Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de Septiembre de 2011. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Serie C No. 233

Fecha de Resolución 1 de Septiembre de 2011
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoLópez Mendoza Vs. Venezuela
ActoFondo Reparaciones y Costas

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Caso LÓPEZ MENDOZA Vs. VENEZUELA

SENTENCIA DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011

(FONDO, REPARACIONES Y COSTAS)

En el caso L.M.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces(:

D.G.-Sayán, P.;

M.E.V.R., J.;

M.M.M., J.;

R.A.B., J.;

A.P.P., J., y

E.V.G., J.;

presente((, además,

P.S.A., S.,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 30, 32, 38 y 61 del Reglamento de la Corte((( (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

| |Párrafos |

| | |

|I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA |1 |

|II. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE |7 |

|III. COMPETENCIA |14 |

|IV. PRUEBA |15 |

| | |

|1. Prueba documental, testimonial y pericial |16 |

|2. Admisión de la prueba documental |18 |

|3. Admisión de la prueba testimonial y pericial |23 |

| | |

|V. HECHOS DEL CASO | |

| | |

|Consideraciones previas sobre hechos no incluidos en la demanda | |

| | |

|Alegatos de las partes | |

|Consideraciones de la Corte |25 |

| |27 |

| | |

|B. Hechos probados relacionados con las sanciones impuestas al señor L.M. |30 |

| | |

|1. La Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal |31 |

|2. Componentes y etapas del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades |36 |

|3. Procedimiento administrativo en relación con la actividad del señor L.M. en PDVSA |40 |

|3.1. Fase de actuaciones de control fiscal |44 |

|3.2. Fase investigativa |47 |

|3.3. Procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades |51 |

|3.4. Recurso de reconsideración |56 |

|3.5. Imposición de la sanción de inhabilitación |58 |

|3.6. Recurso de reconsideración |59 |

|3.7. Recurso contencioso administrativo de nulidad |61 |

|4. Procedimiento en relación con algunas decisiones adoptadas por el señor L.M. como alcalde de|65 |

|Chacao | |

|4.1. Fase de actuaciones de control fiscal |67 |

|4.2. Fase investigativa |70 |

|4.3. Procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades |72 |

|4.4. Acción de amparo interpuesta por los apoderados de la presunta víctima |73 |

|4.5. Continuación del procedimiento administrativo |75 |

|4.6. Recurso de reconsideración |79 |

|4.7. Imposición de la sanción de inhabilitación |81 |

|4.8. Recurso de reconsideración |82 |

|4.9. Recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con amparo cautelar y suspensión de |84 |

|efectos | |

|5. Recurso de nulidad y solicitud de amparo cautelar |89 |

|6. Hechos vinculados con la solicitud de inscripción como candidato |91 |

| | |

|VI. DERECHOS POLÍTICOS, GARANTÍAS JUDICIALES, PROTECCIÓN JUDICIAL E IGUALDAD ANTE LA LEY EN RELACIÓN CON| |

|LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS Y EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO | |

|INTERNO | |

| | |

|Alegatos de las partes |95 |

|Consideraciones de la Corte |98 |

| | |

|A. Derecho a ser elegido |100 |

| | |

|Alegatos de las partes |101 |

|Consideraciones de la Corte |104 |

| | |

|Garantías judiciales respecto a los procedimientos administrativos |110 |

| | |

|1. Garantías en la etapa de los procedimientos administrativos que finalizaron en multa |112 |

|1.1. Derecho a la defensa y derecho de recurrir la decisión sancionatoria | |

|1.1.1. Alegatos de las partes |113 |

|1.1.2. Consideraciones de la Corte |115 |

|1.2. Presunción de inocencia | |

| 1.2.1. Alegatos de las partes |124 |

|1.2.2. Consideraciones de la Corte |126 |

|2. Derecho a ser oído, deber de motivación y derecho a la defensa en relación con la restricción al | |

