Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de Abril de 2004. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Serie C No. 105

Fecha de Resolución:29 de Abril de 2004
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala
Acto:Fondo
Solicitante:Haití

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Masacre Plan de S. Vs. Guatemala

Sentencia de 29 de abril de 2004

(Fondo)

En el caso M.P. de S.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces:

S.G.R., P.;

A.A.B., V.;

O.J., J.;

A.A.C.T., J.;

C.M.Q., J.;

M.E.V.R., J.;

D.G.-Sayán, J.; y

A.S. Garrido, J. ad hoc;

presente, además,

P.S.A., S.;

de conformidad con los artículos 29, 53, 56, 57 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa

  1. El 31 de julio de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) una demanda contra el Estado de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”), la cual se originó en la denuncia No. 11.763, recibida en la Secretaría de la Comisión el 25 de octubre de 1996.

  2. La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”), con el fin de que la Corte “declar[ara] internacionalmente responsable al Estado de Guatemala por las violaciones a los derechos a la integridad personal, protección judicial, garantías judiciales, a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia y religión y a la propiedad privada, en relación con la obligación de respetar los derechos, todos estos consagrados en los artículos 5, 8, 25, 24, 12, 21 y 1[.]1 de la Convención Americana”. En la demanda la Comisión alegó la “denegación de justicia y otros actos de intimidación y discriminación [… realizadas en perjuicio] de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de 268 personas […], en su mayoría miembros del pueblo indígena maya en la aldea Plan de S., Municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz, ejecutada por miembros del Ejército de Guatemala y colaboradores civiles, bajo tutela del ejército, el día domingo 18 de julio de 1982”. Asimismo, la Comisión señaló en su demanda que la masacre se encuentra en la impunidad, y que supuestamente el Estado no ha realizado una investigación seria y efectiva para establecer los hechos, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos denunciados, ni ha reparado las consecuencias. Según la Comisión, la masacre fue perpetrada “en el marco de una política genocida del Estado guatemalteco realizada con la intención de destruir, total o parcialmente, al pueblo indígena maya”.

  3. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que adoptara determinadas reparaciones pecuniarias y no pecuniarias. Por último, la Comisión solicitó que la Corte Interamericana ordenara al Estado el pago de las costas y gastos originados en la tramitación del caso a nivel nacional y a nivel internacional, ante los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos.

    II

    Competencia

  4. Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987. Por tanto, la Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62 de la Convención.

    III

    Procedimiento ante la Comisión

  5. El 25 de octubre de 1996 el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana. El 1 de julio de 1997 la Comisión abrió el caso No. 11.763 y transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado.

  6. El 11 de marzo de 1999 la Comisión Interamericana, durante su 102º Período Ordinario de Sesiones, aprobó el Informe No. 31/99 sobre la admisibilidad del caso.

  7. El 19 de marzo de 1999 la Comisión transmitió el Informe No. 31/99 a las partes y las invitó a pronunciarse sobre su disposición de iniciar el procedimiento de solución amistosa.

  8. El 9 de agosto de 2000 el Presidente de Guatemala, en ese entonces señor A.P., en el marco del proceso de solución amistosa de varios casos que se encontraban en trámite ante la Comisión, reconoció la “responsabilidad institucional” del Estado en el caso Masacre Plan de S..

  9. El 28 de febrero de 2002, durante su 114° Período Ordinario de Sesiones, la Comisión, después de analizar las posiciones de las partes y considerar concluida la etapa de solución amistosa, aprobó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Convención, el Informe de fondo No. 25/02, en cuya parte dispositiva recomendó al Estado:

  10. Realizar una investigación especial, rigurosa, imparcial y efectiva con el fin de juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la masacre de Plan de S..

  11. Reparar tanto en el ámbito individual como comunitario las consecuencias de la violación de los derechos enunciados. Como medidas de reparación deberán incluirse la identificación de todas las víctimas de la masacre de Plan de S., así como una indemnización adecuada a sus familiares y los sobrevivientes de la misma.

  12. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana.

