Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de Marzo de 2005. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Serie C No. 122

Fecha de Resolución: 7 de Marzo de 2005
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia
Acto:Excepciones preliminares
Solicitante:Costa Rica
 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia

Sentencia de 7 de marzo de 2005

(Excepciones Preliminares)

En el caso de la “Masacre de Mapiripán”,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

O.J., J.;

A.A.C.T., J.;

C.M.Q., J.;

M.E.V.R., J.;

D.G.-Sayán, y

G.Z.R., J. ad hoc;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de acuerdo con los artículos 37, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)[1], dicta la presente Sentencia sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”) y el reconocimiento de responsabilidad efectuado por éste.

I

Introducción de la Causa

  1. El 5 de septiembre de 2003, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”), la cual se originó en la denuncia No. 12.250, recibida en la Secretaría de la Comisión el 6 de octubre de 1999.

  2. La Comisión presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal), en perjuicio de las presuntas víctimas de la masacre perpetrada en Mapiripán, indicadas en la demanda. Además, la Comisión solicitó al Tribunal que decidiera si el Estado violó los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del referido tratado, en perjuicio de las presuntas víctimas de la masacre y sus familiares. Al momento de presentar la demanda, la Comisión señaló que “aproximadamente 49 personas” eran las presuntas víctimas, de las cuales identificó a las siguientes diez y a algunos de sus familiares, también indicados a continuación:

  3. S.B.S. y sus familiares:

    N.G. de Jaramillo (compañera permanente) y

    C.J.J.G. (hija).

    Blanca L.A.C. (esposa),

    Y.S.B.A. (hija),

    A.B.A. (hijo),

    M.I.B.O. (hija).

  4. A.M.B. y su familiar:

    V.B.C. (hija)

  5. E.P.L.; 4. J.P.L.; 5. L.E.P.L.; y 6. J.A.P.L., y sus familiares:

    T.L. de Pinzón (madre),

    L.M.P.L. (hermana),

    E.P.L. (hermana),

    S.P.P.L. (hermana) y

    M.T.P.L. (hermana).

  6. D.A.M.C.; 8. H.F.M.C.; y 9. G.C.R., y sus familiares:

    M.C.C. (madre y esposa, respectivamente),

    M.C.C. (hermana),

    G.C.C. (hermano) y

    R.A.M.C. (hermana)

  7. J.R.V. y sus familiares:

    M.S.M.D. (esposa),

    V.V.S. (hija),

    J.V.S. (hija),

    R.V.S. (hijo) y

    R.V.S. (hijo).

    II

    Procedimiento ante la Comisión

  8. El 6 de octubre de 1999 el Colectivo de Abogados “J.A.R.” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “los peticionarios”) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana.

  9. El 7 de marzo de 2000 la Comisión procedió a identificar la denuncia bajo el Nº 12.250, transmitió las partes pertinentes de dicha denuncia al Estado y le solicitó que suministrara la información que considerara oportuna.

  10. El 22 de febrero de 2001, en el marco de su 110º período de sesiones, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad Nº 34/01, mediante el cual decidió “que el caso era admisible, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y en relación con la [presunta] violación de los artículos 4, 5, 7, 8.1, 25 y 1.1 de la [misma] en perjuicio de 49 personas [presuntamente] ejecutadas en la localidad de Mapiripán […]”. En el referido Informe de Admisibilidad la Comisión decidió aplicar al presente caso la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46.2.c) de la Convención, con base en que “la determinación de si las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos previstas en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.”

  11. El 9 de marzo de 2001 la Comisión se puso a disposición de las partes con el fin de intentar alcanzar una solución amistosa, conforme a la Convención Americana y a su propio Reglamento. Las partes no manifestaron interés alguno al respecto.

  12. El 4 de marzo de 2003 la Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, aprobó el Informe No. 38/03, mediante el cual concluyó que:

    […] Colombia es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad personales de las víctimas de la masacre perpetrada en Mapiripán […], consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana. Asimismo, el Estado es responsable de la violación del derecho al debido proceso y la protección judicial de las [presuntas] víctimas y sus familiares, previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, así como del incumplimiento de su obligación de asegurar el respeto de los derechos previstos en dicho Tratado, en virtud de su artículo 1.1

    Al respecto, la Comisión recomendó al Estado:

  13. [l]levar adelante una investigación completa, efectiva e imparcial en la jurisdicción ordinaria, con el fin de juzgar y sancionar a todas las personas responsables de la masacre cometida contra aproximadamente 49 [presuntas] víctimas en el municipio de Mapiripán, Departamento del Meta;

  14. [a]doptar las medidas necesarias para que los afectados reciban una reparación adecuada por las violaciones cometidas por el Estado;

  15. [a]doptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, de conformidad con el deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, así como las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por [l]a Comisión en la investigación y juzgamiento de casos similares por la justicia penal ordinaria.

    […]

  16. El 5 de junio de 2003 la Comisión transmitió el Informe No. 38/03 al Estado y le otorgó un plazo de dos meses para que informara sobre “las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones formuladas.”

  17. El 22 de agosto de 2003, después de dos prórrogas concedidas, el Estado presentó su respuesta en relación con las medidas adoptadas con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones adoptadas en el Informe 38/03.

  18. El 5 de septiembre de 2003 la Comisión Interamericana decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte.

    III

    Procedimiento ante la Corte

  19. El 5 de septiembre de 2003 la Comisión presentó la demanda ante la Corte.

  20. El 2 de febrero de 2004 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y por el Colectivo de Abogados “J.A.R.” (en adelante “los representantes”) presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).

  21. El 2 de abril de 2004 el Estado presentó su escrito de excepciones preliminares y de contestación de la demanda. Las excepciones preliminares interpuestas por el Estado se referían a lo siguiente:

  22. Aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención. Decisión anticipada de sometimiento del caso a la Corte.

  23. Desconocimiento por parte de la Comisión de la Excepción de falta de agotamiento de los recursos internos interpuesta por el Estado colombiano.

  24. El 19 de mayo de 2004 la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos escritos sobre las excepciones preliminares.

  25. El 28 de enero de 2005 el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “el Presidente” o “el Presidente de la Corte”) emitió una Resolución, en el cual resolvió:

    [c]onvocar a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado, a una audiencia pública que se celebrar[ía] en la sede de la Corte Interamericana a partir del 7 de marzo de 2005...

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