Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 11 de Mayo de 2007. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Serie C No. 163

Fecha de Resolución11 de Mayo de 2007
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
Casode la Masacre de la Rochela Vs. Colombia
ActoFondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteCosta Rica

Corte Interamericana de Derechos HumanosCaso de la Masacre de La Rochela Vs. ColombiaSentencia de 11 de Mayo de 2007

(Fondo, R. y Costas)

En el caso de la masacre de La Rochela,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

S.G.R., P.;

C.M.Q., V.;

M.E.V.R., J.;

D.G.-Sayán, J.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.; y

R.A.B., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de acuerdo con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia

  1. El 10 de marzo de 2006, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda contra el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”). Dicha demanda se originó en la denuncia No. 11.995, presentada en la Secretaría de la Comisión el 8 de octubre de 1997 por el Colectivo de Abogados “J.A.R.”[1]. El 9 de octubre de 2002 la Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 42/02 y el 7 de marzo de 2005 aprobó el informe de fondo No. 29/05 de conformidad con el artículo 50 de la Convención[2], el cual contiene determinadas recomendaciones hechas al Estado. El 28 de septiembre de 2005 el Estado adelantó un “acto público de reconocimiento de responsabilidad” con participación del V. de la República y la Ministra de Relaciones Exteriores (infra párr. 10). El 28 de febrero de 2006 la Comisión concluyó que “no se ha dado cumplimiento a la totalidad de las recomendaciones”, razón por la cual sometió el presente caso a la jurisdicción de la Corte[3].

  2. La demanda se refiere a que “[supuestamente] el 18 de enero de 1989 un grupo paramilitar con la cooperación y aquiescencia de agentes estatales ejecutó extrajudicialmente a M.M.C., P.A.B.P., V.H.S., C.F.C.Z., L.O.H.M., Y.G.M.R., G.E.V.F., B.I.G.C., O.M.C., C.A.M.C., A.M.D. y S.V.P. y lesionó la integridad personal de A.S.G., W.H.M.C. y M.L.D.N. […] mientras cumplían una diligencia probatoria en su carácter de funcionarios de la administración de justicia en el corregimiento de `La Rochela´, en el Bajo Simacota, Departamento de Santander, Colombia”. La Comisión alega que “el caso permanece en parcial impunidad y la mayoría de los autores materiales e intelectuales, civiles y militares, no han sido investigados y sancionados penalmente”. Además, se afirma que “el esclarecimiento judicial de la Masacre de `La Rochela´ posee un especial significado para la sociedad colombiana en tanto se refiere al asesinato de funcionarios judiciales mientras cumplían con su deber de investigar entre otros hechos de violencia, la responsabilidad de civiles y militares en la Masacre de los 19 Comerciantes”, así como otros hechos de violencia perpetrados en la zona del M.M..

  3. La Comisión solicitó a la Corte que concluya y declare que el Estado es responsable por la violación del derecho consagrado en el artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de las doce presuntas víctimas fallecidas. A su vez, la Comisión solicitó que la Corte declare que el Estado es responsable por la violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares. Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que declare que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación.

  4. Los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares, el Colectivo de Abogados “J.A.R.” y CEJIL (en adelante “los representantes”) presentaron, en los términos del artículo 23 del Reglamento, su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Con base en los fundamentos de hecho mencionados por la Comisión en su demanda, los representantes solicitaron a la Corte que declare que el Estado violó los mismos artículos alegados por la Comisión, y agregaron que “adiciona[n] como derechos violados” el derecho a la libertad personal en relación con la alegada detención prolongada de las presuntas víctimas que precedió a la masacre; el derecho a la verdad, para lo cual se invocaron los derechos alegados por la Comisión y se agregó el artículo 13.1 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) de la Convención, y el incumplimiento del artículo 2 de la Convención Americana en relación con los artículos 8 y 25 de la misma por diversos aspectos del marco normativo de desmovilización paramilitar en Colombia (infra párr. 185). Asimismo, señalaron que consideran que el Estado violó el artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, también en perjuicio de las tres presuntas víctimas que se encuentran con vida. Asimismo, solicitaron determinadas medidas de reparación y el reintegro de las costas y gastos incurridos en la tramitación del caso a nivel nacional y en el proceso internacional.

  5. El Estado presentó su escrito de contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”), en el cual confesó parcialmente los hechos y se allanó parcialmente a determinadas violaciones alegadas por la Comisión y los representantes, cuyos alcances y contenido serán determinados en el capítulo correspondiente (infra párrs. 8 a 54). Además, el Estado solicitó que se declare que “ha cumplido con el deber de reparación integral” y “reafirmó su interés por encontrar una solución amistosa” respecto a las reparaciones.

    II

    Competencia

  6. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, en razón de que Colombia es Estado Parte en la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985.

    III

    Procedimiento ante la Corte

  7. La demanda de la Comisión fue notificada al Estado[4] y a los representantes el 5 de mayo de 2006. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1 a 5), el Presidente de la Corte[5] (en adelante “el Presidente”) ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), testimonios y peritajes ofrecidos por la Comisión, los representantes y el Estado, respecto de quienes las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Además, en consideración de las circunstancias particulares del caso, el P. convocó a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado, a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de una presunta víctima, tres familiares de las presuntas víctimas y los peritajes de tres expertos, así como los alegatos finales de las partes sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas. Esta audiencia pública fue celebrada los días 31 de enero y 1 de febrero de 2007 durante el LXXIV Período Ordinario de Sesiones de la Corte[6]. Durante la realización de dicha audiencia, la Corte solicitó a las partes la presentación de prueba y explicaciones para mejor resolver. Además, la Secretaría, siguiendo instrucciones del P. y con base en el artículo 45.2 del Reglamento, requirió a las partes que presentaran determinada información y documentación a efectos de ser considerada como prueba para mejor resolver. En marzo de 2007 la Comisión, los representantes y el Estado presentaron sus escritos de alegatos finales en relación con el fondo y las eventuales reparaciones y costas, en los cuales hicieron precisiones sobre el reconocimiento de responsabilidad del Estado, las alegadas violaciones a la Convención y las eventuales reparaciones y costas.

    IV

    Reconocimiento parcial de responsabilidad internacional

  8. En el presente caso, el Estado efectuó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional en el procedimiento ante la Comisión, el cual tiene plenos efectos jurídicos[7]. Asimismo, el Estado efectuó un reconocimiento más amplio ante este Tribunal, por lo que se procede a precisar los términos y alcances de este último. Además, las partes presentaron un “acuerdo parcial en relación con algunas medidas de reparación” (infra párrs. 20 a 22 y 227).

  9. En los términos de los artículos 53.2 y 55 del Reglamento, en ejercicio de sus poderes inherentes de tutela judicial internacional de los derechos humanos, la Corte podrá determinar si un reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por un Estado demandado ofrece una base suficiente, en los términos de la Convención Americana, para continuar o no con el conocimiento del fondo y la determinación de las eventuales reparaciones y costas. Para estos efectos, el Tribunal analiza la situación planteada en cada caso concreto[8].

    A) Alcances del reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado

    1) Respecto de los hechos

  10. Durante el procedimiento ante la Comisión, y en el marco del cumplimiento de las recomendaciones adoptadas en el Informe de Fondo No. 29/05 (supra párr. 1), el 28 de septiembre de 2005 el Estado realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad. En dicho acto, el Vicepresidente de la República de Colombia manifestó, inter...

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