Judgment Nº E/C.12/69/D/54/2018 from United Nations of Human Rights, Office of the High Commissioner, 19-02-2021

CourtOffice of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Writing for the CourtEl Ayoubi and El Azouan Azouz
Judgment Date19 February 2021
Case OutcomeAdoption of views
Subject Matterhousing rights,admissibility - exhaustion of domestic remedies
Submitted Date17 September 2018

Naciones Unidas

E/C.12/69/D/54/2018

Consejo Económico y Social

Distr. general

23 de marzo de 2021

Original: español

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Dictamen adoptado por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respecto de la comunicación núm. 54/2018 *

Comunicación presentada por:

Fátima El Ayoubi y Mohamed El Azouan Azouz

Presuntas víctimas:

Los autores y su hijo menor

Estado parte:

España

Fecha de la comunicación:

17 de septiembre de 2018

Fecha de aprobación de l dictamen :

19 de febrero de 2021

Asunto:

Desalojo por ocupación sin título legal

Cuestiones de procedimiento:

Falta de agotamiento de los recursos internos

Cuestiones de fondo:

Derecho a una vivienda adecuada

Artículo del Pacto:

11, párrafo 1

Artículo del Protocolo Facultativo:

3, párrafo 1

1.1Los autores de la comunicación son Fátima El Ayoubi, ciudadana marroquí nacida el 1 de enero de 1983, y Mohamed El Azouan Azouz, ciudadano español y marroquí, nacido el 2 de mayo de 1972. Actúan en nombre propio y en nombre de su hijo menor, Haron El Azouan El Ayoubi, nacido el 30 de noviembre de 2013. Los autores sostienen que son víctimas de una violación de los derechos que les asisten en virtud del artículo 11, párrafo 1, del Pacto, al ser sujetos de una orden de desalojo de la vivienda que ocupan desde 2016, sin alternativa habitacional. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 5 de mayo de 2013. Los autores no están representados.

1.2El 19 de septiembre de 2018, actuando por medio de su Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones, el Comité registró la comunicación y, tomando nota de la inminencia del lanzamiento y de las alegaciones de ausencia de alternativa habitacional y riesgo de daño irreparable, solicitó al Estado parte suspender el desalojo de los autores durante el examen de la comunicación o, alternativamente, otorgarles una vivienda adecuada en consulta genuina, con el objeto de evitar daños irreparables respecto de ellos o su hijo.

1.3En el presente dictamen, el Comité resume la información y los alegatos presentados por las partes, antes de examinar las cuestiones de admisibilidad planteadas y finalmente establecer sus conclusiones.

A.Resumen de la información y alegatos de las partes Antecedentes de hecho Los hechos previos al registro de la comunicación

2.1Entre 2003 y 2007, el Sr. El Azouan Azouz. vivía en una vivienda de protección social que le había sido otorgada conforme al Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, a inicios de 2007, debido a la crisis económica, perdió su empleo y no le fue posible seguir pagando el alquiler, motivo por el cual fue desalojado de esa vivienda en 2008. El Sr. El Azouan Azouz. se vio obligado a volver al domicilio de sus padres, quienes, a su vez, habían recibido una vivienda social del Instituto de Vivienda de Madrid en 2007. En 2012, el Sr. El Azouan Azouz conoció a la Sra. El Ayoubi, con quien vivió en el domicilio de sus padres hasta 2013, cuando estos fueron desahuciados debido a que la vivienda en la que vivían fue vendida por la Comunidad de Madrid a un fondo de inversiones.

2.2El 30 de noviembre de 2013, nació el hijo de los autores, Haron El Azouan El Ayoubi, quien ha tenido serios problemas de salud desde su nacimiento, debido a un “retraso madurativo”.

2.3Dado que los autores no tenían la posibilidad de arrendar una vivienda porque sus ingresos eran insuficientes, ya que el Sr. El Azouan Azouz se encontraba desempleado y la Sra. El Ayoubi estaba imposibilitada de trabajar debido a que debía dedicarse totalmente al cuidado de su hijo con problemas de salud, en diciembre de 2016, decidieron ocupar un apartamento en mal estado ubicado en la localidad de El Álamo (Comunidad de Madrid). Los autores indican que dicho apartamento, propiedad de una entidad financiera, había estado vacío por más de siete años. Los autores con ayuda de amigos y familiares acondicionaron el apartamento con el fin de hacerlo habitable.

2.4El 14 de febrero de 2017, los autores solicitaron una vivienda “de cupo de especial necesidad” ante la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid; sin embargo, afirman no haber recibido ninguna contestación.

