Labor de la comisión de Derecho Internacional en su 52 período de sesiones

Autor:Aurelio Pérez Giralda
Páginas:253-264

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I Responsabilidad de los Estados

En su 52 período de sesiones, la Comisión de Derecho Internacional, cuyo mandato finaliza en el año 2001, centró su atención de modo preferente en el estudio del proyecto sobre responsabilidad de los Estados. En menor medida debatió el resto de los proyectos de artículos, que sólo consideró parcialmente. La misma prioridad tuvo el tema de la responsabilidad en los debates en la VI Comisión de la Asamblea General.

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  1. El tercer informe del Relator Especial James Crawford (Doc. A/CN.4/507) aborda la revisión de las partes segunda y tercera del proyecto aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en primera lectura, advirtiendo en su introducción que quedan por tratar algunas cuestiones de la primera parte que la propia Comisión ha ido aplazando por estar relacionadas con artículos de la segunda y de la tercera. Son las siguientes: la cuestión de las obligaciones «erga omnes» y su relación con el artículo 19; la formulación y ubicación de la norma sobre agotamiento de los recursos internos; las contramedidas y la «exceptio inadimpleti contractus». Tras abordar la sistemática de la segunda parte del proyecto de 1996, el Relator Especial propone una nueva estructura en la que aquella se desglosaría en una primera sección dedicada a las consecuencias jurídicas del hecho internacionalmente ilícito del Estado (principios generales; formas de reparación; pluralidad de Estados) y una segunda consagrada a la puesta en práctica de la responsabilidad (formas de hacer valer la responsabilidad; contramedidas; responsabilidad respecto de la comunidad internacional en su conjunto). Una última parte sobre «disposiciones generales» abarcaría, entre otras, las normas sobre solución de controversias. El Prof. Crawford aborda el capítulo I de la segunda parte agrupando como «principios generales» el contenido de la responsabilidad internacional, la cesación, la reparación y otras consecuencias de un hecho internacionalmente ilícito, así como el derecho de un Estado a exigir responsabilidad de otro Estado. Con excepción de esta última cuestión («Estado lesionado»), la materia es reorganizada sin cambios sustanciales, aunque cabe señalar la supresión del párrafo cuarto del antiguo artículo 42, referente a la reparación que tenga como efecto «privar a la población de un Estado de sus propios medios de subsistencia». El Relator Especial considera también necesario suprimir el artículo 38 (otras consecuencias del ilícito internacional derivadas del Derecho consuetudinario) debido a su carácter no específico, que estima incompatible con un texto que trata de regular de manera completa las consecuencias del acto ilícito.

    En cuanto al artículo 40 (Estado lesionado), el Relator Especial propone una radical revisión de la formulación acordada en primera lectura. Tras analizar los antecedentes y las observaciones de los Gobiernos, menciona la insistencia de Francia en considerar el daño real como componente principal de la definición de «Estado lesionado». De esta y otras consideraciones deriva la necesidad de distinguir entre Estado concretamente lesionado y aquellos que tienen meramente un interés jurídico. Tras analizar algunas cuestiones preliminares (interés legítimo e interés subjetivo; grados de violaciones de las obligaciones de Derechos Humanos; obligaciones «erga omnes»), el Relator Especial identifica una serie de deficiencias del actual proyecto de artículo 40 (asimilación de todas las relaciones de responsabilidad con las relaciones bilaterales clásicas, equiparación en cuanto a derechos de todas las categorías de Estados lesionados, consideración desigual de las obligaciones multilaterales) y propone una versión simplificada que reduce a una única cláusula todas las situaciones que en el proyecto se refieren a una relación bilateral (un Estado resulta lesionado por el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado cuando la obligación violada se haya contraído con él [a título individual]). En cuanto a las obligaciones multilaterales, distingue tres categorías: obligaciones con la Comunidad internacional en general (erga omnes); obligaciones contraídas con todas las Partes en un determinado régimen (erga omnes partes); y obligaciones en las que son Partes algunos Estados pero respecto de los cuales se reconoce que tienen un interés legítimo otros Estados o grupos de Estados. El Relator Especial concluye que la nueva redacción del artículo permitirá distinguir entre la víctima primaria de la violación de una obligación multilateral y aquellos Estados que puedan tener un interés legítimo, teniendo derecho el primero a exigir la cesación y una reparación, así como a adoptar contramedidas en caso de no obtenerla y percibir una indemnización; en el caso de los segundos, el derecho se limitaría a pedir la cesación del ilícito internacional. En analogía con el artículo 60.2 de la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados y con la legítima defensa colectiva, defiende la necesidad de contar con cierto régimen de «contramedidas colectivas».

