Mejores prácticas defensoriales en la actividad proyectiva de la institución

AutorEduardo Luna Cervantes
Páginas147-181

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Las defensorías del pueblo proyectan su actividad hacia la ciudadanía; el éxito de ellas, no sólo depende de la eficiencia con la que se gestionan los re-

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cursos internos de la organización, sino también de la eficacia con la que actúa para asegurarse la consecución de sus objetivos, que, como sabemos, no son otros que la defensa de los derechos ciudadanos ante el poder público.

Es así que estas instituciones defensoras de derechos se valdrán de acciones, estrategias y políticas para la mejor defensa de éstos; desde aquéllas orientadas a potenciar la acción de su magistratura de la persuasión, sobre la base de proveerse de mayor y mejor información o de proyectar ésta sobre las políticas públicas, por ejemplo, hasta otras vinculadas a la promoción de derechos, a través de la labor pedagógica que puedan desempeñar para ese cometido. En la misma línea, fortalecer los lazos interinstitucionales, -sean éstos intra o extra estatales, nacionales o internacionales- debería igualmente contribuir a potenciar el alcance de la actuación del Ombudsman iberoamericano.

Es precisamente en estos ámbitos en los que también hemos puesto atención; y es en ellos, donde hemos podido advertir y recabar las siguientes mejores prácticas.

a) Acción defensorial eficaz orientada a la defensa de los derechos y a la supervisión de los servicios públicos

Entendemos por este tipo de prácticas a toda acción, estrategia o política diseñada y ejecutada para potenciar directamente la labor institucional en la defensa de los derechos humanos y la prestación eficiente de los servicios públicos. En este sentido, están comprendidas estrategias vinculadas a la adecuación de la organización institucional para la mejor defensa de derechos; al diseño de mecanismos o instrumentos previstos para la identificación de problemáticas generales que aquejan a los mismos; al diseño, promoción e implementación de sistemas de vigilancia para la defensa de derechos; al fortalecimiento de alianzas interinstitucionales y con la sociedad civil para el mismo cometido; a la incidencia sobre las políticas públicas; entre otras.

La estrategia por excelencia empleada por las defensorías del pueblo en la tarea de defender los derechos fundamentales de las personas ha sido la elaboración de informes institucionales sobre determinadas problemáticas generales que aquejan a los derechos de determinados colectivos de la población. Para esta tarea, los Ombudsmen se valen como fuente primaria de las quejas y petitorios que tramitan del público; complementada con fuentes secundarias vinculadas a estadísticas generales, informes de entidades supranacionales y pericias de expertos externos cuyo trabajo se vincula a la temática abordada en los documentos.

El objetivo siempre es incidir en los actores públicos responsables de las decisiones de gobierno que repercuten en la efectividad de los derechos humanos objeto de estudio.

Según observamos de la información reportada por las instituciones de defensa de los derechos humanos de la región, este esquema básico de trabajo ha

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sido enriquecido con los años en base a la experiencia ganada, y a la puesta en marcha de buenas prácticas institucionales que han innovado y potenciado el impacto de las recomendaciones formuladas en el campo de trabajo que le es propio a las defensorías atendiendo a las funciones constitucionales encomendadas.

En primer término, se evidencia una convicción cada vez más asentada sobre la exigibilidad de todos los derechos fundamentales; particularmente, de los derechos económicos, sociales y culturales; incorporando además una perspectiva transversal y multidisciplinaria en el estudio de las problemáticas que aquejan a los derechos. En este sentido, son cada vez más frecuentes informes y recomendaciones dirigidas a los poderes públicos con una vocación omnicomprensiva de los derechos, de sus diversos contenidos y formas de exigibilidad.

Así, destacan la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y su Recomendación General 15 sobre el derecho a la protección de la salud (2009)423; la defensoría peruana con sus informes sobre salud y pensiones424,

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derecho a la consulta previa de pueblos indígenas425, derecho a la educación426, entre otros.

Por otro lado, se privilegia modalidades de trabajo en favor de los derechos con un mayor grado de presencia y participación de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Ejemplos de ellas, los tenemos en las Mesas de Trabajo de la Defensoría del Pueblo de Venezuela427; en las Audiencias Públicas promovidas por la Defensoría del Pueblo de Perú428; o en la participación activa de organizaciones no gubernamentales en el marco de las investigaciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina.