  13. El 1 de mayo de 2002 la Comisión transmitió dicho informe al Estado y le otorgó un plazo de dos meses, contados desde su envío, para cumplir las recomendaciones allí formuladas. Ese mismo día la Comisión, de conformidad con el artículo 43.3 de su Reglamento, informó a los peticionarios que había emitido el Informe No. 25/02 y que lo había transmitido al Estado, y les otorgó el plazo de un mes para que presentaran su posición respecto del sometimiento del caso a la Corte. El 30 de mayo de 2002 los peticionarios manifestaron su interés en que el caso fuera sometido ante la Corte.

  14. El 1 de julio de 2002 el Estado manifestó que había actuado de conformidad con las recomendaciones de la Comisión, contenidas en su Informe de fondo.

  15. La Comisión Interamericana decidió someter el presente caso ante la Corte Interamericana.

    IV

    Procedimiento ante la Corte

  16. El 31 de julio de 2002 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte.

  17. De conformidad con el artículo 22 del Reglamento, la Comisión designó como D. a la señora S.V. y al señor S.C., y como asesores a las señoras M.C.P. e I.M. y al señor A.D.. Asimismo, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento, la Comisión informó que las víctimas y sus familiares estarían representados por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (en adelante “CALDH”, “los representantes de las víctimas y sus familiares” o “los representantes”).

  18. El 22 de agosto de 2002 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), una vez realizado el examen preliminar de la demanda por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), notificó ésta junto con sus anexos al Estado, y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso. Ese mismo día la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del caso. Igualmente, el 22 de agosto de 2002 la Secretaría notificó la demanda a los representantes de las víctimas y sus familiares, y les informó que contaban con un plazo de 30 días para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.

  19. El 27 de septiembre y el 1 de octubre de 2002 los representantes de las víctimas y sus familiares remitieron el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y sus anexos, respectivamente. El 3 de octubre de 2002 la Secretaría remitió el escrito al Estado y a la Comisión, y les informó que contaban con un plazo de 30 días para la presentación de las observaciones que estimaran pertinentes.

  20. El 1 de noviembre de 2002 la Comisión presentó sus observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentado por los representantes.

  21. El 1 de noviembre de 2002 el Estado interpuso tres excepciones preliminares[1] y contestó la demanda. En dicho escrito solicitó que, con base en las excepciones preliminares interpuestas, la Corte declarara inadmisible la demanda presentada por la Comisión.

  22. El 5 de noviembre de 2002 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, concedió a la Comisión y a los representantes de las víctimas y sus familiares un plazo de 30 días para que presentaran sus alegatos escritos sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado.

  23. El 11 de noviembre de 2002 los representantes de las víctimas y sus familiares presentaron sus alegatos escritos sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, y solicitaron a la Corte que las declarara improcedentes.

  24. El 27 de noviembre de 2002 la Comisión presentó sus alegatos escritos sobre excepciones preliminares, en los cuales solicitó el rechazo de dichas excepciones.

  25. El 22 de enero de 2004 el señor A.M.G. presentó su renuncia irrevocable del cargo de juez ad hoc, quien había sido designado por el Estado el 20 de septiembre de 2002. El 23 de enero de 2004 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, otorgó al Estado un plazo de 30 días para que designara un nuevo juez ad hoc.

  26. El 3 de febrero de 2004 CALDH designó como representante de las víctimas y sus familiares a la señora L.T. y al señor J.P.P., en sustitución de los señores C.L. y F. La Rue[2].

  27. El 19 de febrero de 2004 el P. dictó una Resolución mediante la cual requirió a la Comisión, de conformidad con el artículo 47.3 del Reglamento, que los señores B.M.J. y E.G.R. prestaran sus testimonios a través de declaraciones rendidas ante fedatario público y que los señores L.R.R.G. y J.F.M.M. también prestaran sus peritajes a través de declaraciones rendidas ante fedatario público, las cuales debían ser presentadas a más tardar el 11 de marzo de 2004 y serían transmitidas a los representantes y al Estado para que presentaran las...

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