Voto Particular de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 31 de Agosto de 2017. Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Serie C No. 340

PonenteFerrer Mac-Gregor Poisot
Fecha de Resolución31 de Agosto de 2017
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoLagos del Campo Vs. Perú
ActoExcepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
SolicitantePerú

VOTO CONCURRENTE DEL

JUEZ EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT

CASO LAGOS DEL CAMPO VS. PERú

SENTENCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2017

(EXCEPCIONES PRELIMINARES, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS)

LA JUSTICIABILIDAD DIRECTA DE LOS

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES:

UNA NUEVA ETAPA EN LA JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA

* El caso Lagos del Campos Vs. Perú abre un nuevo y rico horizonte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo anterior debido a la interpretación evolutiva que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte IDH" o "el Tribunal Interamericano") realiza del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "Convención Americana" o "Pacto de San José"). Particularmente, por el paso que se da hacia la justiciabilidad plena y directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (en adelante "los DESCA" o "los derechos sociales").

* En primer lugar, en la Sentencia se aborda la violación del derecho a la libertad de expresión desde el ámbito de las relaciones entre particulares en contextos laborales -- trabajador/empresa -- . En el fallo se comprueba que "no existió una necesidad imperante que justificara el despido del señor L. delC.", el cual se produjo debido a sus declaraciones públicas como dirigente laboral. Por ello, se restringió su libertad de expresión sin tener en consideración que dichas declaraciones se referían esencialmente a cuestiones de interés público, las cuales le correspondían dar al señor L. delC. en su calidad de representante de los trabajadores y como Presidente del Comité Electoral. En ese sentido, se consolida y amplía la extensa jurisprudencia interamericana sobre el derecho a la libertad de pensamiento y expresión consagrado en el artículo 13 del Pacto de San José .

* En segundo lugar, en esta histórica Sentencia se declara, por primera vez, la violación del artículo 26 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1, por la vulneración de la estabilidad laboral del señor L. delC.. A través de una interpretación evolutiva y apartándose de su jurisprudencia tradicional, la Corte IDH le otorga un nuevo contenido normativo al artículo 26 del Pacto de San José, leído a la luz del artículo 29 del mismo instrumento. Así, dicho artículo no es meramente una norma programática para los Estados Parte de la Convención Americana, sino que constituye una disposición que impone a este Tribunal Interamericano la obligación de remitirse a la Carta de la Organización de Estados Americanos (en adelante "la Carta de la OEA") para lograr la plena efectividad de los derechos que se deriven de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en dicha Carta. La posibilidad para considerar justiciable los DESCA, vía artículo 26 de la Convención Americana, la expresé en el primer caso que conocí como juez titular de la Corte IDH en 2013. Asimismo, lo he reiterado en casos posteriores relacionados con el derecho a la salud (2015-2016), el derecho al trabajo (2015) y el derecho a la vivienda digna (2016); materias sobre las que he tenido oportunidad de pronunciarme hasta el momento.

* De esta manera, el Tribunal Interamericano consideró el derecho a la estabilidad laboral como un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención Americana; y por ende, declara responsable internacionalmente al Estado peruano por no adoptar las medidas adecuadas para proteger la vulneración del derecho al trabajo imputable a terceros. Ahora bien, para analizar el contenido y alcance del artículo 26 del Pacto de San José, se tuvo en consideración las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 29, incisos b, c y d del mismo tratado; y en ese sentido se derivaron derechos laborales específicos contenidos en los artículos 34 inciso g, 45, incisos b y c, y 46 de la Carta de la OEA. Así también, se consideró la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el reconocimiento explícito de los derechos controvertidos en la Constitución y leyes en el Perú (advirtiendo la tendencia regional), y el vasto corpus iuris internacional sobre la materia, que se ha visto reflejado, por ejemplo, en los 17 Objetivos de Naciones Unidas para el año 2030.

* En tercer lugar, la Corte IDH aplica la protección del artículo 16 en relación con el artículo 26 del Pacto de San José, por la vulneración del derecho de asociación en contextos laborales. Lo anterior es de vital importancia, teniendo en consideración que también constituye la primera ocasión en que el Tribunal Interamericano aborda la protección de la libertad de asociación en materia estrictamente laboral; y no, como en casos anteriores, solo "sindical". Precisamente, esta nueva vertiente en la jurisprudencia interamericana es la que estimo pertinente desarrollar en el presente voto.

