Marco de regulación para los medios comunitarios en Venezuela.

• Author: José Mª García de Madariaga
• Pages: 179-187

Contenidos

• Contexto históricopolítico de la reglamentación de los medios comunitarios.
• Condicionantes del marco legal para la comunicación comunitaria.
• Últimos pasos en la regulación mediática: la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
• Bibliografía.

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Marco de regulación

para los medios comunitarios en Venezuela

José Mª García de Madariaga

Las difíciles jornadas del 11, 12 y 13 de abril de 2002 fueron una verdadera prueba de fuego para el movimiento de comunicación comunitaria de Venezuela. Los golpistas que derribaron por la fuerza y con el engaño mediático al presidente Chávez durante 48 horas actuaron rápida y contundentemente contra la mayoría de las radios y televisiones libres. Sabían que estos medios podían convertirse en un obstáculo para sus planes autoritarios y, de hecho, así fue. De nada les sirvió que estos medios fueran uno de sus primeros objetivos de represión y que muchos de ellos fueran silenciados abruptamente. El silencio impuesto por los principales medios comerciales, algo más que cómplices del golpe fallido de Carmona, pudo neutralizarse gracias a un despliegue inesperado y espontáneo de comunicación popular alternativa por parte de una considerable parte de la población venezolana que pudo comunicarse a través de los teléfonos móviles y, en menor medida, de Internet. Con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los medios comunitarios y contrainformativos pudieron hacer un trabajo de comunicación social que los convirtió en punto de encuentro de las movilizaciones contra los primeros abusos del gobierno golpista y la manipulación mediática de lo que estaba ocurriendo –que en gran medida, formaba parte de un guión urdido en términos mediáticos–, y por tanto, en una pieza fundamental para el fracaso del golpe y la reinstauración de la democracia.

Contexto históricopolítico de la reglamentación de los medios comunitarios

Podríamos buscar la explicación a este fenómeno popular en el reconocimiento institucional que apenas tres meses atrás supuso para estos medios la promulgación del Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitarias de Servicio Público sin fines de lucro¹¹³. Sin embargo, sería insuficiente considerar que su protagonismo social durante el golpe se debió sólo a tan necesario y esperado marco de regulación, pues este reglamento era un peldaño más en la apuesta por la participación política de la ciudadanía que la V República venezolana, la Bolivariana, venía desarrollando desde su inicio con la Constitución de 1999¹¹⁴. La pluralidad sociocultural del proceso constituyente que dio a luz esta carta magna anunciaba el

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valor protagónico que ésta otorga a la ciudadanía en el desarrollo político de la nación a través de un insólito repertorio de mecanismos de deliberación y participación, de cuya aplicación vimos un claro ejemplo en el referéndum revocatorio que finalmente ratificó a Chávez como presidente en agosto de 2004. Además de iniciar procesos de revocación de cargos públicos y de decidir su resolución con el voto, los ciudadanos obtienen con este marco constitucional la competencia de intervenir en la actividad legisladora mediante la propuesta y la participación de referendos consultivos, aprobatorios o derogatorios (artículos 71 a 74).

Con la nueva Constitución, la apuesta bolivariana empezaba a responder a una intensa demanda social de justicia sofocada durante cuarenta años de dictadura bipartidista. Más allá de la capacitación técnica y de la presencia mediática que las radios y televisiones comunitarias han conseguido con la revolución chavista, es importante reconocer el refuerzo experimentado en el tejido social que los sustenta y que convierte al movimiento comunitario venezolano en un verdadero agente social con peso político. Prueba de ello es que, si bien la represión golpista pudo cerrar de inmediato muchos medios libres, no fue capaz de aplacar la voz de la calle que se propagaba intensamente por los barrios a través de lo que se conoce por “radio bemba” (boca a oído). El silencio informativo de las ondas no impidió que los ciudadanos supieran que Chávez no había renunciado y que estaba preso en Fuerte Tiuna, ni que bajaran de los barrios altos de Caracas hasta el palacio de Miraflores para pedir su regreso.

El apartado de comunicación, sin duda uno de los ámbitos que necesitaban mayor renovación legal en Venezuela, ha sido desde la aprobación de la Constitución uno de los terrenos más fértiles –tanto como conflictivos– de los cultivados por la revolución bolivariana. Efectivamente, no es casual que la labor legisladora en materia comunicacional se haya convertido en el centro de una profunda crisis social y política cuyo eje transversal dibuja un enconado conflicto entre dos culturas: la popular, representada –con matices– por un gobierno de vocación revolucionaria; y la burguesa, encabezada y alimentada por unos medios de comunicación con una estructura desmesuradamente concentrada que pone en un verdadero aprieto a la pluralidad informativa.

El primer paso firme de este proceso de regulación en materia de comunicación fue la Ley Orgánica de Telecomunicaciones¹¹⁵, promulgada en 2000. Entre muchas otras cuestiones, esta norma anunciaba el necesario reconocimiento y reglamentación de una actividad de enorme valor social que llevaba más de veinte años en la alegalidad. Además de desarrollar los principios y garantías constitucionales sobre la igualdad de oportunidades para acceder y difundir información veraz, plural y libre, esta ley se comprometía a regular el derecho de los ciudadanos a ejercer de manera individual y colectiva tales principios a través de medios de naturaleza comunitaria (art. 200). Casi dos años después, tras múltiples mesas de trabajo y consultas públicas, aparecía el

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mencionado reglamento para las emisoras comunitarias de radio y televisión como materialización del compromiso regulador iniciado en 1999.

Condicionantes del marco legal para la comunicación comunitaria

Esta normativa establece el marco legal de reconocimiento y desarrollo de aquellos medios de titularidad...