Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de Octubre de 2012. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Serie C No. 252

Fecha de Resolución25 de Octubre de 2012
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoMasacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador
ActoFondo, Reparaciones y Costas
SolicitanteGuatemala

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO MASACRES DE EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS VS. EL SALVADOR

SENTENCIA DE 25 DE OCTUBRE DE 2012

(Fondo, R. y Costas)

En el caso M. de El Mozote y lugares aledaños,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces:

D.G.-Sayán, P.;

M.E.V.R., V.;

L.A.F., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J., y

E.V.G., J.;

presentes, además,

P.S.A., S., y

E.S.R., Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte( (en adelante también “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

Tabla de contenidos

| |Párrafo |

|I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA |1 |

|II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE |6 |

|III RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS CONTENIDOS EN EL INFORME DE FONDO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA |17 |

|IV COMPETENCIA |29 |

|V PRUEBA |31 |

| A. Prueba documental, testimonial y pericial |32 |

| B. Admisión de la prueba |33 |

|VI CONSIDERACIONES PREVIAS |42 |

| A. Determinación de las presuntas víctimas |42 |

| B. Violaciones de derechos humanos alegadas por los representantes |58 |

|VII DERECHOS A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD PERSONAL, A LA LIBERTAD PERSONAL, A LA VIDA PRIVADA, A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN |61 |

|DEL NIÑO, A LA PROPIEDAD PRIVADA, Y DE CIRCULACIÓN Y DE RESIDENCIA EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y | |

|GARANTIZAR LOS DERECHOS | |

| A. Los hechos del presente caso |62 |

| 1) El conflicto armado en El Salvador |62 |

| 2) Los operativos de tierra arrasada y la creación de los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata |67 |

| 3) Las masacres de El Mozote y lugares aledaños |73 |

|

  1. Antecedentes |80 |

    | b) La “Operación Rescate” o “Yunque y Martillo” llevada a cabo por el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata |83 |

    |“Atlacatl” | |

    | c) La masacre en el caserío El Mozote |87 |

    | d) La masacre en el cantón La Joya |98 |

    | e) La masacre en el caserío Ranchería |106 |

    | f) La masacre en el caserío Los Toriles |110 |

    | g) La masacre en el caserío Jocote Amarillo |113 |

    | h) La masacre en el cantón Cerro Pando y en una cueva del C.O. |117 |

    | 4) Los desplazamientos internos e internacionales |122 |

    | B. Argumentos de la Comisión y alegatos de las partes |128 |

    | C. Consideraciones de la Corte |141 |

    | 1) Las violaciones de derechos humanos alegadas en perjuicio de las personas ejecutadas |142 |

    | 2) Las violaciones de derechos humanos alegadas en perjuicio de las personas sobrevivientes |169 |

    | 3) Las violaciones de derechos humanos alegadas en perjuicio de los familiares de las personas ejecutadas |197 |

    | 4) Conclusión |203 |

    |VIII DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES, A LA PROTECCIÓN JUDICIAL Y A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN EN |209 |

    |RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS Y EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO | |

    |Y ARTÍCULOS 1, 6 Y 8 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA Y 7.B) DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM | |

    |DO PARÁ | |

    | A. La investigación de los hechos del presente caso |210 |

    | 1) Inicio de las investigaciones y diligencias realizadas |211 |

    | 2) Las exhumaciones realizadas con el apoyo de técnicos extranjeros |230 |

    | B. La obligación de investigar los hechos del presente caso |242 |

    | C. Deber de iniciar una investigación ex officio |250 |

    | D. Falta de debida diligencia en la investigación penal |253 |

    | E. La Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz y su aplicación al presente caso |265 |

    | 1) Los hechos relativos al proceso de paz y la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz |266 |

    |

  2. El conflicto armado interno y el proceso de negociaciones hacia la paz |266 |

    | b) La Ley de Reconciliación Nacional y la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz |274 |

    | c) La decisión de sobreseimiento del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera |276 |