* En el presente caso, la Corte IDH aborda los derechos violados integralmente y de forma conglobada, declarando la violación directa del artículo 26 de la Convención Americana. Ello, en contraste con la jurisprudencia histórica que lo hacía mediante la conexidad con los derechos civiles y políticos. Por tal razón, concurro esencialmente con todas las violaciones declaradas en la Sentencia. Sin embargo, debido a la importancia de la decisión en materia de justiciabilidad plena de los DESCA, considero oportuno establecer algunos alcances en relación con el derecho de asociación en materia laboral para la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores mediante los artículos 26 y 16 de la Convención Americana. Lo anterior, con la finalidad de destacar cómo diversos instrumentos internacionales pueden actuar de manera sinérgica para delimitar los alcances de la protección de derechos sociales interamericanos mediante el Pacto de San José.

* Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación desarrollaré: I. La justiciabilidad del derecho al trabajo mediante el artículo 26 de la Convención Americana y la aplicación del principio iura novit curia; II. El derecho de asociación en la jurisprudencia de la Corte IDH.; III. derecho de asociación laboral para la protección y promoción de los intereses de los trabajadores como parte del derecho al trabajo, y IV. Conclusiones.

  1. LA JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO AL TRABAJO MEDIANTE EL ARTÍCULO 26 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA

    * Como se mencionó, en el presente caso la Corte IDH declara por primera vez violado el artículo 26 de la Convención Americana, en relación con el derecho a la estabilidad laboral y con el derecho a la asociación laboral. En ambos casos invocando el principio iura novit curia. En este sentido, la Corte IDH sienta un precedente importante para la justiciabilidad de los derechos sociales en el Sistema Interamericano, al abrir la posibilidad de que derechos que no fueron expresamente contemplados en el artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador -- como el derecho al trabajo y sus vertientes -- , puedan ser protegidos directamente mediante la Convención Americana.

    * En la Sentencia, la Corte IDH afianza los principios de interdependencia e indivisibilidad entre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con respecto a los derechos civiles y políticos. Ello es así, a partir de su comprensión de los derechos humanos entendidos integralmente y de forma conglobada, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello. En otras palabras, la Sentencia reconoce que existe una dependencia recíproca entre todos los derechos humanos, lo cual ha sido incorporado en el marco internacional de los derechos humanos, sin jerarquizar ni subsumir en algunos derechos el contenido de otros.

    * Así, para derivar la estabilidad laboral como parte del derecho al trabajo mediante el artículo 26 de la Convención Americana, la Corte IDH considera cuatro aspectos de especial relevancia. El primer aspecto, referido a los derechos que se pueden proteger por el artículo 26 de la Convención Americana, son aquellos que se derivan o se identifican de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura que se encuentran contenidas en la Carta de la OEA. En particular, para los efectos del caso L. delC., la Corte IDH estima que el artículo 34 inciso g), artículo 45, incisos b) y c), y el artículo 46 de la Carta de la OEA, contemplan diversos aspectos del derecho al trabajo. Así, el artículo 26 contiene derechos sociales y no es una mera norma programática como algunos opinan. Sobre el particular, me permito reproducir lo que expresé en mi Voto Concurrente a la Sentencia del Caso Yarce y Otras Vs. Colombia:

    19. Una argumentación recurrente para pretender negar competencia a la Corte IDH en relación a los "derechos" que consagra el artículo 26 parte del entendimiento de que esa norma no establece propiamente "derechos", sino solo el compromiso de "desarrollo progresivo"; es decir, un objetivo programático. Considero que esta perspectiva que se argumenta resulta limitada a la luz de la protección que debe brindar el Sistema Interamericano por lo que no comparto esta visión por diversos motivos.

    20. En primer lugar, de acuerdo al texto del artículo 26, el compromiso de desarrollo progresivo se refiere a "derechos", por el señalamiento literal de la norma; es decir, no podría predicarse tal obligación sino respecto de "derechos", por lo que es imperioso colegir que la norma refiere a "derechos" y no a meros objetivos.

    21. Este entendimiento es acorde a lo previsto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que manda a interpretar un tratado "de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin". En ese sentido, es evidente que un entendimiento de buena fe de la palabra "derechos" incluida en el citado artículo 26, que sea "conforme al sentido corriente" del...

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