Y es que las alianzas estratégicas que las defensorías han promovido para acrecentar la efectividad de sus actuaciones, son sin duda una buena práctica que va mostrando su potencialidad a favor de los derechos humanos. Desde la celebración de convenios interinstitucionales de carácter específico hasta la apuesta por fortalecer vínculos con organizaciones de base o colectivos particulares. Ejemplos de los primeros los tenemos en el Convenio de Cooperación celebrado entre la Defensoría del Pueblo de Venezuela y el Fondo de Población de las Naciones Unidas429o con el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) de Cuba430. Deberíamos comprender aquí los convenios entre defenso-

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rías del pueblo para fortalecer su actuación a favor de los derechos de ciertos colectivos, pero de ellos nos ocuparemos en otro apartado.

De lo segundo, las alianzas con organizaciones de base o colectivos particulares, hay infinidad de ejemplos. La apuesta por involucrar a la ciudadanía en la defensa de sus derechos, ha sido clara y notoria. Destacan la defensoría venezo-lana con su programa Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos431.

En los últimos años, una estrategia que claramente ha combinado tramitación individual y colectiva de casos, incidencia en políticas públicas, promoción de derechos con la ciudadanía y coordinación interinstitucional, ha sido la desarrollada para defender el derecho de acceso a la información pública.

Promover la transparencia en el Estado y desterrar la "cultura del secreto" que ha caracterizado por décadas a las administraciones públicas iberoamericanas. Esa fue la consigna del trabajo desarrollado por años y que ha rendido más que estimables frutos. Desde la dación de una modélica Ley de Transparencia y

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Acceso a la Información Pública en Perú432, gracias al impulso definitivo del Ombudsman peruano en alianza con organizaciones vinculadas a medios de comunicación y profesionales del periodismo, hasta la constitución de plataformas virtuales gestadas por la institución defensorial en Costa Rica y Panamá; como se ilustró líneas arriba con la experiencia en dichos países con la Red de Transparencia Interinstitucional y el Nodo de Transparencia; respectivamente.

Pero el trabajo estratégico a favor del derecho de acceso a información pública, ha ido más allá. La Defensoría del Pueblo de Paraguay, por ejemplo, lleva a cabo campañas de transparencia de gestión en las dependencias de la Administración pública, a fin de que se publiciten las declaraciones juradas de bienes a la Contraloría General de dicho país, como lo estipula la normativa co- rrespondiente. Lo hace a través de sendas recomendaciones a las máximas autoridades responsables.433El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, a través de su Programa de Auditoría Social, ha conformado Comisio- nes Ciudadanas de Transparencia, en virtud a la normativa municipal existente, que permiten canalizar quejas de ciudadanos por la gestión municipal y realizar auditorías sobre el gasto público.

En relación a los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios públicos, también destacan buenas prácticas como las verificaciones defensoriales sobre la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento básico, energía eléctrica y telecomunicaciones en empresas prestadoras de servicios en Bolivia434; o las inspecciones a centros de salud o a empresas prestadoras de ser-

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vicios públicos (electricidad) que practica el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, en compañía del usuario que presenta la queja.

Una estrategia conocida de las defensorías del pueblo para la defensa de los derechos humanos, y que constituye como tal una buena práctica, es la elaboración y difusión de material instructivo-informativo para la mejor protección de los mismos; especialmente, de personas o colectivos que por sus particulares características o la situación de violencia política que atraviesa el país, se encuentran más expuestas a vulneraciones de este tipo. Ejemplos tenemos en las Guías orientativas para implementar Medidas Cautelares en beneficio de Defensores de los Derechos Humanos y de Periodistas y Comunicadores en México435; y, los Modelos de Inspección para centros de menores y centros socioeducativos para población penitenciaria de la defensoría venezolana436.

Junto a este tipo de material, las defensorías también se preocupan por estandarizar procedimientos y uniformizar pautas de actuación con miras a una mejor protección de los derechos (para la investigación y resolución de quejas). Destacan documentos como el Manual para el diseño y presentación de investigaciones sobre Derechos Humanos y el Manual preliminar sobre fundamentos de estadística para investigaciones en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Venezuela.437Adecuar las estructuras internas de la organización y aprovechar la información institucional para...

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