Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 31 de Agosto de 2017. Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Serie C No. 340

Ponente:Vio Grossi
Fecha de Resolución:31 de Agosto de 2017
Emisor:Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso:Lagos del Campo Vs. Perú
Acto:Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Solicitante:Perú

VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DEL JUEZ

EDUARDO VIO GROSSI,

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

CASO LAGOS DEL CAMPO VS. PERÚ,

SENTENCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2017,

(Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas)

INTRODUCCIÓN.

Se emite el presente voto parcialmente disidente respecto de la Sentencia del epígrafe, por discrepar respecto de la referencia que hace al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como fundamento de sus Resolutivos N° 5 y 6, por los que se declara que "[e]l Estado es responsable por la violación al derecho a la estabilidad en el empleo" y "al derecho a la libertad de asociación".

* Observaciones preliminares.

Ciertamente, este parecer se formula con pleno y absoluto respeto de lo resuelto en autos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que, por ende, debe ser acatado. El presente escrito no puede, por tanto, ser interpretado, en modo alguno, como restando legitimidad a la decisión adoptada en la presente causa. Y es que aquél no solo constituye el ejercicio de un derecho, sino también el cumplimiento de un deber, cual es, contribuir a la mejor comprensión de la función asignada a la Corte.

En tal perspectiva, se debe resaltar que el presente voto, como los demás emitidos por los jueces en éste y otros procesos, son demostración evidente del diálogo y de la diversidad de pareceres que existe en la Corte, así como de la deferente consideración que se brindan sus integrantes, todo lo cual, sin duda, enriquece la delicada y trascendental labor que les ha sido encomendada a aquella.

Por otra parte, es de advertir que este escrito se sustenta en la convicción de que lo que le corresponde a la Corte es aplicar e interpretar la Convención, vale decir, señalar el sentido y alcance de sus disposiciones que, por ser en alguna medida percibidas como oscuras o dudosas, presenten varias posibilidades de aplicación. En este orden de ideas, no le compete a la Corte modificar la Convención sino únicamente señalar lo que ella efectivamente dispone y no lo que desearía que establezca. Su función es, por lo tanto, desentrañar la voluntad que los Estados Partes de la Convención estamparon en ella al momento de suscribirla y, eventualmente, cómo debería ser entendida frente a nuevas situaciones. Y es en vista de determinar ese consentimiento que debe valerse de las reglas de interpretación de los tratados contenidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, en particular, de la prevista en su artículo 31, entendiendo que los cuatro elementos enunciados en él, deben aplicarse simultánea y armoniosamente.

Cabe agregar, en este mismo sentido, que la misión de la Corte es impartir Justicia a través o por medio del Derecho. A ella no le corresponde promover los derechos humanos, función, por lo demás, asignada por la Convención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consecuentemente, como órgano judicial, la Corte no cuenta con la facultad de juzgar al margen o con prescindencia de lo disponga el Derecho, expresado, a su respecto, en la Convención.

Esta divergencia se formula, entonces, abrigando la ilusión de que en el futuro se acoja, sea por la propia jurisprudencia sea por una nueva norma de Derecho Internacional. En cuanto a la primera, dado que, siendo el fallo de la Corte obligatorio únicamente para el Estado Parte del caso en el que se pronuncia, ella, en tanto fuente auxiliar del Derecho Internacional y que, por ende, le corresponde "la determinación de las reglas de derecho" establecidas por una fuente autónoma del Derecho Internacional, es decir, tratado, costumbre, principio general de derecho o acto jurídico unilateral, puede en el futuro variar al sentenciarse otro caso. Y respecto a la segunda, en razón de que a quienes les compete la función normativa internacional es a los Estados y en el caso de la Convención, a sus Estados Partes a través de enmiendas a esta última.

