Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de Noviembre de 2012. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Serie C No. 259

Fecha de Resolución30 de Noviembre de 2012
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia
ActoExcepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones
SolicitanteCosta Rica

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO MASACRE DE SANTO DOMINGO VS. COLOMBIA

1 SENTENCIA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

(Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones)

En el caso Masacre de Santo Domingo,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces:

D.G.-Sayán, P.;

M.E.V.R., V.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J.;

E.V.G., J., y

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte[1] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

Caso MASACRE DE SANTO DOMINGO VS. COLOMBIA

Tabla de contenido

  1. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 4

  2. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 6

  3. EXCEPCIONES PRELIMINARES 8

    1. Primera excepción preliminar: “Falta de competencia ratione materiae” 8

      A.1. Argumentos de la Comisión y alegatos de las partes 8

      A.2. Consideraciones de la Corte 9

    2. Segunda Excepción Preliminar: “Falta de agotamiento de los recursos internos” 11

      B.1. Argumentos de la Comisión y alegatos de las partes 11

      B.2. Consideraciones de la Corte 12

  4. COMPETENCIA 15

  5. PRUEBA 15

    A.P. documental, testimonial y pericial 15

    1. Admisión de la prueba documental 15

    2. Admisión de las declaraciones de las presuntas víctimas y de la prueba testimonial y pericial 17

  6. HECHOS 17

    A.C. en el Departamento de Arauca 17

    1. Hechos que precedieron al bombardeo del 13 de diciembre de 1998 19

    2. El bombardeo a la vereda de Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998 y hechos posteriores 23

      C.1. Hechos no controvertidos 23

      C.2. Hechos controvertidos 24

    3. Desplazamiento de la población de Santo Domingo 26

    4. Saqueos, apropiación de bienes y destrucción de bienes 27

    5. Las investigaciones sobre la muerte y heridas de las presuntas víctimas por el bombardeo a la vereda de Santo Domingo y hechos posteriores. 28

      F.1. Las Jurisdicciones Penal Militar y Penal Ordinaria 28

      F.2. Jurisdicción penal ordinaria 31

      F.3. Investigación disciplinaria 34

    6. Proceso contencioso administrativo 35

  7. FONDO 37

    VII-1. DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL 37

    1. Argumentos de la Comisión y alegatos de las partes 37

      A.1. Acto estatal denominado “reconocimiento de responsabilidad” 37

      A.2. Respecto de las investigaciones y procesos internos 40

    2. Consideraciones de la Corte 42

      B.1. Pronunciamiento sobre el objeto del presente caso y el acto estatal denominado “reconocimiento de responsabilidad” 42

      B.2. Obligación de investigar y procesos internos 47

      VII-2. DERECHOS A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS y NIÑAS Y DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO 54

    3. Argumentos de la Comisión y alegatos de las partes 54

      A.1. Derecho a la vida 54

      A.2. Derecho a la integridad personal 54

      A.3. Derecho a las medidas de protección para los niños y niñas 55

      A.4. Deber de adoptar disposiciones de derec ho interno 56

    4. Consideraciones de la Corte 56

      B.1. Las obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad personal y medidas de protección para las niñas y niños 56

      B.2. El lanzamiento de un dispositivo AN-M1A2 sobre Santo Domingo 59

      B.3. Los presuntos ametrallamientos 71

      B.4. La alegada violación de las medidas de protección a favor de las niñas y niños 73

      B.5. La alegada violación al derecho a la integridad de los familiares 73

      B.6. El alegado incumplimiento del artículo 2 de la Convención 75

      B.7. Conclusiones 75

      VII-3. DERECHO DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA Y DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA 76

    5. Argumentos de la Comisión y alegatos de las partes 76

      A.1. Alegada violación del Derecho de Circulación y Residencia 76

      A.2. Alegada violación del Derecho a la Propiedad Privada 77

    6. Consideraciones de la Corte 78

      B.1. Derecho de Circulación y Residencia 78

      B.2. Derecho a la Propiedad Privada 81

      VII-4. DERECHO A LA HONRA 85

    7. Argumentos de la Comisión y alegatos de las partes 85

    8. Consideraciones de la Corte 86

  8. Reparaciones 87

    (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana) 87

    1. Parte Lesionada 87

    2. Obligación de investigar 88

    3. Medidas de satisfacción, rehabilitación, restitución, y garantías de no repetición 89

      C.1. Medidas de satisfacción 89

      C.2. Medidas de rehabilitación 90

      C.3. Otras medidas solicitadas 92

    4. Indemnizaciones compensatorias 94

    5. Costas y gastos 99

    6. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 100

  9. PUNTOS RESOLUTIVOS 101

    ANEXO I 104

    Anexo II 105

    Anexo III 106

    I

    INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

    1. Mediante escrito de 8 de julio de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte (en adelante “escrito de sometimiento”), de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, el caso 12.416 contra la República de Colombia (en adelante también “el Estado” o “Colombia”).

