Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de Noviembre de 2003. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Serie C No. 101

Ponente:García Ramírez
Fecha de Resolución:25 de Noviembre de 2003
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Myrna Mack Chang Vs. Guatemala
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Haití

VOTO CONCURRENTE RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ A LA SENTENCIA DEL CASO MACK CHANG VS. GUATEMALA,

DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2003

  1. LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE-INTERAMERICANA Y EL CASO MACK CHANG

    1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de pronunciarse, desde que se inició el ejercicio de su competencia contenciosa, sobre violaciones del derecho a la vida cometidas por agentes de un Estado mediante ejecuciones extrajudiciales. Esta materia todavía se encuentra presente en la atención del tribunal internacional, aun cuando en años recientes ha conocido de asuntos de otra naturaleza que comienzan a perfilar una nueva vertiente jurisdiccional sobre la que se han emitido sentencias relevantes y opiniones consultivas destacadas que establecen el criterio de la jurisdicción interamericana acerca de otros derechos también previstos en la Convención Americana e incluso en tratados internacionales diferentes, celebrados por países de nuestro Continente, que la Corte está llamada a aplicar.

    2. En el conjunto de casos mencionados en primer término, el tribunal internacional se ha pronunciado, a través de una jurisprudencia elaborada en el curso de cuatro lustros, acerca del derecho a la vida, los deberes correlativos de los Estados, las reparaciones pertinentes y, dentro de aquéllos y éstas, el deber del Estado de investigar, enjuiciar y sentenciar a los responsables. Esto último constituye lo que he denominado “deber de justicia penal” (cfr., en este sentido, diversos trabajos incluídos en mi libro La jurisdicción internacional. Derechos humanos y justicia penal, Ed. P., México, 2003, esp. pp. 202 y ss, 258 y ss., 315 y ss., 354 y ss.), profundamente arraigado en esa jurisprudencia y consustancial a un “estado de Derecho”, es decir, al primado de las normas en una sociedad democrática, con proyecciones nacional e internacional. Por este medio se abate la impunidad, que es un poderoso estímulo para la violación de derechos humanos, además de una flagrante injusticia que agravia a la sociedad en su conjunto. Ciertamente, la lucha contra la impunidad no es menos relevante ni menos apremiante que la satisfacción de los intereses patrimoniales o morales de la víctima, y constituye un punto de referencia para el futuro desarrollo del sistema protector de los derechos humanos en todos los países.

    3. El C.M.C., resuelto en la sentencia a la que agrego este Voto concurrente razonado, se inscribe, con características propias, en aquella línea tradicional. El propio Estado lo considera “caso paradigmático”, inscrito en el legado de una guerra intestina “en la cual no existió un sistema de derecho, ni un sistema de administración de justicia eficiente y eficaz” (párr. 68). El desarrollo de las democracias americanas y la cultura emergente en materia de derechos humanos debieran abolir para siempre el empleo de la violencia que suprime vidas, ataca la libertad y afecta la integridad de las personas. Cuando se logre ese objetivo, la Corte Interamericana estará en posición de abordar casi exclusivamente otros temas, característicos de una etapa diferente, como lo hace hoy día, en la gran mayoría de los casos, la Corte Europea de Derechos Humanos.

    4. Es censurable toda violación a derechos y libertades de las personas, pero resulta particularmente deplorable la vulneración del derecho primordial --el derecho a la vida--, de cuyo reconocimiento y tutela dependen la subsistencia y la eficacia de todos los restantes. La privación ilícita de la vida pone de manifiesto la persistencia de viejos patrones autoritarios que son testimonio de épocas sombrías en las que fueron desdeñados los bienes jurídicos esenciales en aras de supuestas necesidades de seguridad y paz pública, que jamás podrían servir como argumento válido para ignorar, suprimir o reducir los derechos básicos de los seres humanos. Frente a cualquier expresión de autoritarismo, es preciso reafirmar que la tutela de los derechos humanos constituye --y ha constituido siempre, como lo puso de manifiesto el pensamiento de la Ilustración, en Europa y en América-- el fin al que se orienta la organización política y el punto de referencia para acreditar tanto los compromisos éticos del Estado como la legitimidad en el comportamiento de sus agentes.

    5. También se ha ocupado nuestro tribunal en el examen y el pronunciamiento sobre hechos que atañen al acceso a la justicia, o dicho de otro modo, a la preservación y observancia de las garantías judiciales y los medios jurisdiccionales de protección de derechos fundamentales. Ese acceso implica tanto la facultad y la posibilidad de acudir ante órganos que imparten justicia en forma independiente, imparcial y competente, formular pretensiones, aportar o requerir pruebas y alegar en procuración de intereses y derechos (justicia formal), como la obtención de una sentencia firme que satisfaga las exigencias materiales de la justicia (justicia material). Sin esto último, aquello resulta estéril: simple apariencia de justicia, instrumento ineficaz que no produce el fin para el que fue concebido. Es preciso, pues, destacar ambas manifestaciones del acceso a la justicia: formal y material, y orientar todas las acciones en forma que resulte posible alcanzar ambas.