Procede, asimismo, dejar expresa constancia de que, con lo que se sustenta en la presente opinión, no se persigue, bajo ninguna circunstancia, un debilitamiento o restricción de la vigencia de los derechos humanos, sino, precisamente, todo lo contrario. Efectivamente, lo que aquí se señala responde a la íntima certeza de que se logra el efectivo respeto de los derechos humanos si lo que se les exige a los Estados Partes de la Convención es lo que realmente ellos libre y soberanamente se comprometieron a cumplir. La seguridad jurídica tiene, a este respecto, un rol fundamental y, por ende, no puede ser entendida como una limitación o restricción al desarrollo de los derechos humanos, sino que más bien como el instrumento que mejor puede garantizar su efectivo respeto o su pronto restablecimiento, si han sido trasgredidos.

Lo que está subyacente a lo que se expone en estas líneas es, pues, que el Derecho es el medio para alcanzar la Justicia y ésta la paz y, por ende, dado que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos forma parte del Derecho Internacional General, la interpretación y aplicación de aquél deben ser realizadas en armonía con lo prescrito en éste.

Por otra parte, es procedente indicar que este texto responde igualmente a la circunstancia de que la Corte, en tanto órgano judicial, goza de la más amplia autonomía en su quehacer, no existiendo entidad superior que pueda controlar su proceder, característica que le impone el imperativo de ser ella misma muy rigurosa en el ejercicio de su competencia, a los efectos de no desnaturalizarla y, consecuentemente, debilitar el sistema de protección interamericano de derechos humanos. En tal orden de ideas, lo que se argumenta seguidamente persigue el más amplio reconocimiento de la Corte por parte de todos los que comparecen ante ella y así fortalecerla en su condición de órgano judicial y, consecuentemente, como la entidad de alcance continental más acabada que se ha logrado en resguardo de los derechos humanos, por lo que, por tanto, es menester persistir en su consolidación y perfeccionamiento, sin someterla a riesgos que puedan afectar negativamente dicho esfuerzo.

* La disidencia.

La desavenencia parcial que se plantea en este escrito se refiere, como se ha señalado, a la violación de dos derechos, al derecho a la estabilidad en el empleo y al derecho de asociación.

* Derecho a la estabilidad en el empleo.

En lo concerniente al derecho a la estabilidad en el empleo, es indispensable señalar que la disidencia en cuestión no se refiere a la existencia de dicho derecho, ni tampoco a la de los demás derechos económicos, sociales y culturales. Ello no se pone en duda, pues es evidente que se encuentran consagrados en el Derecho Internacional aplicable a los Estados americanos y, en lo concerniente particularmente al derecho al trabajo, en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador".

De lo da cuenta este documento dice relación más bien con que en autos no se trataba de determinar la existencia del derecho a la estabilidad en el empleo, como lo hace la Sentencia, sino si su eventual violación por el Estado podía ser sometida al conocimiento y resolución de la Corte. La cuestión controvertida era, entonces, respecto a si lo relativo al derecho a la estabilidad en el empleo es susceptible de ser enjuiciado por la Corte, es decir, si ésta tiene, al amparo de lo contemplado en el artículo 26 de la Convención, competencia para pronunciarse acerca de la eventual violación de dicho derecho.

Lo que se sostiene en el presente escrito se fundamenta en que la Corte carece de dicha competencia, es decir, se afirma, a contrario de lo indicado en la Sentencia, que el derecho a la estabilidad en el empleo no es susceptible de ser judicializado internacionalmente ante aquella. Y ello por las razones que se esgrimen más adelante, agrupadas en torno a lo que dispone la Convención, lo que establece, en especial, su artículo 26 y, finalmente, otras consideraciones de la Sentencia.

* Derecho a la libertad de asociación.

En cuanto al derecho a la libertad de asociación, baste con señalar que la mención que la Sentencia al efecto hace al artículo 26 de la Convención, parece innecesaria, dado que dicho derecho, por una parte, se encuentra expresamente previsto en el artículo 16.1 de la Convención y por la otra, su sentido y alcance es ampliamente reiterado en la propia Sentencia. De ello se deduce que dicho derecho es susceptible de ser judicializado ante la Corte en mérito de esos antecedentes y no de lo previsto en el referido artículo 26, el que, por lo demás, es aludido...

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