México: servicio público bajo el asedio de un sistema de botín reforzado. Desmantelamiento y militarización de la esfera civil (2018-2023)

AuthorDavid Arellano Gault/Gabriel Rojas Salazar
ProfessionProfesor investigador CIDE/Profesor asociado CIDE
Pages21-46
21
MÉXICO: SERVICIO PÚBLICO BAJO EL ASEDIO
DE UN SISTEMA DE BOTÍN REFORZADO.
DESMANTELAMIENTO Y MILITARIZACIÓN
DE LA ESFERA CIVIL (2018-2023)
David Arellano Gault
Profesor investigador
CIDE
Gabriel Rojas Salazar
Profesor asociado
CIDE
1. INTRODUCCIÓN
La consolidación de un servicio público estable, profesional y con una
cobertura general ha sido una de las principales tareas pendientes en la tran-
sición democrática de México. Los esfuerzos, aunque existentes, apenas han
entregado resultados a cuentagotas, con reformas inacabadas, esfuerzos aisla-
dos y discontinuos, tal como la promulgación de la Ley del Servicio Profe-
sional de Carrera en 2003 (Cámara de Diputados, 2003). A veinte años de ese
intento por instaurar un servicio profesional, la función pública sigue comple-
tamente maniatada por los grupos partidistas y en algún sentido, por los sin-
dicatos corporativos, rémoras sobrevivientes del régimen que gobernó el país
por más de 70 años. Empero, si cabe, la situación del servicio público en este
sentido es más grave todavía a raíz de la estrategia del gobierno del presidente
López Obrador (2018-2024). A saber, una estrategia de pinza: el desmantela-
miento del aparato administrativo de la federación a través, en buena parte,
de la militarización de la gestión pública (y de la esfera civil del país, en
realidad).
A lo largo de la historia reciente de México eran identificables esfuerzos
mínimos por paulatinamente desmantelar el sistema de botín a través de la
RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL FUTURO:
UNA REVISIÓN EN EUROPA E IBEROAMÉRICA
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profesionalización de los servidores públicos: en sí una estrategia insuficiente
e inefectiva. Más en la actualidad, esta tendencia ha desaparecido virtualmente.
Los intentos de mejoramiento en la función pública han sido debilitados si no
francamente desaparecidos. A primera vista, el debilitamiento de las políticas
de profesionalización y la militarización no son fenómenos relacionados o
complementarios. Sin embargo, en este caso, se observa que están estrecha-
mente vinculados. La apuesta del presente gobierno parece estar sustentada en
reducir significativamente el tamaño del gobierno bajo los argumentos de la
austeridad y para eliminar la duplicidad de funciones entre distintas organiza-
ciones gubernamentales. Bajo el discurso de eliminar intermediarios que
entorpezcan la entrega de apoyos de forma directa por parte del gobierno hacia
la población, se eliminan gastos de los funcionarios públicos, atacados bajo el
argumento de ser burocracias doradas que frecuentemente son los principales
protagonistas de actos de corrupción.
Sin embargo, este desmantelamiento ha sido complementado con la entrega
de muchas de las agendas y acciones gubernamentales al sector militar. Ante
la «desconfianza» del presidente en los servidores públicos, las organizaciones
militares están tomando diversas agendas en sectores como construcción,
transporte, salud, e incluso, turismo (Camhaji, 2022; Nájar, 2018). Nuevamente
todo justificado bajo retóricas simplistas y engañosas como que el ejército es
«pueblo uniformado», por tanto mucho más honesto y leal (Redacción Animal
Político, 2021). Así, la cercanía e influencia del ejército ha crecido conforme
ha avanzado la administración, hasta llegar a que se le asignen labores desde
el control de aduanas, gestión de obras insignia del gobierno y acciones fran-
camente ilegales como entregarles el mando de la seguridad civil (cuestión
que ha sido en parte revertida por mandato de la Suprema Corte de Justicia).
La relación entre el gobierno y las fuerzas armadas ha estado marcada por la
opacidad, acuerdos políticos y la protección ante el obvio crecimiento de la
corrupción en el sector militar con casos que han ido estallando (Sáenz, 2021;
Hernández, 2021). Solo para dar una idea concreta: se están creando negocios
públicos cuyos ingresos serán manejados directamente por el sector militar
(esta cuestión también debe ser revisada en términos de legalidad).
En ese sentido, el servicio civil está bajo asedio en una estrategia política
de alto riesgo que no solo mantiene vivo el sistema de botín, sino que introduce
de lleno al actor militar en su control. La preocupación de la militarización
de la esfera civil no es menor, puesto que el poder que adquiere este grupo
parece solamente incrementar, permeando en aspectos distintos de la vida
pública como su reciente inclusión en la nueva Ley de Ciencia y Tecnología
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en la que se
incluye a la Secretaría de Defensa en la vigilancia y guía de la política cien-
tífica mexicana (Ferri, 2021). De tal forma, analizar los alcances y consecuen-

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