    2. El procedimiento ante la Comisión se desarrolló, a grandes rasgos, de la siguiente forma: la petición inicial fue presentada ante la Comisión el 18 de abril de 2002 por las organizaciones “Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación”; Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra"; Colectivo de Abogados "J.A.R."; Humanidad Vigente Corporación Jurídica, y el Center for International Human Rights of Northwestern University School of Law (en adelante “los peticionarios”). El 6 de marzo de 2003 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 25/03[2]. El 24 de marzo de 2011 la Comisión aprobó, en los términos del artículo 50 de la Convención, el Informe de Fondo No. 61/11 (en adelante “Informe de Fondo”), en el cual concluyó que el Estado es responsable por varias violaciones a la Convención y le hizo determinadas recomendaciones[3]. Este Informe fue notificado al Estado el 8 de abril de 2011 y se le otorgó un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Mediante comunicación de 7 de junio de 2011 el Estado solicitó una prórroga para presentar información al respecto, la cual le fue otorgada hasta el 30 de junio de 2011. Ante la falta de presentación de información por parte del Estado, la Comisión decidió someter el caso ante la Corte, por “la totalidad de los hechos y las violaciones de derechos humanos descritas en el Informe de Fondo 61/11”. La Comisión designó como delegados a la C.M.S.G. y al entonces Secretario Ejecutivo de la Comisión Santiago A. Cantón, y como asesoras legales a las señoras E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, S.S.G. y M.J.V..

    3. Según la Comisión, el caso se refiere a un alegado bombardeo perpetrado el 13 de diciembre de 1998 por la Fuerza Aérea Colombiana en la vereda de Santo Domingo, municipio de Tame, departamento de Arauca. En su Informe de Fondo consideró que el 13 de diciembre de 1998 a las 10:02 am la tripulación de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) lanzó un dispositivo cluster, compuesto por seis bombas de fragmentación, sobre la zona urbana de la vereda de Santo Domingo, lo que resultó en 17 civiles muertos, entre ellos cuatro niños y dos niñas, y 27 civiles heridos, entre ellos cinco niñas y cuatro niños. Observó que los miembros de la Fuerza Pública que tripulaban las aeronaves tenían conocimiento de la calidad de civiles de esas personas. Asimismo, consideró probado que, con posterioridad a la explosión, los sobrevivientes y heridos fueron atacados con ametralladoras desde un helicóptero cuando trataban de auxiliar a los heridos y escapar de la vereda. Estimó que todo lo anterior generó el desplazamiento de los pobladores de Santo Domingo, luego de lo cual se dieron actos de saqueo o pillaje a las viviendas deshabitadas. Además, el caso se refiere a la alegada falta de protección judicial y de observancia de las garantías judiciales.

    4. Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es responsable internacionalmente por la violación de los siguientes derechos, en relación con el artículo 1.1 de la Convención:

      1. el derecho a la vida, contenido en el artículo 4.1 de la Convención Americana, en perjuicio de L.H.M.C.; T.M.H. de G.; E.L.P.; S.N.; M.Y.R.; P.S.D.; C.A.D.C.; N.Á.C. (ó A.); A.A.V. (ó Calvo); L.E.P.R., y R.C.;

      2. el derecho a la vida, en relación también con el artículo 19 de la Convención, en perjuicio de los niños J.C.B.; L.C.N.M.; O.E.V.T.; G.H.B., y las niñas E.M.B. y K. (ó C.C.T.;

      3. los derechos a la vida y la integridad personal, contenidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, en perjuicio de A.Y.G., F.V.; M.B.O.; L.V., X.G.G.; M.G.; F.M.V. (ó F.V.M.); M.B.T.; M.D.; A.N.G.; M.A.; J.A.T.; M.P.; P.U.D.L.; L.V.; A.C.; A.B., y F.M.;

      4. los derechos a la vida y la integridad personal, en perjuicio de los niños M.N.; E.O.C.; R.R., y las niñas H.Y.B.; L.B.; Y.V.C.; M.A.F.; R.D.R., y N.N.;

      5. el derecho a la propiedad privada, contenido en el articulo 21.1 y 21.2 de la Convención, en perjuicio de las víctimas que fueron despojadas de sus bienes, así como de los sobrevivientes que habitaban en la vereda de Santo Domingo y que sus viviendas y bienes muebles fueron destruidos o arrebatados;

      6. el derecho de circulación y residencia, contenido en el artículo 22.1 de la Convención, en perjuicio de las personas que se desplazaron de la vereda de Santo Domingo[4];

      7. los derechos de las garantías judiciales y la protección judicial, contenidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas que resultaron heridas y los familiares de las víctimas que se indican en el anexo 1 del Informe, y

      8. el derecho a la integridad personal, en perjuicio de los familiares de las víctimas que constan en el anexo 1 del Informe de fondo.

    5. Por su parte, los...

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