    6. El acceso a la justicia, uno de los temas sobresalientes en la vida contemporánea, supone el esclarecimiento de los hechos ilícitos, la corrección y reparación oportunas de las violaciones perpetradas, el restablecimiento de condiciones de paz con justicia y la satisfacción de la conciencia pública, alterada por el quebranto que sufren el Derecho, como regulación general de la conducta, y los derechos subjetivos reconocidos a los particulares, como medios para la realización de las potencialidades de las personas. En este caso, como en otros que han llegado al conocimiento de la Corte, existe asimismo un ejemplo dramático del menoscabo impuesto a la tutela judicial efectiva, en condiciones que igualmente revisten características singulares.

  2. ACTOS DE ADMISION Y RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL ESTADO.

    1. Frente a las imputaciones de hechos y la exposición de pretensiones vinculadas a éstos, mediante el ejercicio de la acción procesal internacional sobre derechos humanos, los Estados demandados pueden oponer excepciones y defensas o admitir tales hechos y pretensiones a través de actos jurídicos que producen determinados efectos sustantivos y procesales. Además del desistimiento, que incumbe al actor en juicio, el ordenamiento de la jurisdicción interamericana prevé el “allanamiento (del demandado) a las pretensiones de la parte demandante” (artículo 52.2 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) y contempla también “la existencia de una solución amistosa, de un avenimiento o de otro hecho idóneo para la solución del litigio” (artículo 53 del mismo Reglamento).

    2. Es preciso observar, para los efectos del presente caso y de otros varios que se han presentado o pudieran presentarse ante la Corte Interamericana, que la conducta de una parte o el acuerdo de ambas no vinculan inexorablemente al tribunal, más comprometido con la verdad material y la tutela efectiva de los derechos humanos que con la verdad formal y la tutela aparente de aquéllos. En efecto, el órgano jurisdiccional puede disponer que prosiga el examen del caso, “teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos”, aunque se hayan presentado actos que muestran, en el concepto de su autor, una intención extintiva del proceso y compositiva del conflicto (artículo 54 del Reglamento).

    3. En diversos asuntos tramitados durante los últimos años, los Estados a los que se atribuye responsabilidad internacional con motivo de hechos violatorios de la Convención Americana, han reconocido esos hechos y la responsabilidad internacional que deriva de ellos. Esta actitud, que la Corte ha apreciado expresamente, debe ser destacada en la medida en que acredita una disposición constructiva y asume, con objetividad y buena disposición jurídica, las consecuencias que el Derecho internacional --además del Derecho interno-- atribuye a la conducta ilícita de los agentes del Estado o de otras personas que actúan con la complacencia, el patrocinio o la tolerancia de aquél.

    4. Esta plausible experiencia pone de relieve el progreso de las convicciones democráticas y la voluntad de respeto a los derechos de los ciudadanos. El Estado que se allana o reconoce los hechos que se imputan a sus agentes, cuando ese allanamiento o ese reconocimiento se hallan justificados, deslinda su posición ética, jurídica y política de las desviaciones en las que incurren ciertos servidores públicos. Este oportuno deslinde tiene alto valor moral y reviste, a menudo, una importante eficacia preventiva: muestra que el Estado no asume como suyas las conductas de quienes subvierten su propio orden jurídico --aún cuando deba responder en foros internacionales-- ni está dispuesto a librar batallas judiciales que carecen de fundamento y obstruyen la verdadera realización de la justicia.

    5. Como antes señalé, el Reglamento de la Corte IDH aporta determinadas bases para considerar los actos de allanamiento o composición en el curso del proceso. Con este sustento y tomando en cuenta los principios que regulan el enjuiciamiento internacional sobre derechos humanos, la naturaleza de los correspondientes actos procesales conforme a sus características y a la voluntad jurídica de sus autores, las pruebas reunidas en el proceso y las razonadas solicitudes de las partes, la Corte debe establecer el carácter de esos actos de composición o allanamiento y el alcance que es posible y debido atribuirles, en bien de la seguridad jurídica y de la firmeza del proceso mismo. De esa definición por parte del tribunal depende la posición que finalmente tengan las partes desde la perspectiva de sus deberes, derechos e intereses. Al proceder así, el tribunal interpreta e integra su ordenamiento...

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