Jurisprudencia Española

AutorPaz Andrés Sáez de Santamaría
CargoCatedrática de Derecho Internacional Público de Oviedo
Páginas590-693

    Autores: Javier A. González Vega, Davide De Pietri, Juan Soroeta Liceras, Paz Andrés Sáenz de Santa María, Enrique Rodríguez Martín, Carolina García Rato, Bernardo Fernández Pére

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I Relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno

1999-1

RELACIONES DE SISTEMAS.-Recepción72 de los tratados internacionales.-Alcance de la publicación oficial: artículos 9.3 y 96.1 CE.-Retirada de reserva no publicada: Reserva italiana al Protocolo número 2 al Convenio europeo de extradición.

  1. (...) Todas las quejas de rango constitucional que se dirigen por el recurrente directamente contra las resoluciones de la Audiencia Nacional tienen por objeto el mismo sustrato procesal, que puede resumirse del modo siguiente: el presupuesto radica en que el proceso que se siguió contra él en Italia fue llevado a cabo en su ausencia, a pesar de lo cual (y aquí aparece el núcleo del problema) el órgano judicial español accede a la extradición sobre la base de un Tratado, afectado por una disposición no publicada oficialmente, Tratado sin cuya aplicación al caso no sería posible acordar la entrega a las autoridades del Estado reclamante.

    Efectivamente, las dos resoluciones judiciales impugnadas en esta sede reconocen que el señor Borgobello no estuvo presente en ninguna de las instancias que se sucedieron a lo largo del proceso desarrollado en Italia. Sin embargo, consideran aplicable al caso el Segundo Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Extradición, hecho en Estrasburgo el 17 de marzo de 1978 (BOE de 11 de junio de 1985), y en particular su título III, integrado únicamente por el artículo 3, cuyo texto es el siguiente:

    «1. Cuando una Parte Contratante pida a otra Parte Contratante la extradición de una persona con el fin de ejecutar una pena o una medida de seguridad impuesta en virtud de una resolución dictada contra ella en rebeldía, la Parte requerida podrá denegar dicha extradición si, en su opinión, el proceso que dio lugar a la sentencia no respetó los derechos mínimos de defensa reconocidos a cualquier persona acusada de un delito. No obstante, se concederá la extradición si la Parte requiriente diese la seguridad que se estimare suficiente para garantizar a la persona cuya extradición se solicita el derecho a un nuevo proceso que salvaguarde los derechos de la defensa. Esta decisión autorizará a la Parte requirente bien a ejecutar la sentencia de que se trate, si el condenado no se opusiera a ello, bien en caso contrario a proceder contra la persona objeto de extradición.

    2. Cuando la Parte requerida comunicare a la persona cuya extradición se solicite la resolución dictada contra ella en rebeldía, la Parte requiriente no considerará esta comunica- Page 591 ción como una notificación que produzca efectos con respecto al procedimiento penal en dicho Estado».

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tanto su Sección Segunda como en Pleno, reconocen que el título III que se acaba de transcribir fue objeto de una reserva de Italia, efectuada en el acto de la firma de este Protocolo. No obstante, ponen de relieve que dicho Estado retiró la referida reserva a través del mecanismo previsto en el artículo 9.3 del mismo Protocolo mediante la comunicación al Secretario General del Consejo de Europa, retirada que produjo sus efectos el día de su recepción por el Secretario General, el 23 de agosto de 1990. Según las resoluciones judiciales impugnadas, aunque no consta la publicación de la referida retirada de reserva, ésta ha llegado a su conocimiento por otros medios, concretamente mediante comunicación directa de las autoridades italianas a la Sala en diversas ocasiones. En consecuencia el precepto es aplicable al caso. Ahora bien, el proceso celebrado en la República Italiana contra el recurrente ha concluido por sentencia firme y dicho Estado no ha dado garantías de que esté dispuesto a celebrar un nuevo proceso sino que considera que durante el ya celebrado fueron respetados los derechos mínimos de defensa. Los órganos judiciales españoles, tras concretar cuáles son esos derechos mínimos de defensa, llegan a la conclusión de que sí fueron respetados en este caso por los Tribunales italianos y, por lo tanto, consideran procedente la entrega del señor Borgobello.

  2. Una vez concretado lo que va a constituir el primer objeto de nuestra atención, se hace necesario seleccionar aquella perspectiva constitucional de análisis que estimamos preferente, dado que las quejas formuladas por el recurrente son plurales, pero coincidentes todas ellas sobre el mismo objeto ya referido.

