Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de Febrero de 2006. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Serie C No. 141

Ponente:García Ramírez
Fecha de Resolución: 1 de Febrero de 2006
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:López Álvarez Vs. Honduras
Acto:Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:México

VOTO RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ

A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS

SOBRE EL CASO LÓPEZ ÁLVAREZ VS. HONDURAS,

DEL 1 DE FEBRERO DE 2006

  1. EL DEBIDO PROCESO

    1. El debido proceso constituye una garantía instrumental y secundaria que llega a ser, en rigor, material y primaria, como “clave de acceso” a la tutela nacional e internacional de los derechos y a la reclamación sobre los deberes. Su relevancia ha sido constantemente destacada. Lo ha hecho la jurisprudencia de la Corte Interamericana y lo han subrayado diversos integrantes de este Tribunal. El juez A.A.B. observa que “el debido proceso, garantía fundamental de la persona humana, es, además, una garantía de respeto a los demás derechos” (“Responsabilidad del juez y derechos humanos”, en Revista de Derecho. Tribunal Supremo de Justicia, No. 19, Caracas, Venezuela, 2005, p. 44), y la jueza C.M.Q. destaca que “el debido proceso es una piedra angular del sistema de protección de los derechos humanos; es, por excelencia, la garantía de todos los derechos humanos y un requisito sine qua non para la existencia de un Estado de derecho” (La Convención Americana: teoría y jurisprudencia. Vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso y recurso judicial, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Centro de Derechos Humanos, S.J., Costa Rica, 2003, p. 267).

    2. Los temas del debido proceso siguen figurando de manera significativa en el quehacer jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: significativa en una doble dimensión; por una parte, en lo que respecta al número de casos en que se ventilan cuestiones de debido proceso; por la otra, en lo que concierne a la materia de los litigios --e inclusive de las opiniones consultivas--, que concurre a integrar un buen sector de la jurisprudencia interamericana, con notable repercusión --creciente y evidente, en los últimos años-- en los pronunciamientos de muchos tribunales nacionales.

    3. En diversos Votos concurrentes y razonados me he ocupado en estas cuestiones. Lo he hecho, asimismo, en algunas exposiciones recientes en nombre de la Corte Interamericana o en relación con las tareas de ésta: así, el XII Encuentro de Presidentes y Magistrados de los Tribunales Constitucionales y Salas Constitucionales de América Latina “Las garantías constitucionales del debido proceso penal”, convocado por la Corte Suprema de Uruguay y la Fundación Konrad Adenauer (Punta del Este, Uruguay, 10-14 de octubre de 2005), y el “Curso Internacional de Capacitación en Reformas al Sistema de Justicia Penal en América Latina”, organizado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, Instituto de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (San José, Costa Rica, 27 de julio de 2005).

    4. En esas oportunidades, entre otras, he mencionado el peso cuantitativo de esta materia en la jurisprudencia de la CorteIDH. La estadística reunida por ésta --que ahora se recoge en el volumen La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto de siglo. 1979-2004 (S.J., Costa Rica, 2006), deja constancia de que el Tribunal ha declarado la existencia de violación al artículo 8 (“Garantías judiciales”) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 43 casos, que son la gran mayoría del conjunto sobre el que se ha pronunciado, así como la presencia de violaciones al artículo 25 (“Protección judicial”) en 40 casos. En mi concepto, unas y otras entrañan vulneración del debido proceso --en amplio y adecuado sentido: el que más conviene a la tutela judicial del ser humano--, aunque pueden y deben analizarse separadamente. Por otra parte, es necesario recordar que otros preceptos de la Convención acogen temas que pueden ser clasificados en el ámbito del debido proceso: por ejemplo, vulneración del derecho a la vida (artículo 4, en lo concerniente al medio extraordinario para impugnar la pena de muerte), del derecho a la integridad (artículo 5, en lo que atañe a la coacción ilícita sobre individuos detenidos) y del derecho a la libertad (7, en lo atingente a las reglas de la detención y al control judicial sobre ésta).

    5. Conviene mencionar que en ese mismo sentido corre la experiencia de otras jurisdicciones, nacionales e internacionales, como han puesto en relieve los estudiosos de la materia. En la Corte Europea hay abundante presencia de cuestiones vinculadas con el debido proceso, con gran acento en la vertiente penal. O.S.-Pietra observa que el artículo 6º de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH)-- precepto que establece las normas primordiales del debido proceso-- “es el que ha merecido mayor número de casos (ante el sistema europeo de protección de los derechos humanos), en comparación con todos los demás derechos reconocidos por la CEDH” (“Notas sobre el debido proceso en el marco del sistema regional europeo para la protección de los derechos humanos”, en Novak, F., y Mantilla, J., Las garantías del debido proceso. Materiales de enseñanza, Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro de Estudios Internacionales/Embajada Real de los Países Bajos, Lima, 1996, p. 145).

