Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 de Septiembre de 2005. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Serie C No. 134

Ponente:Cançado Trindade
Fecha de Resolución:15 de Septiembre de 2005
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia
Solicitante:Costa Rica

VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE

  1. He concurrido con mi voto a la adopción, por la Corte Interamericana, de su presente Sentencia en el caso de la Masacre de Mapiripán. Dada la particular gravedad de los hechos del presente caso, que retratan la verdadera tragedia humana vivida por Colombia en los últimos años, me veo en la obligación de dejar constancia de mis reflexiones sobre lo tratado por la Corte en la presente Sentencia, como fundamento de mi posición al respecto. Con este propósito abordaré, en este Voto Razonado, cinco puntos medulares, que a mi juicio se revisten de particular trascendencia, a saber: a) el amplio alcance de los deberes generales de protección (artículos 1(1) y 2) de la Convención Americana revisitado; b) la atribución de responsabilidad internacional al Estado demandado (en las circunstancias del presente caso); c) el amplio alcance del artículo 1(1) de la Convención Americana y las obligaciones erga omnes de protección; d) la responsabilidad internacional del Estado y las circunstancias agravantes revisitadas; y e) la reafirmación del primado del Derecho sobre la fuerza.

    I. El Amplio Alcance de los Deberes Generales de Protección (Artículos 1(1) y 2) de la Convención Americana Revisitado.

  2. Empiezo por reiterar con firmeza el entendimiento que vengo invariablemente sosteniendo en el seno de esta Corte, hace años, del amplio alcance de los deberes generales de protección consignados en los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana. El deber general del artículo 1(1) de la Convención - de respetar y hacer respetar, sin discriminación alguna, los derechos por élla protegidos - no es un "accesorio" de las disposiciones atinentes a los derechos convencionalmente consagrados, tomados uno a uno, individualmente. No se viola la Convención Americana solamente y en la medida en que se violó un derecho específico por ella protegido, sino también cuando se deja de cumplir uno de los deberes generales (artículos 1(1) y 2) en élla estipulados.

  3. El artículo 1(1) de la Convención Americana es mucho más que un simple "accesorio", es un deber general que se impone a los Estados Partes y que abarca el conjunto de los derechos protegidos por la Convención. Su violación continuada puede acarrear violaciones adicionales de la misma, que se suman a las violaciones originales. El artículo 1(1) es, de ese modo, dotado de un amplio alcance. R. a un deber permanente de los Estados, cuyo incumplimiento puede acarrear nuevas víctimas, generando per se violaciones adicionales, sin que sea necesario relacionarlas con los derechos originalmente vulnerados. En mi hermenéutica del artículo 1(1) - así como del artículo 2 - de la Convención, que maximiza la protección de los derechos humanos bajo la Convención, vengo insistiendo, en el seno de esta Corte, desde mi Voto Disidente en el caso C.D. y S. versus Colombia (reparaciones, Sentencia del 29.01.1997).

  4. La Corte afortunadamente la ha acogido a partir del caso S.R. versus Ecuador (Sentencia del 12.11.1997), con resultados positivos inmediatos, y en otras Sentencias subsiguientes (las de los casos de Castillo Petruzzi y Otros versus Perú, del 30.05.1999; de B.R. y Otros versus Panamá, del 02.02.2001; de H., C. y B. y Otros versus T. y T., del 21.06.2002; de los Cinco Pensionistas versus Perú, del 28.02.2003; ), como vengo de recordar en mi reciente Voto Razonado (párrs. 15-21), de siete días atrás, en el caso de las Niñas Yean y B. versus República Dominicana (Sentencia del 08.09.2005), en la cual la Corte ha procedido de igual modo en este particular.

  5. Negar el amplio alcance de los deberes de protección bajo los artículos 1(1) y 2 de la Convención - o minimizarlos mediante una interpretación atomizada y desagregadora de dichos deberes - equivaldría a privar la Convención de su effect utile. La Corte Interamericana no puede apartarse de su jurisprudence constante al respecto, y tiene el deber de velar por la preservación de los altos estándares de protección construidos a lo largo de los años en su jurisprudencia. No se puede frenar su notable construcción jurisprudencial[1] al respecto, y cualquier intento con este propósito contaría con mi más firme oposición. Tal construcción da expresión a un Derecho en evolución, que no admite retrocesos. Además, la gravedad de los hechos del presente caso de la Masacre de Mapiripán, relativo a Colombia, revela de manera clarísima la importancia de sostener la correcta hermenéutica del artículo 1(1) de la Convención Americana.