    A estos efectos resulta preciso recordar que en el vigente Derecho español la extradición pasiva o entrega de un ciudadano extranjero a otro Estado constituye un procedimiento mixto, administrativo-judicial en el que se decide acerca de la procedencia o no de la entrega solicitada por dicho Estado en su demanda de extradición. En el proceso en vía judicial de la extradición no se decide acerca de la hipotética culpabilidad o inocencia del sujeto reclamado ni se realiza un pronunciamiento condenatorio, sino simplemente se verifica el cumplimiento de los requisitos y garantías previstos en las normas para acordar la entrega del sujeto afectado (SSTC 102/1997, 222/1997 y 5/1998; AATC 307/1986, 263/1989 y 277/1997 ). Se trata, pues, de un proceso sobre otro proceso penal previamente iniciado e incluso concluido sólo que a falta de la ejecución en otro Estado. Si los órganos españoles competentes estiman procedente la demanda de extradición, ello acarrea como consecuencia directa e inmediata la salida del sujeto del territorio español y su correlativa entrega a las autoridades del Estado requirente, y como consecuencia indirecta, el posible enjuiciamiento y, en su caso, cumplimiento de una sanción jurídica de naturaleza penal en el ámbito del Estado requirente.

    Sentado lo anterior y puesto de conexión con las circunstancias particulares del presente supuesto, resulta evidente que ninguna tacha puede ponerse al proceder de la Audiencia Nacional desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que las resoluciones impugnadas son perfectamente razonadas, no están incursas en error patente y se hallan suficientemente motivadas. Tampoco puede prosperar la alegada vulneración del principio a la legalidad penal, puesto que como señala el Ministerio Fiscal, este principio se refiere a las normas penales o sancionadoras administrativas sustantivas no a las procesales. Debemos, pues, centrar nuestro enjuiciamiento en la pretendida vulneración del derecho constitucional a un proceso con todas las garantías, contemplado en el artículo 24.2 CE.

    (...) Todas las quejas de rango constitucional que se dirigen por el recurrente directamente contra las resoluciones de la Audiencia Nacional tienen por objeto el mismo sustrato procesal.

  3. Según criterio del recurrente, la mencionada garantía no ha sido respetada en su caso porque la extradición se ha apoyado en una retirada de reserva a un precepto de un Tratado que no ha sido publicada en un diario oficial y que por lo tanto no constituye derecho vigente. En esta falta de publicación coinciden las resoluciones judiciales impugnadas, sólo que restan toda relevancia a este aspecto.

    Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico español no ofrece dudas que la publicidad de las normas y la publicación de las escritas es una exigencia constitucional. El artículo 9.3Page 592 dispone que la Constitución garantiza la publicidad de las normas. Según el artículo 91 el Rey, tras la sanción y promulgación de las Leyes, ordenará su inmediata publicación. Y el artículo 96.1 establece que los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. En el ámbito de la legalidad ordinaria, el artículo 1.5 del CC determina que las normas jurídicas contenidas en los Tratados Internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el BOE. Y en el artículo 2.1 del mismo Código se prevé que las Leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el mismo boletín, si en ellas no se dispone otra cosa.

    Aunque el principio de publicidad de las normas no tiene la naturaleza de derecho fundamental (ATC 647/1986), no cabe duda de que viene exigido constitucionalmente en el artículo 9.3 CE. Con carácter general, esta garantía es consecuencia ineluctable de la proclamación de España como un Estado de Derecho y se encuentra en íntima relación con el principio de seguridad jurídica consagrado en el mismo artículo 9.3 (SSTC 179/1989 y 151/1994). Desde la perspectiva de los ciudadanos adquiere una relevancia esencial, ya que éstos sólo podrán asegurar sus posiciones jurídicas, así como su efectiva sujeción y la de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las normas tienen una efectiva oportunidad de conocerlas en cuanto tales normas, mediante un instrumento de difusión general que dé fe de su existencia y contenido, por lo que resultarán evidentemente contrarias al principio de publicidad aquellas normas que fueran de imposible o muy difícil conocimiento (STC 179/1989).

  4. El siguiente paso argumentativo consiste en dilucidar si la retirada de la reserva a un Tratado debe ser o no publicada oficialmente para que produzca plenos efectos en nuestro ordenamiento, publicación que -como se ha indicado- no consideran exigible los autos impugnados. En consecuencia debe quedar al margen de nuestro examen tanto la constitucionalidad del Tratado, que en ningún momento ha sido cuestionada, como los efectos de la...

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