    En relación con el cap. II de la 2.a parte, el Relator Especial reorganiza los artículos del proyecto de 1996 sobre las formas de reparación de acuerdo con el que considera su orden lógico de prioridad: restitución en especie, indemnización y satisfacción. En cuanto a las excepciones a la restitución, Crawford propone la supresión de los párrafos b) y d) del antiguo artículo 43 («violación de una norma imperativa», que considera cubierto por el nuevo artículo 29 bis y

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    amenaza desproporcionada a la independencia política o estabilidad económica del Estado

    , que fueron objeto de objeciones por parte de algunos Gobiernos). El antiguo artículo 44 (indemnización) se mantiene en sus términos generales y flexibles aunque se considera conveniente dedicar un artículo separado a la cuestión de los intereses, suprimiendo la mención al lucro cesante. En el artículo relativo a la satisfacción se suprime la mención a los daños morales y a la «dignidad» del Estado, sustituyéndolas por expresiones objetivas. El artículo específico sobre los intereses propone un cambio sustancial en el sentido de que su pago (sin entrar en distinciones entre interés simple o compuesto) se convierte en un principio general y no en una mera posibilidad como en la redacción anterior.

    El Relator Especial propone la adición de una 2.a parte bis («modo de hacer efectiva la responsabilidad»), cuyo capítulo I se ocupa en general de la invocación de la responsabilidad. Este capítulo, que reúne materias anteriormente dispersas en el proyecto, incluye en primer lugar, la nueva formulación del significado de «Estado lesionado» (antiguo artículo 40). Se regulan a continuación la invocación expresa de la responsabilidad, dejando amplio margen de flexibilidad a la forma de notificación, excepto en relación con la cesación de la conducta y la forma de reparación exigida. Como cuestiones de admisibilidad de la reclamación se regulan la nacionalidad de la reclamación y el agotamiento de los recursos internos. En analogía con las normas de la Convención de Viena correspondientes, la pérdida del derecho a exigir responsabilidad se contrae a la renuncia (en sentido amplio, que incluye la aceptación de una oferta de reparación) y a la expiración de un plazo razonable de tiempo. Finalmente se regulan las cuestiones suscitadas por la existencia de una pluralidad de Estados lesionados o por una pluralidad de Estados responsables por el mismo acto ilícito internacional.

    En relación con las contramedidas, (capítulo II de la Parte 2 bis), el Relator Especial propone nuevamente una reorganización de la materia más sistemática que la anteriormente contenida en los artículo 47 a 50, en la que se trata del objeto y contenido de las contramedidas, las obligaciones internacionales que no son susceptibles de ellas (art. 47 y 47 bis), las condiciones para recurrir a las contramedidas (art. 48), el principio de proporcionalidad (art 49), las contramedidas prohibidas (art. 50) y la suspensión y terminación de las contramedidas. Destacan como modificaciones sustanciales las siguientes: en primer lugar, se da una formulación positiva a la definición de contramedidas, tratándolas como un derecho del Estado lesionado; por otro lado, se atenúa la vinculación entre contramedidas y solución de controversias anteriormente plasmada en el párrafo 2 del artículo 48, que se sustituye por una remisión a la obligación de todo Estado que adopte contramedidas de cumplir los procedimientos de arreglo de controversias que estén en vigor entre las partes.

    En la cuarta parte de su tercer Informe, el Relator Especial aborda el artículo 19 y la tercera parte del proyecto, dedicada a disposiciones generales, que sustituyen a las normas sobre solución de controversias del proyecto de 1996. En relación con el primer punto, Crawford empieza por señalar que no hay consenso sobre el texto del artículo 19 tal como fue adoptado en primer lectura, ni tampoco sobre su supresión pura y simple. En cambio, los Gobiernos se han mostrado mayoritariamente partidarios de determinar unas consecuencias de especial gravedad para los ilícitos que impliquen la violación sistemática de obligaciones fundamentales del Estado para con la Comunidad internacional. Ello supone, por un lado, la inclusión del concepto de daños punitivos, es decir, indemnización proporcionada a la gravedad del ilícito, que sustituirían a las consecuencias actualmente contenidas en el artículo 43. Por otro, el mantenimiento de las contramedidas colectivas frente al Estado responsable limitadas ahora por la distinción entre el Estado primariamente perjudicado y los que tengan meramente un...

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