movilidad transfronteriza de personas requiere una adecuada protección de su derecho a la

vida familiar, lo que i mplica, en consecuencia, la posibilidad de trasladarse y residir con los miembros de

la familia en otr o Estado. El régimen de movilidad dentro de la UE tiene ciertas particularidades para los

ciudadanos de la UE pero también para nacionales de terceros países. Puede identificarse un modelo

mínimo de familia europea. Asimismo, existe una tendencia al reconocimiento de familias constituidas, en

particular, cuando se han establecido como familias en otro Estado UE. En el ámbito del Derecho

migratorio, la forma de acreditar y dar eficacia a las relaciones familiares no coincide en todos los casos

con los métodos clásicos del Derecho internacional privado. Existen en ocasiones dos visiones diferentes,

la civil y la administrativa, sobre la misma realidad familiar. El Derecho migratorio debe supeditarse al

derecho a la vida familiar, en particular a la protección del interés superior del menor y a su derecho de

relación con ambos progenitores, principios rectores de todas las decisiones que les af ecten.

ABSTRACT: The cross-border mobility of persons require adequate protection of their right to family life,

which implies, therefore, the possibility of moving and residing with family members in ano ther State. The

mobility regime within the EU has certain peculiarities for EU citizens but also for third-country nationals.

A minimum European family model can be identified. In addition, there is a trend towards the recognition

of already established families, in particular, when they have established themselves as families in another

EU State. In the field of immigration law, the way to accredit and ma ke effective the family relationships

Fecha de recepción del original: 2 de febrero de 2018. Fecha de aceptación de la versión final: 20 de marzo

de 2018.

* Profesora Titular, Catedrática acreditada, de Derecho internacional privado, Universidad de Oviedo,

pilarj@uniovil.es.

Este trabajo se adscribe al Proyecto de Investigación I+D+I del MINECO Ref. DER2017-86107-R, del que

son In vestigadores Principales ESPINIELLA MENÉNDEZ, A. y JIMÉNEZ BLANCO, P. de la Universidad de

Oviedo.

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does not coincide in all cases with the classical methods of private intern ational law. Sometimes there are

two different approaches, civil and administrative, on the same family relationship. Immigration law should

be subject to the right to family life, in particular to the protection of the best interests of the children and

their right of relationship with both parents as guiding principles of all de cisions that affect them.

PALABRAS CLAVE: Derecho a la vida familiar.- Ciudadanía UE.- Nacionales de terceros países.- Movilidad

europea.- Derecho de residencia.- Derecho internacional privado.- Interés superior d el menor.

KEYWORDS: Right to respect for family life.- EU citizenship.- Third-counttry nationals.- European mobility.-

Right of residence.- Private international law.- Best interest of the child.

I. INTRODUCCIÓN

1. La movilidad de personas dentro de la UE es inherente a la condición de ciudadanía

de la UE, constituyendo la libertad de circulación y de derecho de residencia en la UE

parte del contenido esencial de dicho estatuto. Pero la movilidad en el ámbito de la UE

también se manifiesta en relación con nacionales de terceros países, establecidos en un

Estado miembro que, posteriormente, pretenden desplazar su residencia a otro Estado

miembro. A tales efectos, el Derecho europeo ha ido desarrollando vías privilegiadas de

movilidad de extranjeros extracomunitarios en atención a su especial vinculación con el

territorio de la Unión o como vía de incentivo a un modelo determinado de migración

especialmente cualificada

1

. En este contexto, como pieza clave, condicionante y

habilitante de la movilidad de las personas, se encuentra el derecho a la vida familiar que

requiere conciliarse con el ejercicio del derecho a circular y a residir en otro Estado.

Sobre estas premisas, se asienta el estudio que presentamos, que pretende ofrecer una

visión integrada de la movilidad de personas tanto desde una perspectiva subjetiva como

metodológica. Desde el punto de vista subjetivo, se incluye el tratamiento a los miembros

de la familia de los ciudadanos de la UE (que denominaremos régimen europeo) y de los

nacionales de terceros países (régimen de extranjería)

2

. Desde el punto de vista

metodológico, se entremezclan los instrumentos propios del Derecho de extranjería con

las técnicas de Derecho internacional privado, en ocasiones como coadyuvantes, en

ocasiones con soluciones divergentes. Así, se trata de identificar el modelo de familia

europeo y las posibilidades de dar continuidad a familias ya constituidas en otros Estados,

en particular en relación con el derecho de entrada y permanencia en el Estado de acogida.

