Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 31 de Enero de 2006. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Serie C No. 140

Fecha de Resolución:31 de Enero de 2006
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia
Solicitante:Costa Rica
 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso de la Masacre de Pueblo Bello

vs. Colombia

Sentencia de 31 de enero de 2006

En el caso de la Masacre de Pueblo Bello,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

O.J., J.;

A.A.C.T., J.;

C.M.Q., J.;

M.E.V.R., J.;

D.G.-Sayán, J., y

J.C.E.P., J. ad hoc,

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana") y con los artículos 29, 31, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento"), dicta la siguiente Sentencia.

I

Introducción de la Causa

  1. El 23 de marzo de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”), la cual se originó en las denuncias números 10.566 y 11.748, recibidas en la Secretaría de la Comisión el 12 de febrero de 1990 y el 5 de mayo de 1997, respectivamente.

  2. La Comisión presentó la demanda con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal) y 19 (Derechos del Niño) en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas de la alegada masacre perpetrada en la población de Pueblo Bello, indicadas en la demanda. Además, la Comisión solicitó al Tribunal que decidiera si el Estado violó los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del referido tratado, en perjuicio de las presuntas víctimas de la supuesta masacre y sus familiares.

    En su demanda, la Comisión alegó que “[l]a desaparición forzada de 37 [personas,] así como la ejecución extrajudicial de seis campesinos de la población de Pueblo Bello en enero de 1990 se inscribe como un […] acto de justicia privada a manos de los grupos paramilitares entonces liderados por F.C. en el Departamento de Córdoba, perpetrado con la aquiescencia de agentes del Estado. Por su magnitud y por el [supuesto] temor que sembró en la población civil, este episodio determinó la consolidación del control paramilitar en esa zona del país e ilustra las consecuencias de las [supuestas] omisiones, actos de aquiescencia y colaboración de agentes del Estado con grupos paramilitares en Colombia, así como su impunidad. Transcurridos casi quince años de la desaparición de las víctimas por acción de múltiples actores civiles y estatales, los tribunales internos han esclarecido el destino de seis de los 43 desaparecidos y solamente diez de los aproximadamente 60 particulares involucrados han sido juzgados y condenados –sólo tres de los cuales se encuentran privados de la libertad— con lo cual el Estado aún no ha cumplido en forma integral con su obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma efectiva y recobrar los cuerpos del resto de las [presuntas] víctimas.”

  3. Además, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó a la Corte que ordene al Estado el reintegro de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

    II

    Competencia

  4. La Corte es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que Colombia es Estado Parte en la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985.

    III

    Procedimiento ante la Comisión

  5. El 12 de febrero de 1990, la Comisión Interamericana recibió por parte de la señora C.S. una “comunicación […] relacionada con la situación de 33 campesinos” de Pueblo Bello. En la misma fecha, bajo el número de trámite 10.566, la Comisión se dirigió al Estado con el objeto de solicitar información al respecto.

  6. El 10 de mayo de 1990 el Estado presentó su respuesta, la cual fue remitida a la denunciante el 26 de junio de 1990 y se le otorgó un plazo para presentar observaciones.

  7. El 6 de diciembre de 1990 la Comisión recibió información de otra fuente sobre el asunto, la cual fue enviada al Estado para que remitiera sus observaciones. El 16 de agosto de 1991 el Estado envió su respuesta, la cual fue remitida por la Comisión a la denunciante el 18 de septiembre del mismo año para que presentara sus observaciones.

  8. El 9 de junio de 1993 y el 18 de enero de 1994 la Comisión intentó, sin éxito, comunicarse con la denunciante original mediante comunicaciones escritas y le advirtió que “de no recibirse la información requerida […] la Comisión podría suspender la consideración del caso.”

  9. El 5 de mayo de 1997 la Comisión Colombiana de Juristas y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (en adelante “los peticionarios”) presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana. en relación con los mismos hechos, y se inició un nuevo trámite bajo el número 11.748.

  10. El 20 de mayo de 1997 el Estado se comunicó con la Comisión con el objeto de informarle que el caso 11.748 “ya se había denunciado y se enc[ontraba] en trámite ante [dicha] instancia bajo el número 10.566”, por lo que solicitó que se adoptaran “las medidas pertinentes a fin de reunir y tramitar en un mismo expediente el caso”.

  11. El 28 de mayo de 1997 la Comisión informó a ambas partes que los hechos materia del asunto, a saber el 10.566 y 11.748, serían acumulados y procesados en el expediente número 11.748.

  12. El 3 de marzo de 1998 la Comisión se puso a disposición de las partes con el fin de intentar alcanzar una solución amistosa.

  13. El 9 de octubre de 2002, durante el 116º periodo ordinario de sesiones, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad N( 41/02 mediante el cual declaró admisible el caso. El 29 de octubre de 2002 la Comisión se puso a disposición de las partes con el fin de asistirlas en la búsqueda de una solución amistosa.

  14. El 8 de octubre de 2003, durante su 118º periodo ordinario de sesiones, la Comisión aprobó el Informe N° 44/03, mediante el cual recomendó al Estado:

  15. Llevar adelante una investigación completa, efectiva e imparcial en la jurisdicción ordinaria, con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables por la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de las víctimas de Pueblo Bello.

  16. Adoptar las medidas necesarias para localizar e identificar los restos de las víctimas cuyo paradero no haya sido aun establecido y devolverlos a sus familiares.

  17. Reparar a los familiares de las víctimas por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Convención Americana aquí establecidas.

  18. Adoptar las medidas necesarias para combatir y desmantelar a los grupos paramilitares conforme a las recomendaciones adoptadas por la CIDH en sus informes generales, así como por la comunidad internacional.

  19. Adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, de conformidad con el deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, así como las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por esta Comisión en la investigación y juzgamiento de casos similares por la justicia penal ordinaria.

  20. El 23 de diciembre de 2003 la Comisión transmitió el referido Informe de Fondo N° 44/03 al Estado y le otorgó plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de su transmisión, para que informara sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de las recomendaciones formuladas.

  21. El 23 de enero de 2004 la Comisión informó a los peticionarios acerca de la aprobación del informe y les solicitó que informaran su posición respecto del sometimiento del caso a la Corte Interamericana.

  22. El 4 de marzo de 2004 los peticionarios presentaron un escrito en el que solicitaron a la Comisión que, en el supuesto que el Estado no cumpliera con las recomendaciones formuladas en su informe, sometiera el caso ante la Corte.

  23. El 12 de marzo de 2004 el Estado solicitó una prórroga de 10 días para presentar las observaciones al Informe de Fondo. Ese mismo día la Comisión le informó que le concedía cinco días de prórroga para presentar dichas observaciones. No consta en el expediente del trámite ante la Comisión si dichas observaciones fueron presentadas.

  24. El 22 de marzo de 2004 la Comisión decidió someter el presente caso ante la jurisdicción de la Corte Interamericana.

    IV

    Procedimiento ante la Corte

  25. El 23 de marzo de 2004 la Comisión presentó la demanda ante la Corte (supra párr. 1), a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial. La Comisión designó como delegados a la señora S.V. de la Puente y al señor S.A.C., y como asesores legales al señor A.D. y a las señoras V.G., N.C. y L.C.. Posteriormente, el 15 de agosto de 2005 la Comisión designó los mismos delegados, y como asesores legales al señor V.M.B. y J.P.A., y a las señoras V.G. y M.C.. Finalmente, el 15 de septiembre de 2005 la Comisión designó como delegada sólo a la señora S.V. de la Puente, y como...

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