    6. Algunos analistas nacionales destacan la frecuencia de casos planteados ante la Corte Europea sobre puntos del enjuiciamiento, como también la de asuntos conocidos por la jurisdicción nacional a partir del artículo 6º de la Convención de 1950, relativo a la materia que ahora nos ocupa (Cfr., sólo por vía de ejemplo, D., C., “France”, en Blackburn & Polakiewicz, Fundamental Rights in Europe. The ECHR and its Member States, 1950-2000. Oxford University Press, G.B., 2001, p. 325, y en lo que respecta a Italia, con énfasis en los problemas del “plazo razonable”, Meriggiola, E., “Italy”, en idem, pp. 487-488 y 501. Acerca de España, G.E.R. observa que el artículo 6 es el precepto de la Convención más frecuentemente invocado ante la Corte Constitucional de este país. Cfr. “Spain”, en idem, p. 817. Las violaciones del plazo razonable y del derecho de defensa son constantemente invocadas, en materia procesal penal, ante la Corte Europea, así como los problemas que suscita el derecho a un tribunal independiente e imparcial. Cfr. Delmas-Marty, M., “Introducción”, en Delmas-Marty (dir.), Procesos penales de Europa (Alemania, Inglaterra y País de Gales, Bélgica, Francia, Italia), trad. P.M.A., Ed. E., Zaragoza (España), 2000, p. 33).

    7. En lo que respecta a los extremos del debido proceso --en sentido amplio, como he dicho-- abarcados por la jurisprudencia de la Corte, es necesario mencionar que ésta ya ha elaborado una útil doctrina jurisprudencial acerca de puntos tales como: tribunal independiente e imparcial, tribunal competente (temas, ambos, que pueden ser atraídos como elementos o, quizás mejor, como presupuestos del debido proceso), jurisdicción militar (capítulo relevante de los temas anteriores), presunción de inocencia, igualdad ante la ley, defensa, principio de contradicción, publicidad, detención, prisión preventiva (condiciones y características), investigación, admisibilidad y valoración de la prueba, plazo razonable (para la prisión preventiva y para el proceso), recursos, nuevo proceso (cosa juzgada y ne bis in idem), ejecución de sentencia, aspectos específicos del enjuiciamiento de menores de edad que incurren en conductas penalmente típicas, etcétera.

  2. COMUNICACIÓN DEL MOTIVO DE LA DETENCIÓN

    1. La sentencia dictada por la Corte en el C.L.A. vs. Honduras (1 de febrero de 2006) se concentra en puntos del debido proceso, aun cuando también trae a cuentas algunos temas novedosos que anteriormente no había abordado la Corte Interamericana, como ocurre con la violación de la libertad de (pensamiento y) expresión a propósito del uso de la lengua garífuna por la víctima mientras permaneció en prisión, punto que posee entidad propia y autónoma, y también reviste interés específico en la circunstancia de la aplicación de medidas privativas de libertad, como infra mencionaré.

    2. La fijación del tema del procedimiento --deliberadamente utilizo esta expresión; adelante me referiré al proceso, propiamente--, es decir, la precisión y el razonable acreditamiento de los elementos que explican y legitiman una actuación del Estado que incide profundamente en los derechos y las libertades de una persona, constituye una cuestión central en esta materia. No sólo justifica intervenciones que de otra manera serían absolutamente ilegítimas (p. ej.,injerencias en la libertad, la seguridad, la propiedad), y establece la frontera entre el derecho y sus limitaciones indispensables (bajo los términos tradicionalmente reconocidos y enérgicamente acotados que aportan, entre otros instrumentos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre –artículo XXVIII-- y la Convención Americana --artículos 27 y 29 a 32--), sino también plantea la base racional y necesaria (aunque no suficiente, por sí misma) para que el individuo (a título de indiciado o inculpado, en su hora) pueda enfrentar esas intervenciones, que se producen en diferentes etapas, bajo distintas denominaciones y con diversas consecuencias, invariablemente restrictivas del ejercicio de derechos y libertades.

    3. Es inexcusable que quien se ve afectado por la actividad persecutoria del Estado conozca oportunamente el motivo (y el significado, con sus posibles repercusiones) de ésta, para que la enfrente adecuadamente a través de actos de defensa, normalmente orientados en el sentido que derive del conocimiento de ese motivo. Utilizo esta última palabra, que no emplea la Convención Americana, para fijar el alcance que, en mi concepto, poseen las expresiones “razones de su detención” y “cargo o cargos formulados”, que utiliza el artículo 7.4 del Pacto de San José.

    4. En esencia, la norma internacional se refiere a información bastante para acreditar la legitimidad...

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