|sufragio pasivo | |

|2.1. Alegatos de las partes |134 |

|2.2. Consideraciones de la Corte |137 |

|3. Plazo razonable |150 |

|3.1. Sobre los recursos contencioso administrativos de nulidad | |

|3.1.1 Alegatos de las partes |153 |

|3.1.2. Consideraciones de la Corte |159 |

|i. Complejidad |163 |

|ii. Actividad procesal de los interesados |164 |

|iii. Conducta de las autoridades judiciales |165 |

|iv. Afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso |168 |

|3.2. Sobre el recurso de inconstitucionalidad | |

|3.2.1. Alegatos de las partes |170 |

|3.2.2. Consideraciones de la Corte |174 |

|i. Complejidad |175 |

|ii. Actividad procesal de los interesados |177 |

|iii. Conducta de las autoridades judiciales |178 |

|iv. Afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso |179 |

|4. Protección judicial y efectividad de los recursos | |

| 4.1. Alegatos de las partes |181 |

|4.2. Consideraciones de la Corte |184 |

| | |

|C. Igualdad ante la ley | |

| | |

|1. Alegatos de las partes |186 |

|2. Consideraciones de la Corte |190 |

| | |

|D. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno | |

|Alegatos de las partes |196 |

|Consideraciones de la Corte |199 |

| | |

|VII. REPARACIONES |207 |

| | |

|A. Parte Lesionada |211 |

| | |

|B. Medidas de reparación integral: restitución, satisfacción y garantías de no repetición |212 |

| | |

|1. Restitución |214 |

|2. Satisfacción |219 |

|3. Garantías de no repetición |223 |

|4. Otras medidas de reparación solicitadas |229 |

| | |

|C. Indemnización Compensatoria |231 |

| | |

|D.C. y gastos |236 |

| | |

|E. Modalidad de cumplimiento del reintegro de costas y gastos |244 |

| | |

|VIII. PUNTOS RESOLUTIVOS |249 |

Votos Concurrentes de los jueces D.G.-Sayán y Eduardo Vio Grossi

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

El 14 de diciembre de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”) en relación con el caso No. 12.668, L.L.M., originado mediante petición recibida en la Comisión el 4 de marzo de 2008 y registrada bajo el No. 275-08. El 25 de julio de 2008 la Comisión emitió el Informe de Admisibilidad No. 67/08[1]. El 8 de agosto de 2009 la Comisión adoptó el Informe de Fondo No. 92/09 y lo transmitió al Estado concediéndole un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión[2]. Después de considerar que Venezuela no había adoptado las recomendaciones incluidas en dicho informe, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó al señor P.S.P., Comisionado, y al señor S.A.C., Secretario Ejecutivo, como D., y a la señora E.A.-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y a la señora K.I.Q.O., Especialista de la Secretaría Ejecutiva, como asesoras legales.

La demanda se relaciona con la alegada “responsabilidad internacional [del Estado al] haber inhabilitado al señor L.M. […] para el ejercicio de la función pública por vía administrativa en [supuesta] contravención con los estándares convencionales[;] haber prohibido su participación en las elecciones regionales del año 2008, así como por no haber otorgado las garantías judiciales y protección judicial pertinentes ni […] una reparación adecuada”. De acuerdo con la demanda, “al momento de adoptar la decisión de inhabilitación para el ejercicio de la función pública de[l señor] L.M., el Contralor [General] de la República y, en revisión, la Sala Político Administrativa de[l Tribunal Supremo de Justicia], no elaboraron argumentos adicionales que sustentaran la aplicación de una sanción más gravosa a [una] multa [previamente impuesta], ni […] ofrecieron argumentos que calificaran el tipo de conducta ilícita y su correspondencia con la imposición de una de las máximas sanciones accesorias”.

La Comisión solicitó a la Corte que declarara al Estado venezolano responsable de la violación de los artículos 23 (Derechos Políticos), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), conjuntamente con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana, en perjuicio del señor L.M.. Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de medidas de reparación, así como el pago de costas y gastos.

La demanda fue notificada al Estado y a los representantes de la presunta víctima, señores E.S.F. y J.A.M.A. (en adelante “los representantes”), el 15 de enero de 2010.

El 19 de marzo de 2010 los representantes presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante, “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 37 del Reglamento. En este escrito hicieron alusión a los hechos señalados en la demanda de la Comisión, ampliando cierta información sobre los mismos y puntualizando su solicitud de declaración de responsabilidad estatal por la violación de los artículos 23.1 b, 23.2, 8.1, 8.4, 24 y 25, en concordancia con los artículos 1.1 y 2, todos de la Convención Americana. Concretamente, los representantes indicaron que al señor L.M. no se le reconocieron los derechos a “(i) ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores[;] (ii) […] no limitar el ejercicio de los derechos políticos, salvo por sentencia definitiva emitida por un juez competente, previo proceso penal[;] (iii) […] ser oido con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones[;] (iv) […] ser sancionado por los mismos hechos con base en los cuales ha sido previamente sancionado o absuelto por la autoridad competente[,] y (v) a la protección judicial”. Además, agregaron que el señor L.M. fue víctima de la violación de la...

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