A estos efectos, el modo y alcance de la acreditación de los vínculos familiares, basada

esencialmente en la prueba documental, prescinde en la práctica de las técnicas clásicas

1

Un estudio estadístico y comparad o de esta movilidad dentro de la UE puede verse en EUROPEAN

MIGRATION NETWORK (EMN), Synthesis Report – Intra-EU mobility o f third-cou ntry nationals,

Comisión Europea, 2013.

2

Vid. un estudio integrado en CORTÉS MARTIN, J.M., “Ciudadanos de la Unión vs. Nacionales de

terceros países: sobre la incipiente convergencia interpretativa del derecho a la reagrupación familiar”,

R.G.D.E., nº 26, 2012, pp. 1 y ss.; RODRÍGUEZ MATEOS, P., JIMÉNEZ BLANCO, P. y ESPINIELLA

MENÉNDEZ, A., Régimen jurídico de los extranjeros y de los ciudadanos de la UE, Thomson Reuters,

Navarra, 2017, pp. 289 y ss.

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del DIPr., acercándose a un modelo de reconocimiento mutuo o de “portabilidad” del

estatuto familiar de un Estado a otro

3

. Aunque las perspectivas civil y administrativa de

una misma relación jurídica no son siempre coincidentes, lo cierto es que las medidas de

extranjería deben supeditarse al derecho a la vida familiar, en particular a la protección

del interés superior del menor y a su derecho de relación con ambos progenitores,

principios rectores de todas las decisiones que les afecte y, en particular, de las relativas

a la entrada y residencia en un Estado.

II. FUNDAMENTOS DE LA MOVILIDAD EUROPEA DE LAS PERSONAS Y DE LOS

MIEMBROS DE SUS FAMILIAS

1. Ciudadanía de la UE y libre circulación de personas

A) Ciudadanos UE y miembros de sus familias

2. En el ámbito del Derecho europeo, el art. 7 de la Carta de Derechos Fundamentales

de la UE (CDFUE) reproduce la protección de la vida privada familiar establecida en el

art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Establece, además, el

interés superior del menor como criterio de actuación principal (art. 24.2) y la protección

del derecho de relación entre hijos y padres (art. 24.3). Ahora bien, el alcance de la Carta

es más limitado en relación con la extensión del estatuto de la ciudadanía UE a los

miembros de la familia. En efecto, el régimen de la ciudadanía de la UE no se extiende a

los miembros de la familia sobre la base del derecho a la vida familiar, sino que se

fundamenta en la accesoriedad respecto al ejercicio de la libertad de circulación y

residencia de los ciudadanos UE, establecido, con carácter general, en los arts. 20 y 21

del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) y, de manera sectorial, en el art. 45

TFUE (libre circulación de trabajadores), art. 49 TFUE (libertad de establecimiento) y

art. 56 TFUE (libre prestación de servicios). Los términos concretos en los que se

desarrolla, en la actualidad, este derecho se encuentran en la Directiva 2004/38/CE

4

.

3

KINSCH, P., “Recognition in the forum of a status acquired abroad – Private international law rules

and European human right law”, en BOELE-WOELKI, K. y otros (ed.), Convergence and Divergence in

Private International Law: Liber amicorum Kurt Siehr, Eleven International Publishing, La Ha ya, 2010,

pp. 259 y ss. Vid. en este contexto la construcción de PFEIFF, S. (La portabilité d u statut personnel dans

l’espace européen , Bruselas, Bruylant, 2 017, pp. 66 y ss.) que apela a un “método europeo de

reconocimiento”. Con carácter general, sobre el reconocimiento mutuo, vid. JANSSENS, CH., The

Principle of Mutual Recognition in EU Law, Oxford University Press, Ox ford, 2013. Sobre la interacción

entre la movilidad de personas y el Derecho internacional privado, vid. el estudio del PARLAMENTO

EUROPEO, Private International La w in a Context o f Increasing International Mobility: Challenges and

Potential, Junio 2017.

4

Al respecto, el Considerando 5 de la Dir ectiva 2004/38/CE, relativa al derecho de lo s ciudadanos de

la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados

miembros (D.O. L núm. 150, de 30-IV-2004), indica que: “El derecho de todo ciudadano de la Unión a

circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, para que pueda ejercerse en

condiciones objetivas de libertad y dignidad, deb e serle reconocido también a los miembros de su familia,

cualquiera que sea su nacionalidad”. Por su parte, la jurisprudencia del T JUE ha venido reconociendo el

carácter derivado del derecho de los miembros de la familia nacionales de terceros países; cf. STJUE de 8

de mayo de 2013, asunto C-87/12: Ymeraga e Ymeraga-Tafarshiku, apdo . 35 y jurisprudencia citada.