Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de Noviembre de 2012. Caso Mohamed Vs. Argentina. Serie C No. 255

Fecha de Resolución:23 de Noviembre de 2012
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Mohamed Vs. Argentina
Acto:Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Argentina

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO MOHAMED VS. ARGENTINA

SENTENCIA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2012

(EXCEPCIÓN PRELIMINAR, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS)

En el caso M.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces[1]:

D.G.-Sayán, P.;

M.E.V.R., V.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J., y

E.V.G., J.;

presentes además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 42.6, 65 y 67 del Reglamento de la Corte[2] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

|Tabla de Contenido |Párrafos |

|INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA |1-3 |

|PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE |4-19 |

|EXCEPCIÓN PRELIMINAR |20-28 |

|COMPETENCIA |29 |

|PRUEBA |30-37 |

|A) Prueba documental, testimonial y pericial |31 |

|B) Admisión de la prueba |32-37 |

|B.1) Admisión de la prueba documental |32-34 |

|B.2) Admisión de la declaración de la presunta víctima y de la prueba pericial |35-37 |

|HECHOS PROBADOS |38-61 |

|A) Proceso penal contra el señor M. |40-50 |

|B) Recursos judiciales posteriores |51-60 |

|C) Consecuencia de la inhabilitación penal para conducir |61 |

|DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES, EN RELACIÓN CON EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO Y |62-126 |

|OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS | |

|Introducción |62-64 |

|Argumentos de la Comisión y alegatos de las partes |65-78 |

|B.1) Alegada violación al derecho de recurrir del fallo (artículo 8.2.h. de la Convención) en relación con |65-68 |

|el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención) | |

|B.2) Alegada violación a la garantía de concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa|69-71 |

|(artículo 8.2.c de la Convención) | |

|B.3) Alegada violación al deber de motivación y al derecho a ser oído (artículo 8.1 de la Convención) |72-73 |

|B.4) Alegada violación a la protección judicial (artículo 25.1 de la Convención) |74-76 |

|B.5) Alegada violación al derecho protegido en el artículo 8.4 de la Convención |77-78 |

|Consideraciones generales de la Corte |79-85 |

|Derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior (artículo 8.2.h. de la Convención) en |86-119 |

|relación con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención) | |

|D.1) Alcance del artículo 8.2.h de la Convención con respecto a sentencias penales de condena emitidas al |88-95 |

|resolver un recurso contra la absolución | |

|D.2) Contenido del derecho a recurrir la sentencia penal condenatoria |96-101 |

|D.3) Sobre la alegada imposibilidad de recurrir la sentencia condenatoria por parte del señor M. y las |102-112 |

|vías procesales a que tuvo acceso en el marco jurídico argentino a la luz del artículo 8.2.h de la | |

|Convención | |

|D.4) Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno (artículo 2 de la Convención Americana) en relación |113-119 |

|con el derecho a recurrir del fallo | |

|Alegada violación al derecho protegido en el artículo 8.4 de la Convención Americana |120-126 |

|alegada violación al PRINCIPIO DE LEGALIDAD (artículo 9), en relación con la obligación de respetar y |127-139 |

|garantizar los derechos | |

|Argumentos de la Comisión y alegatos de las partes |127-129 |

|Consideraciones de la Corte |130-139 |

|reparaciones (APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA) |140-187 |

|Parte Lesionada |144-147 |

|Garantizar al señor M. el goce del derecho protegido en el artículo 8.2.h de la Convención |148-152 |

