Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de Abril de 2004. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Serie C No. 105

Ponente:Cançado Trindade
Fecha de Resolución:29 de Abril de 2004
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala
Acto:Fondo
Solicitante:Haití

VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE

  1. He concurrido con mi voto para la adopción de la presente Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de Plan de S., referente al Estado de Guatemala. Me veo, además, en la obligación de dejar constancia, en este Voto Razonado, de las reflexiones personales que me han suscitado los hechos del cas d'espèce, por su particular gravedad. En efecto, es la primera vez en toda la historia de la Corte Interamericana que una masacre de la presente dimensión es sometida a su conocimiento. En este Voto Razonado, al distinguir, de inicio, la cuestión jurisdiccional de la sustantiva de responsabilidad, pasaré a concentrarme en el contenido y alcance del principio de humanidad, para abordar, a continuación, la responsabilidad internacional agravada, el jus cogens en su amplia dimensión, la existencia del crimen de Estado, y la coexistencia de la responsabilidad internacional del Estado y del individuo. Presentaré, enseguida, mis reflexiones finales.

    1. La Gravedad de los Hechos.

  2. En la demanda en el presente caso de la Masacre de Plan de S., sometida a la Corte el 31 de julio de 2002 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló ésta inter alia que

    "La masacre [de Plan de S. fue perpetrada en el marco de una política genocida del Estado de Guatemala realizada con la intención de destruir, total o parcialmente, al pueblo indígena maya. Las violaciones fueron en tal escala que representan violaciones masivas y múltiples de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (...)

    La [Comisión para el Esclarecimiento Histórico] CEH registró 626 masacres cometidas por las fuerzas del Estado durante el conflicto armado, principalmente el Ejército, apoyado por estructuras paramilitares (...). El 95% fueron perpetradas entre 1978 y 1984 y en este período el 90% fueron ejecutadas en áreas habitadas predominantemente por el pueblo maya. (...)

    Entre las características de las masacres durante el conflicto armado en Guatemala se destaca que fueron ejecutadas mediante actos de crueldad excesiva dirigidos a la eliminación de las personas o grupo de personas previamente identificadas como objetivo de los operativos militares y a provocar terror como mecanismo de control social. (...)

    Las masacres y operaciones de tierra arrasada significaron el exterminio de comunidades mayas completas, así como la destrucción de sus viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de sobrevivencia, con lo que transgredió el derecho a la vida, a la identidad étnica o cultural del pueblo maya y el derecho a expresar y divulgar la cultura, entre otros. (...)

    (...) La masacre de Plan de S. estuvo enmarcada dentro de una estrategia estatal destinada a destruir a un grupo étnico a través de operativos militares, que significaron la masacre de miles de miembros del pueblo indígena maya, la huída de los sobrevivientes, la destrucción de sus economías de subsistencia y finalmente el sometimiento intencional de miles de indígenas mayas a condiciones de existencia de dependencia de la estructura militar." (...)[1].

  3. A su vez, en su escrito de observaciones sobre la demanda de la Comisión, sometido a la Corte el 27 de septiembre de 2002, los peticionarios alegaron inter alia que

    "Los crímenes cometidos en ejecución de la política de tierra arrasada, incluyendo la masacre de Plan de S., constituyen genocidio contra el pueblo indígena-maya de Guatemala. (...)

    Dichos actos fueron dirigidos con la intención de destruir total o parcialmente al grupo étnico maya, dentro de los que se encuentran como en este caso, los maya-achí de Rabinal. (...)

    (...) El resultado de la política de Estado ha sido la matanza de miles de indígenas-mayas guatemaltecos y la completa erradicación de casi 440 aldeas. (...) La CEH registró 626 masacres atribuibles a estas fuerzas [del Estado]. Víctimas y supervivientes de tales crímenes han sido forzadas a vivir en un régimen de terror y represión bajo la autoridad de aquellos que habían ejecutado las masacres, incapaces de hablar o pedir justicia para ellos o sus muertos. (...) Después de las masacres los sobrevivientes fueron forzados a vivir en un ambiente construido y controlado por los militares." (...)[2].

  4. En el curso del procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana, el Estado demandado reconoció, con dignidad, su responsabilidad internacional por la masacre de Plan de S., en los términos transcritos en los párrafos 34-38 de la presente Sentencia. La Corte valoró dicho reconocimiento como "una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana" (párr. 50). Pese a haber aceptado su responsabilidad por violaciones de distintas disposiciones de la Convención Americana (cf. párr. 36, ns. 3 y 4), el Estado no entró a ponderar "lo relacionado con el tema de genocidio", planteado en sus escritos por la Comisión y los peticionarios, "por no ser materia de la Convención Americana" (párr. 36, n. 5).

