Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de Noviembre de 2009. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Serie C No. 211

Fecha de Resolución:24 de Noviembre de 2009
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala
Acto:Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Haití

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala(

Sentencia de 24 de noviembre de 2009

(Excepción Preliminar, Fondo, R. y Costas)

En el Caso de la Masacre de Las Dos Erres,

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

C.M.Q., P.;

D.G.-Sayán, V.;

S.G.R., J.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.; y

R.C.R., J. ad hoc;

presentes además,

E.S.R., Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 30, 32, 38, 59, 60 y 61 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)((, dicta la presente Sentencia.

I

Introducción de la Causa y objeto de la controversia

  1. El 30 de julio de 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”). La petición inicial fue presentada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”)[1] ante la Comisión el 13 de septiembre de 1996[2]. El 1 de abril de 2000 el Estado y los representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”) pactaron un acuerdo en el marco de una solución amistosa[3], mediante la cual el Estado reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a reparar a las presuntas víctimas. Sin embargo, el 20 de febrero de 2006 los representantes manifestaron su voluntad de apartarse del acuerdo de solución amistosa, por lo que se prosiguió con el trámite ante la Comisión[4]. El 14 de marzo de 2008 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 22/08, en los términos del artículo 50 de la Convención[5]. El informe recomendó al Estado que, entre otros, realizara una investigación especial, rigurosa, imparcial y efectiva que juzgara y sancionara a los responsables, así como que removiera todos los obstáculos de hecho y de derecho que mantenían el caso en la impunidad. Este informe fue notificado al Estado el 30 de abril de 2008. Después de considerar que Guatemala no había adoptado sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó a los señores V.A., Comisionado y S.A.C., Secretario Ejecutivo, como D., y a la señora E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y al señor J.P.A.A. y a la señora I.M. como asesores legales.

  2. La demanda se relaciona con la supuesta falta de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la masacre de 251 habitantes del Parcelamiento de Las Dos Erres, la Libertad, Departamento de Petén, ocurrida entre los días 6 a 8 de diciembre de 1982. Dicha masacre fue ejecutada por miembros del grupo especializado de las fuerzas armadas de Guatemala denominados kaibiles[6]. Entre los habitantes del Parcelamiento se encontraban niños, mujeres y hombres. Las personas ejecutadas, habrían sufrido previamente golpes y maltratos, así como muchas mujeres habrían sido violadas y golpeadas hasta el punto de sufrir abortos. Adicionalmente, en el contexto de la masacre uno de los Kaibiles que participó en ella, sustrajo a un niño sobreviviente, se lo llevó a su casa, y lo registró con sus apellidos. Recién en 1994 se iniciaron las investigaciones sobre dicha masacre, en el marco de las cuales se realizaron algunas diligencias de exhumación. Sin embargo, el supuesto uso indiscriminado y permisivo de recursos judiciales, el retardo injustificado por parte de las autoridades judiciales y la falta de una investigación exhaustiva, juzgamiento, y sanción de los responsables está pendiente hasta el día de hoy.

  3. La Comisión solicitó a la Corte que declarara que el Estado es responsable por la violación de los artículos 25 (Protección Judicial) y 8 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo instrumento, en perjuicio de dos sobrevivientes de la masacre[7] y 153 familiares[8] de las personas que fallecieron durante la misma. Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos del presente caso que se hayan originado y se originen ante la Corte Interamericana.

  4. El 12 de noviembre de 2008 los representantes, CEJIL y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (en adelante “FAMDEGUA”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Además de lo indicado por la Comisión, los representantes sostuvieron, inter alia, que el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en:

    1. los artículos 8 y 25 (Garantías Judiciales y Protección Judicial) de la Convención, en relación con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de ese tratado, en perjuicio de las víctimas de la masacre[9] y sus familiares, por: i) el supuesto retardo injustificado en la investigación de los hechos, y ii) la presunta falta de imparcialidad del tribunal que resolvió uno de los amparos;

    2. los artículos 8 y 25 (Garantías Judiciales y Protección Judicial) de la Convención, en relación con el incumplimiento del artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “CIPST” o “Convención Interamericana contra la Tortura”), en perjuicio de las víctimas de la masacre y sus familiares y el artículo 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención de Belem Do Pará), en perjuicio de las víctimas mujeres, por la supuesta falta de una investigación seria y exhaustiva de todos los hechos y responsables de la masacre;

    3. los artículos 8 y 25 (Garantías Judiciales y Protección Judicial) de la Convención, en relación con el incumplimiento del artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de las víctimas de la masacre y sus familiares, por: i) haber obstaculizado las investigaciones, y ii) no haber ejecutado las órdenes de captura dictadas contra algunos de los presuntos partícipes en los hechos;

    4. los artículos 8, 25 y 13 (Garantías Judiciales, Protección Judicial y Libertad de Pensamiento y Expresión) de la Convención, en concordancia con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de los familiares porque a la fecha desconocen la verdad de lo ocurrido a sus seres queridos y la identidad de los responsables;

    5. el artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de las víctimas de la masacre, respecto de la supuesta inadecuada investigación de su ejecución;

    6. el artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese instrumento, en perjuicio de las víctimas de la masacre, respecto de la presunta falta de investigación de los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que supuestamente fueron objeto;

    7. el artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese instrumento, en perjuicio de los familiares de las víctimas de la masacre por el sufrimiento causado a raíz de la supuesta impunidad en que se han mantenido los hechos, y

    8. el artículo 19 (Derechos del Niño) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de los dos sobrevivientes de la Masacre, así como la violación de los artículos 17 (Protección a la Familia) y 18 (Derecho al Nombre) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho instrumento, respecto de uno de los sobrevivientes.

  5. Finalmente, los representantes solicitaron al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos del presente caso incurridos tanto a nivel nacional como internacional a partir del mes de abril del año 2000. Aclararon que CEJIL y FAMDEGUA representan a 59 presuntas víctimas, incluyendo a uno de los sobrevivientes, por lo que la Comisión representa a 96 presuntas víctimas[10].

  6. El 20 de enero de 2009 el Estado presentó su escrito de excepción preliminar, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). Señaló que “manif[estaba] su aceptación parcial a los hechos denunciados por la […] Comisión [y las violaciones] alegadas en los artículos 8 y 25 de la [Convención,] en relación con el deber consagrado en el artículo 1.1 [de la misma]”. No obstante, interpuso una excepción preliminar relacionada con la supuesta incompetencia ratione temporis de la Corte, en la cual alegó que “los hechos constitutivos de las violaciones denunciadas en contra de los derechos contenidos en los artículos 4, 5, 17, 18 y 19 de la Convención […] ocurrieron entre los días 6 y 8 de diciembre de 1982 y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte […] ocurrió con posterioridad”. El 2 de octubre de 2008 el Estado designó a la señora D.M.D.S. como Agente, y a la señora C.A.Q.O. como Agente Alterna para el presente caso. El 29 de mayo de 2009 el Estado sustituyó a la Agente Alterna por la señora M.E. de J.R.L..

  7. El...

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