  6. Antes de relacionar mis ponderaciones a los hechos del cas d'espèce, me permito aquí tan sólo agregar que, así como la existencia de una ley manifiestamente incompatible con la Convención Americana acarrea per se una violación de ésta (bajo el deber general de su artículo 2, de armonización con la Convención de la normativa del derecho interno), la falta de la toma por el Estado de medidas positivas de protección - inclusive de carácter preventivo - ante una situación reveladora de un patrón consistente de violencia y flagrantes y graves lesiones de derechos humanos acarrea per se una violación de la Convención Americana (bajo el deber general de garantía del artículo 1(1), o sea, de respetar e asegurar el respeto de los derechos protegidos).

  7. En este sentido, los deberes generales de los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana tienen un sentido autónomo propio, y la determinación de su incumplimiento no está condicionada por el establecimiento de violaciones individuales específicas de uno u otro derecho consagrado en la Convención Americana. Al respecto, la jurisprudencia más lúcida de esta Corte (cf. supra) ha efectivamente reconocido el sentido amplio y autónomo de los deberes generales de los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana, cuya violación, en lugar de estar subsumida en violaciones individuales de derechos específicos bajo la Convención, más bien se suma a dichas violaciones.

    II. La Atribución de Responsabilidad Internacional al Estado Demandado en las Circunstancias del Presente Caso.

  8. En la presente Sentencia en el caso de la Masacre de Mapiripán, la Corte ha notado que el Estado demandado reconoció su responsabilidad internacional (el 07.03.2005) "por la violación de los artículos 4(1), 5(1) y (2), y 7(1) y (2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los hechos ocurridos en Mapiripán en julio de 1997" y ha otorgado a dicho reconocimiento "plenos efectos" (párr. 125). Los referidos hechos consistieron en actos cometidos por un grupo de paramilitares contra las víctimas (párr. 117), y el Estado, después de reconocerlos, posteriormente buscó objetar la atribución a si mismo de dichos actos que perpetraron la masacre de Mapiripán. La Corte observó que

    "si bien los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en Mapiripán fueron cometidos por miembros de grupos paramilitares, la preparación y ejecución de la masacre no habría podido perpetrarse sin la colaboración, aquiescencia y tolerancia, manifestadas en varias acciones y omisiones, de miembros de las Fuerzas Armadas del Estado, inclusive de altos funcionarios de éstas"(párr. 121).

  9. En seguida, al analizar los hechos reconocidos por el Estado demandado en el cas d'espèce, la Corte estipuló que

    "surge claramente que tanto las conductas de sus propios agentes como las de los miembros de grupos paramilitares son atribuibles al Estado en la medida en que éstos actuaron de hecho en una situación y en zonas que estaban bajo el control del Estado. En efecto, la incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto planeado desde varios meses antes de julio de 1997, ejecutado con pleno conocimiento, previsiones logísticas y la colaboración de las Fuerzas Armadas, quienes facilitaron la salida de los paramilitares desde Apartadó y Neclocí y su traslado hasta Mapiripán en zonas que se encontraban bajo su control y dejaron desprotegida a la población civil durante los días de la masacre mediante el traslado injustificado de las tropas a otras localidades" (párr. 121).

  10. La atribución de responsabilidad internacional a un Estado se efectúa mediante una operación mental juiciosa de los integrantes del órgano judicial internacional competente, después de la cuidadosa determinación de los hechos del caso concreto; no se trata de una simple aplicación mecánica de determinadas formulaciones de preceptos que, de todos modos, se revisten de carácter supletivo[2]. Sobre la materia en aprecio, me permito aquí rescatar una reflexión que sirvió de orientación al trabajo pasado de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de Naciones Unidas sobre la atribución de una conducta al Estado al efecto de la determinación de su responsabilidad internacional.

  11. En su sustancial cuarto Informe (de 1972) sobre "El Acto Internacionalmente Ilícito del Estado, Fuente de Responsabilidad Internacional", el antiguo rapporteur del tema en la CDI, R.A.[3], juiciosamente ponderó que

    "It would be useless to object, as writers have often done, that only States are subjects of international law and that therefore only they can violate the obligations imposed by that law. Apart from the fact that such an objection would be begging the question, the cases referred to here are not cases of so-called international responsibility of individuals, but cases of international responsibility of the S.. Since the action of the private individual would be attributed to the S., it would be the S., acting through the individual, which would breach an international obligation"[4].

  12. Y R.A., artífice de la Parte I del proyecto de Artículos de la CDI sobre el "Origen de la Responsabilidad del Estado", agregó, con sus características lucidez y erudición, que

    "Indeed, it could be so attributed, but only in cases where it is specifically characterized by a measure of participation or complicity on the part of State organs. T. is no need, at this juncture, to establish the forms that such 'participation' or...

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