  5. En su Informe Guatemala - Memoria del Silencio, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) estableció la ocurrencia, sobre todo en el período 1981-1983, de mayor índice de violencia en el conflicto armado en Guatemala (en el cual ocurrió el 81% de las graves violaciones de derechos humanos, de "actos de genocidio"[3]. En su determinación de los hechos ocurridos en cuatro regiones de Guatemala, la CEH concluyó que se cometieron "actos de genocidio" contra miembros de los pueblos maya-ixil, maya-achi, maya-k'iche', maya-chuj y maya-q'anjob'al[4]. En sus "conclusiones finales" al respecto, la CEH volvió a utilizar reiteradamente el concepto de actos de genocidio[5]. A juicio de la CEH, los victimados fueron sobre todo los miembros "más vulnerables" de las comunidades mayas (especialmente niños y niñas y ancianos)[6], y estas graves violaciones de derechos humanos comprometían tanto la responsabilidad individual de los "autores intelectuales o materiales" de los "actos de genocidio" como la "responsabilidad del Estado", por cuanto dichos actos fueron, en su mayoría, "producto de una política preestablecida por un comando superior a sus autores materiales"[7].

    1. Jurisdicción y Responsabilidad.

  6. Sobre el particular, es cierto que la Corte Interamericana carece de jurisdicción para determinar violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). Pero caben aquí dos precisiones. En primer lugar, el momento a partir del cual Guatemala se comprometió a proteger la totalidad de los derechos consagrados en la Convención Americana fue el de su ratificación de la Convención, el 25 de mayo de 1978, - el cual es anterior a la masacre de Plan de S.. Tal como lo precisé en mi Voto Razonado en el caso B. versus Guatemala (Fondo, Sentencia del 24.01.1998),

    "No hay que confundir la cuestión de la invocación de la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones convencionales contraídas por el Estado Parte con la cuestión de la sumisión de éste a la jurisdicción de la Corte" (párr. 34).

  7. La cuestión jurisdiccional es distinta de la cuestión sustantiva de la responsabilidad internacional. Aunque la Corte Interamericana carezca de jurisdicción para pronunciarse sobre los alegados actos de genocidio (por estar más allá de su competencia ratione materiae), ésto no exime el Estado demandado de su responsabilidad internacional - por éste reconocida en el presente caso - por violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana y demás tratados humanitarios en que Guatemala es Parte.

  8. El Estado de Guatemala ratificó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio el 13 de enero de 1950. Además, ratificó las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 sobre Derecho Internacional Humanitario el 14 de mayo de 1952, así como los dos Protocolos Adicionales de 1977 a dichas Convenciones el 19 de octubre de 1987. Las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 singularizan las "infracciones graves"[8], y determinan, inter alia, el trato humano de todos los afectados[9], así como el respeto a los muertos[10]. Los dos Protocolos Adicionales de 1977 consagran "garantías fundamentales"[11]. Estas últimas comprenden el respeto de la persona humana, inclusive de sus "prácticas religiosas" y sus "convicciones" (filosóficas o de otra naturaleza)[12]. La protección es extendida a los lugares de culto que "constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos"[13].

    1. El Principio de Humanidad.

  9. El trato humano, en toda y cualquier circunstancia, abarca todas las formas de comportamiento humano y la totalidad de la condición de la vulnerable existencia humana. Más que una disposición de aquellas garantías, el trato humano corresponde al principio de humanidad, que traspasa todo el corpus juris del Derecho Internacional Humanitario, convencional así como consuetudinario. Esta consideración me conduce a mi segunda precisión: es necesario tomar en cuenta, a un tiempo, a la par del derecho internacional convencional, también el derecho internacional general.

  10. Hay aquí un elemento que me parece de fundamental importancia: actos que, bajo distintos tratados y convenciones internacionales, - para no hablar de la Convención Americana, - son considerados como de genocidio, o como violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, ya eran prohibidos aún antes de la entrada en vigor de dichos tratados o convenciones, por el derecho internacional general. Se puede aquí invocar, en el marco de este último, v.g., el reconocimiento universal del supracitado principio de humanidad[14].

  11. En la lección imperecedera de un gran jusfilósofo, "si no las leyes mismas, por lo menos su contenido se hallaba ya en vigor" antes de cometerse las atrocidades del siglo XX, en distintas latitudes; "dicho en otros términos", prosiguió G.R.,

    "estas leyes responden, por su contenido, a un Derecho superior a la ley (...).

    Por donde...

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