    | d) Decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia |277 |

    | e) Solicitudes de reapertura |279 |

    | 2) Argumentos de la Comisión y alegatos de las partes |281 |

    | 3) Consideraciones de la Corte |283 |

    | F. Derecho a conocer la verdad |297 |

    | G. Conclusión |299 |

    |IX REPARACIONES (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana) |302 |

    | A. Parte Lesionada |306 |

    | B. Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los|312 |

    |responsables, así como localizar, identificar y entregar a sus familiares los restos de las víctimas de las masacres | |

    | C. Medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición |335 |

    | D. Indemnización Compensatoria |379 |

    | E. Costas y gastos |385 |

    | F.R. de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas |394 |

    | G. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados |397 |

    |X PUNTOS RESOLUTIVOS |403 |

    I

    INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

    1. El 8 de marzo de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, el caso No. 10.720 en contra de la República de El Salvador (en adelante también “el Estado salvadoreño”, “el Estado” o “El Salvador”). La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 30 de octubre de 1990 por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (OTLA). El 5 de abril de 2000 los peticionarios acreditaron al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como co-peticionarios para el caso. La Comisión declaró admisible dicha petición mediante el Informe de admisibilidad No. 24/06 de 2 de marzo de 2006[1]. El 3 de noviembre de 2010 aprobó el Informe de fondo No. 177/10 (en adelante “informe de fondo”), en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual realizó una serie de recomendaciones al Estado. Mediante comunicación de 8 de diciembre de 2010 se notificó al Estado el referido informe y se le concedió un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión. Ante el incumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados al entonces Comisionado P.S.P. y a su entonces S.E.S.A.C., y como asesoras legales a su Secretaria Ejecutiva Adjunta Elizabeth Abi-Mershed, y a I.M. y S.S.G., abogadas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.

    2. El caso se relaciona con las alegadas masacres sucesivas que habrían sido cometidas entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 en el marco de un operativo militar del Batallón Atlacatl, junto con otras dependencias militares, en siete localidades del norte del Departamento de Morazán, República de El Salvador, en las cuales aproximadamente un millar de personas habrían perdido la vida, “incluyendo un alarmante número de niños y niñas”, así como con la alegada investigación que se habría iniciado por estos hechos y el “sobreseimiento dictado el 27 de septiembre de 1993 con base en la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que contin[uaría] vigente en El Salvador” y, finalmente, con las alegadas exhumaciones que se habrían realizado en años posteriores, pero sin dar lugar a la reactivación de las investigaciones, “a pesar de reiteradas solicitudes a las autoridades correspondientes”.

    3. Según la Comisión, las alegadas masacres del presente caso habrían ocurrido en el período más cruento de las operaciones llamadas de “contrainsurgencia”, desplegadas de manera masiva contra civiles por el ejército salvadoreño durante el conflicto armado, siendo el carácter sistemático y generalizado de este tipo de acciones cuya finalidad habría sido sembrar el terror en la población, lo que permitiría concluir que las alegadas masacres del presente caso habrían constituido “una de las manifestaciones más aberrantes de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la época por parte de la institución militar salvadoreña”. No obstante, debido a la alegada vigencia de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, así como a reiteradas omisiones por parte del Estado, estos graves hechos permanecerían en la impunidad.

    4. En su informe de fondo, la Comisión llegó a la conclusión de que el Estado de El Salvador era responsable internacionalmente por la violación:

      • de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los articulas 4, 5, 7 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas ejecutadas extrajudicialmente;

      • de las obligaciones especiales respecto de los niños y niñas, establecidas en el artículo 19 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las niñas y niños ejecutados extrajudicialmente;

      • de los derechos a la integridad personal y vida privada consagrados en los articulas 5 y 11 de la Convención Americana, en perjuicio de las mujeres violadas sexualmente en el caserío El Mozote;

      • del derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas ejecutadas que fueron despojadas de sus bienes, así como de los sobrevivientes cuyas viviendas fueron destruidas o sus medios de subsistencia arrebatados o eliminados;

      • del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los sobrevivientes y familiares de las víctimas ejecutadas;

      • del...

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