Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de Mayo de 2010. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Serie C No. 213

Fecha de Resolución26 de Mayo de 2010
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoManuel Cepeda Vargas Vs. Colombia
ActoExcepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteCosta Rica

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSCASO M.C.V. VS. COLOMBIASENTENCIA DE 26 DE MAYO DE 2010

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

En el caso M.C.V. vs. Colombia,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

D.G.-Sayán, P.;

L.A.F., J.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J., y

E.V.G., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 30, 32, 38.6, 56.2, 58, 59 y 61 del Reglamento de la Corte[1] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

A. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

El 14 de noviembre de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”) en relación con el caso 12.531 M.C.V., el cual fue desglosado por la Comisión del caso 11.227, J.B.D. y otros, “Unión Patriótica”, originado en la denuncia presentada el 16 de diciembre de 1993 por las organizaciones Corporación REINICIAR, Comisión Colombiana de Juristas y Colectivo de Abogados “J.A.R.”. El 12 de marzo de 1997 la Comisión declaró admisible el caso sobre la presunta persecución y exterminio de los militantes de la Unión Patriótica, mediante la adopción del Informe No. 05/97 (caso 11.227 J.B.D. y otros, “Unión Patriótica”). En mayo de 2005 la Corporación Colectivo de Abogados “J.A.R.” y la Fundación “M.C.V.” (representada por el señor I.C.C.) solicitaron a la Comisión que diera por concluida la etapa de búsqueda de solución amistosa respecto de la muerte del Senador M.C.V. (en lo sucesivo “el Senador Cepeda”, “el señor C.V.” o “la presunta víctima”) y que continuara con el trámite sobre el fondo de ese reclamo, en forma separada de aquel procedimiento de solución amistosa. El 5 de diciembre de 2005 la Comisión decidió desglosar el caso, lo registró bajo el número 12.531 y continuó con el trámite de fondo respecto del reclamo relativo a la muerte del S.C.V.. El 25 de julio de 2008 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 62/08, en el cual hizo determinadas recomendaciones al Estado[2], el cual manifestó su disconformidad. El 14 de noviembre de 2008 la Comisión sometió, en los términos del artículo 51.1 de la Convención y 44 de su Reglamento, el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados al señor V.A., entonces miembro de la Comisión, y al señor S.A.C., Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a las señoras E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, V.G. y K.M. y al señor J.P.A.A..

Los hechos alegados por la Comisión se refieren a la ejecución extrajudicial del entonces Senador M.C.V. perpetrada el 9 de agosto de 1994 en la ciudad de Bogotá, así como a las alegadas falta de debida diligencia en la investigación y sanción de todos los responsables, obstrucción de justicia y la falta de reparación adecuada a favor de los familiares. El Senador C.V. era comunicador social y líder del Partido Comunista Colombiano (en adelante “PCC”) y del partido político Unión Patriótica (en adelante “Unión Patriótica” o “UP”). Se alega que su ejecución se enmarca en un patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP y del PCC y que fue perpetrada mediante la supuesta coordinación operativa entre miembros del Ejército y grupos paramilitares, a través del llamado “plan golpe de gracia”. La Comisión sostuvo, asimismo, que dicha ejecución refleja la situación de los miembros de la UP, los actos de hostigamientos, persecución y atentados en su contra, y la impunidad en que se mantienen tales hechos. Además, alegó que la ejecución del Senador Cepeda “sobresale en el patrón de violencia contra los militantes de la UP, dado su rol como último representante electo por voto popular” de ese partido, y constituye un crimen contra la humanidad.

La Comisión solicitó a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación, derechos políticos y protección judicial, reconocidos respectivamente en los artículos 4, 5, 8, 11, 13, 16, 23 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de M.C.V.. Además, la Comisión alegó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 5, 11, 8 y 25 de la Convención en perjuicio de los siguientes familiares de la presunta víctima: I.C.C. (hijo), M.C.C. (hija), O.N.S. (compañera permanente, fallecida), C.G.O. (nuera), M.E.C.V., R.C.V., G.M.C.V., Á.C.V. y C.C.V. (fallecida) (hermanos); y del derecho de circulación y residencia, reconocido en el artículo 22 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de I.C.C. y M.C.C. y sus “núcleos familiares directos”. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación.