2.5Los autores indican que el 24 de mayo de 2016 y 12 de enero de 2017, solicitaron una Renta Mínima de Inserción debido a su situación económica y laboral de precariedad. En fecha desconocida, la Sra. El Ayoubi fue reconocida como cuidadora principal de su hijo y se le asignó una ayuda económica de 268,79 euros mensuales. Asimismo, después de un largo período de desempleo, el Sr. El Azouan Azouz consiguió un empleo como albañil, el 7 de marzo de 2018, con un salario de 940 euros mensuales. Los autores informan que se trata de un empleo temporal y poco estable, puesto que depende del momento en que la obra de construcción sea finalizada. Igualmente, el 28 de septiembre de 2017, los autores solicitaron el reconocimiento de dependencia severa de su hijo por sus problemas de salud, la cual fue reconocida por las autoridades competentes. En consecuencia, el 1 de julio de 2018, a Haron El Azouan El Ayoubi le fue adjudicada una plaza en un centro de atención temprana y rehabilitación.

2.6El 21 de junio de 2016, la entidad financiera propietaria de la vivienda inició un procedimiento judicial civil de demanda de desahucio por precario con el fin de recuperar el apartamento en el que habitan los autores. El 1 de marzo de 2017, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Navalcarnero dictó sentencia ordenando a la Sra. El Ayoubi “e ignorados ocupantes de la calle (dirección del domicilio de los autores)” desalojar la vivienda en cuestión. El Juzgado consideró que la Sra. El Ayoubi estaba ocupando ilegalmente el apartamento, al no tener ningún título. También consideró que las razones expuestas por esta relativas a su estado de necesidad debido a su situación económica precaria y la salud de su hijo, no constituían una razón válida para ocupar el inmueble. La sentencia fue apelada por los autores el 15 de marzo de 2017 ante la Audiencia Provincial Civil de Madrid, la cual confirmó en su integridad la sentencia de primera instancia el 4 de octubre de 2017, reiterando los argumentos esgrimidos por el Juzgado.

2.7El 7 de junio de 2017, la entidad financiera solicitó la ejecución provisional de la sentencia, solicitando el inmediato desalojo de los autores. Los autores se opusieron a dicha ejecución, alegando la situación de precariedad de la familia. El 14 de diciembre de 2017, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Navalcarnero acogió las pretensiones de la entidad financiera y fijó como fecha de desalojo el 2 de marzo de 2018.

2.8El 2 de marzo de 2018, acudieron al domicilio de los autores las autoridades competentes con el fin de ejecutar el lanzamiento. Los autores afirman que no estaban al corriente de que dicha diligencia iba a llevarse a cabo. El desalojo previsto para el 2 de marzo de 2018 no fue llevado a cabo y se les concedió a los autores un plazo de diez días para abandonar la vivienda, debido a la presencia de su hijo y a la inclemencia del tiempo.

2.9El 6 de marzo de 2018, los autores presentaron un escrito ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Navalcarnero solicitando que se suspendiera el desalojo. Los autores indicaron que no disponían de ingresos suficientes para acceder a una vivienda, que su hijo tenía una discapacidad del 33 % y varias enfermedades y que, por ello, al verse sin un lugar donde vivir, decidieron ocupar una vivienda que había estado desocupada por varios años. Igualmente, los autores indicaron que estaban siendo objeto de seguimiento por parte de los Servicios Sociales, quienes podrían dar fe de su buena disposición para encontrar empleo. Los autores también hicieron referencia a las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado parte respecto a la garantía del derecho a la vivienda, las cuales no habían sido cumplidas debido a políticas públicas que han dado prevalencia a intereses económicos sobre dicho derecho, tales como la venta de viviendas sociales a entidades bancarias y la “obstrucción” a la legislación de protección del derecho a la vivienda, aludiendo a suspensiones por el Tribunal Constitucional de iniciativas autonómicas que intentan desarrollar leyes de vivienda. La entidad financiera propietaria de la vivienda se opuso a la suspensión, indicando que las peticiones formuladas por los autores deberían ser desestimadas por ser cuestiones políticas ajenas a la ejecución de una sentencia por usurpación de vivienda.

2.10El 4 de junio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Navalcarnero rechazó la solicitud de suspensión de desalojo al considerar que los argumentos expuestos por los autores no se podían alegar en “este tipo de procedimiento” y señaló como nueva fecha de lanzamiento el 21 de septiembre de 2018.

2.11El 31 de julio de 2018, los autores solicitaron una vez más al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Navalcarnero que se suspendiera el lanzamiento, debido a la situación de precariedad de la familia determinada por sus bajos recursos económicos, la imposibilidad de conseguir una vivienda en el mercado debido a los precios altos y los problemas de salud de su hijo. Los autores igualmente hicieron referencia a la falta de respuesta a sus solicitudes de vivienda social por parte de las autoridades competentes.

2.12El 7 de septiembre de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Navalcarnero acusó recibo de la solicitud de los autores y ordenó que se uniese al expediente. Sin embargo, indicó que la diligencia de lanzamiento planeada para el 21 de septiembre de...

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