|Medida de satisfacción: publicación y difusión de la Sentencia |153-155 |

|Otras medidas solicitadas |156-162 |

|Indemnización compensatoria por daños material e inmaterial |163-172 |

|Costas y gastos |173-177 |

|Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas |178-180 |

|Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados |181-187 |

|PUNTOS RESOLUTIVOS |188 |

I

Introducción de la Causa y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

El 13 de abril de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió el caso 11.618 contra la República Argentina (en adelante “el Estado” o “Argentina”) a la jurisdicción de la Corte Interamericana (en adelante “escrito de sometimiento”), de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención. La petición inicial fue presentada ante la Comisión Interamericana el 18 de marzo de 1996 por el señor C.A.M. (en adelante el “señor M.”) y su entonces representante el abogado R.J.M. (en adelante el “señor M.”). El 22 de febrero de 2005 la Comisión Interamericana aprobó el Informe de Admisibilidad No. 02/05[3]. El 2 de noviembre de 2010 la Comisión aprobó el Informe de Fondo 173/10[4], de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana (en adelante también “el Informe de Fondo” o “el Informe No. 173/10”)[5]. La Comisión decidió someter a la jurisdicción de la Corte Interamericana “la totalidad de los hechos y las violaciones de derechos humanos descritas en el [I]nforme de [F]ondo 173/10”, por la alegada “necesidad de obtención de justicia para la [presunta] víctima” ante la falta de avances sustanciales en “el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en [dicho] informe” por parte del Estado. La Comisión designó como delegados a su entonces C.L.P.M., al entonces S.E.S.A.C., y como asesoras legales a la Secretaria Ejecutiva Adjunta Elizabeth Abi-Mershed, y a M.C.P., S.S.G. y M.B..

De acuerdo con la Comisión, el presente caso se relaciona con el alegado desconocimiento de “una serie de garantías, incluyendo el principio de legalidad y no retroactividad y el derecho de defensa[, así como la falta de garantía del] derecho a recurrir el fallo condenatorio en los términos previstos en la Convención [y del derecho a contar con] un recurso efectivo para subsanar dichas violaciones”. Las supuestas violaciones se habrían cometido a partir de la condena penal por homicidio culposo impuesta al señor M. por primera vez en segunda instancia tras una absolución en primera instancia, en razón de un accidente de tránsito del que fue parte y a raíz del cual falleció una persona.

Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional de Argentina por la alegada violación “[d]el principio de legalidad e irretroactividad, el derecho de defensa, el derecho a recurrir el fallo y el derecho a la protección judicial consagrados en los artículos 9, 8.2.c), 8.2.h) y 25.1 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de O.A.M.”. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión requirió a la Corte que ordene al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.

II

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

El sometimiento del caso por parte de la Comisión Interamericana fue notificado al Estado y al señor M., en aquel entonces representante de la presunta víctima, los días 18 y 20 de mayo de 2011, respectivamente.

El 12 de agosto de 2011 el señor M. comunicó a la Corte que el 4 de julio de ese año ocurrió el fallecimiento de su entonces representante, comunicó sus datos de contacto y solicitó a la Corte el nombramiento de un defensor interamericano para que lo representara[6].

Mediante Resolución de 31 de agosto de 2011, la Corte tuvo por no presentado un “escrito de solicitudes, argumentos y pruebas” aparentemente firmado por el señor M., que fue recibido en la Secretaría de la Corte el 9 de julio de 2011, cinco días después de su fallecimiento y doce días antes del vencimiento del plazo para presentarlo. En la misma resolución, la Corte dispuso que su Secretaría comunicara a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (en adelante “AIDEF”) la solicitud del señor M. de ser representado por un defensor interamericano y que se prosiguiera con el procedimiento correspondiente. Asimismo, la Corte estableció que los plazos improrrogables de dos meses para que el nuevo representante pudiera presentar el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y para que el Estado presentara su contestación se empezarían a contar, el primero a partir de que fueran notificados al nuevo representante el escrito de sometimiento del caso y sus anexos y el segundo a partir de que el Estado recibiera el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.

Los días 16 y 20 de septiembre de 2011 el Coordinador General de la AIDEF informó a la Corte la designación de los señores G.V. y M.T.B., defensores públicos de Argentina y Paraguay, respectivamente, como defensores interamericanos para ejercer la representación legal del señor M. en el presente caso.

El 11 de octubre de 2011 la Corte notificó a los defensores interamericanos (en adelante “los representantes” o “los defensores interamericanos”) el sometimiento del caso.

El 11 de diciembre de 2011 los representantes presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), conforme al artículo 40 del Reglamento de la Corte. Los representantes coincidieron sustancialmente con lo alegado por la Comisión, solicitaron al Tribunal que se declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los mismos artículos de la Convención Americana señalados por la Comisión Interamericana, y agregaron que Argentina también habría violado los derechos contenidos en los artículos 8.1, 8.2 d), 8.2 e), 8.4, 25.2.a) y 25.2.b) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor M.. En consecuencia, requirieron a la Corte que ordene diversas medidas de reparación. Además, los representantes solicitaron acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la...

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