El 4 de abril de 2009 el señor I.C.C. y la señora C.G.O., de la Fundación “M.C.V.”; los señores R.B.M. y A.U.M. y las señoras J.O.O. y X.G., de la Corporación Colectivo de Abogados “J.A.R.”, así como las señoras V.K. y A.P., y los señores F.Q. y M.C., del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”), presentaron ante la Corte un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, en los términos del artículo 24 del Reglamento. En este escrito hicieron alusión a los hechos señalados en la demanda de la Comisión y destacaron, en relación con el contexto en el que sucedieron, “las dimensiones de la responsabilidad del Estado por el homicidio del último Senador electo de la UP, al precisar la importancia del análisis del patrón de ejecuciones sistemáticas dentro del cual éste se perpetró, el alcance de las violaciones a los derechos establecidos en la Convención Americana […], y los efectos de estas violaciones para el partido político que lideraba, el electorado que representaba y el medio de comunicación al que pertenecía”. Los representantes alegaron la violación de los mismos derechos que la Comisión, con su propia propuesta de análisis, y solicitaron, además, que se declare al Estado responsable por la violación del artículo 44 de la Convención, pues el Senador Cepeda era beneficiario de medidas cautelares al momento de su ejecución, lo que interrumpió su “derecho de peticionar” al Sistema Interamericano. También alegaron la violación del artículo 2 de la Convención, por considerar que el marco legal de la normativa sobre desmovilización de paramilitares ha propiciado la impunidad en el presente caso. Por último, solicitaron diversas medidas de reparación.

El 4 de julio de 2009 el Estado presentó su escrito de contestación de demanda, observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas e interpuso cuatro excepciones preliminares (infra Capítulo III). Asimismo, el Estado presentó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, honra y dignidad, libertad de expresión, derechos políticos, garantías judiciales y protección judicial, el cual solicitó que se acepte “en [sus] términos y alcance” (infra Capítulo II). Solicitó a la Corte que, de no prosperar las excepciones preliminares, declare que en el presente caso no existió una política estatal con el fin de dar muerte al señor M.C.V.; que no se probó la existencia del presunto “plan golpe de gracia”; y que no existió un patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP “en cabeza del Estado”. Además, alegó que no es responsable por las alegadas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 16 y 22, ni del artículo 44, todos de la Convención Americana. En cuanto a reparaciones, solicitó se limiten a los familiares inmediatos del Senador M.C. y acepte aquellas ofrecidas por el Estado, inclusive las indemnizaciones otorgadas en los procesos contenciosos administrativos y, en consecuencia, rechace las medidas adicionales de reparación solicitadas por la Comisión y los representantes. El Estado designó como sus Agentes a las señoras Á.M.R.A., J.I.A.L. y M.C.M.C..

B. Procedimiento ante la Corte

La demanda fue notificada al Estado y a los representantes el 3 de febrero de 2009[3]. El 7 de abril de 2009 el Estado solicitó a la Corte que de manera preliminar “delimit[e] con precisión los hechos que corresponden en concreto” a este caso. Una vez recibidas las observaciones de los representantes y de la Comisión, mediante Resolución de 28 de abril de 2009 la Corte declaró improcedente la solicitud del Estado y resolvió continuar con el trámite del caso[4].

El 5 y 11 de septiembre de 2009 la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos a las excepciones preliminares. El 20 de octubre de 2009 el Estado se refirió al escrito de alegatos a las excepciones de los representantes, el cual no fue admitido por no estar previsto en el Reglamento, ni haber sido solicitado.

Mediante Resolución de 22 de diciembre de 2009, la Presidencia de la Corte ordenó recibir declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) de testigos y peritos, y convocó a las partes a una audiencia pública para escuchar la declaración de testigos y peritos propuestos por la Comisión, los representantes y el Estado, así como los alegatos orales de las partes sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo y reparaciones. Por último, la Presidencia fijó plazo hasta el 1 de marzo de 2010 para...

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