Judgment Nº E/C.12/69/D/48/2018 from United Nations of Human Rights, Office of the High Commissioner, 22-02-2021

CourtOffice of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Writing for the CourtSoraya Moreno Romero
Judgment Date22 February 2021
Case OutcomeAdoption of views
Submitted Date16 August 2018

Naciones Unidas

E/C.12/69/D/48/2018

Consejo Económico y Social

Distr. general

12 de abril de 2021

Original: español

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Dictamen adoptado por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respecto de la comunicación núm. 48/2018 *

Comunicación p resentada por:

Soraya Moreno Romero

Presunta s víctima s :

La autora y sus hijos

Estado parte:

España

Fecha de la comunicación:

16 de agosto de 2018 (comunicación inicial)

Fecha de a probación del d ictamen :

22 de febrero de 2021

Asunto:

Desalojo de la autora de su vivienda

Cuesti ón de procedimiento:

Agotamiento de recursos

Cuesti ón de fondo:

Derecho a una vivienda adecuada

Artículo del Pacto:

11, párr. 1

Artículo del Protocolo Facultativo:

3, párr. 1

1.1La autora de la comunicación es Soraya Moreno Romero, ciudadana española nacida el 8 de marzo de 1987. La autora actúa en nombre propio y en el de sus tres hijos menores, nacidos en 2008, 2014 y 2018. La autora sostiene que ella y sus hijos son víctimas de una violación de los derechos que les asisten en virtud del artículo 11, párrafo 1, del Pacto por el Estado parte. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 5 de mayo de 2013. La autora no está representada.

1.2En el presente dictamen, el Comité resume en primer lugar la información y los alegatos presentados por las partes, sin reflejar las posturas del Comité; seguidamente examina las cuestiones de admisibilidad y fondo planteadas en la comunicación; y finalmente establece sus conclusiones.

A.Resumen de la información y alegatos de las partes Los hechos expuestos por la autora Los hechos previos al registro de la comunicación

2.1Hasta mayo de 2015, la autora vivía en casa de unos familiares con sus hijos menores. Debido a la situación de hacinamiento y la falta de recursos económicos, en mayo de 2015, la autora decidió ocupar una casa propiedad de una entidad financiera. Mientras la autora se encontraba negociando con la entidad para establecer un contrato de alquiler social, la vivienda fue vendida a una compañía de inversiones.

2.2El 25 de marzo de 2016, la autora solicitó vivienda social ante la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta solicitud fue posteriormente archivada por no haberse recibido toda la documentación solicitada. La autora recurrió esta decisión en recurso de alzada.

2.3El 21 de noviembre de 2017, la compañía de inversiones propietaria de la vivienda ocupada por la autora presentó denuncia contra la autora por un delito leve de ocupación de inmueble.

2.4El 30 de enero de 2018, el Juzgado de Instrucción núm. 30 de Madrid encontró a la autora culpable del delito leve de ocupación de inmueble, condenándola a una multa de tres meses a razón de 2 euros diarios, así como a abandonar la vivienda. En esta sentencia, el Juzgado encontró que no cabía apreciarse la eximente, parcial o total, por estado de necesidad debido a que la autora no había justificado haber agotado todas las otras vías de obtener vivienda antes de haber recurrido a la conducta antijurídica de la ocupación sin título. En particular, el Juzgado tomó nota de que la autora no había probado haber acudido a los Servicios Sociales con anterioridad a la ocupación.

2.5El 19 de abril de 2018, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia.

2.6El 23 de abril de 2018, se acordó la ejecución de la sentencia, ordenando el desalojo de la autora, si esta aún no había abandonado la vivienda. El 11 de mayo de 2018, la autora solicitó el aplazamiento del desalojo por un mes, con el objetivo de encontrar una vivienda alternativa. La parte ejecutante no se opuso a esta solicitud y, en consecuencia, el 29 de mayo de 2018 se aplazó el desalojo.

2.7El 30 de mayo de 2018, la autora solicitó a la Comunidad de Madrid vivienda en alquiler social por el régimen excepcional de emergencia social.

2.8El 30 de julio de 2018, la autora fue notificada por la policía municipal de la orden de desalojo que tendría lugar el 20 de agosto de 2018 a las 10.00 horas, a no ser que la autora desalojara la vivienda de forma voluntaria con anterioridad.

2.9El 2 de agosto de 2018, la autora solicitó al Juzgado de Instrucción núm. 30 de Madrid la suspensión de su desalojo, debido a su situación de vulnerabilidad, para permitirle una negociación con la compañía propietaria de la vivienda.

Los hechos posteriores al registro de la comunicación

2.10El 17 de agosto de 2018, el Comité registró la comunicación y solicitó al Estado parte que adoptara medidas provisionales para evitar posibles daños irreparables a la autora y sus tres hijos menores de edad mientras el caso estaba siendo examinado por el Comité, incluyendo mediante la suspensión del desalojo o bien el otorgamiento de una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades, en el marco de una consulta genuina y efectiva con la autora.

2.11El 20 de agosto de 2018, la autora presentó el escrito de registro y solicitud de medidas cautelares del Comité al Juzgado de Instrucción núm. 30 de Madrid. Ese mismo día, el Juzgado pronunció auto rechazando la suspensión del desalojo. El Juzgado subraya que la medida de desalojo ha sido acordada en el marco de un procedimiento penal y forma parte de una pena confirmada por la Audiencia Provincial en apelación, y que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde de forma exclusiva a los juzgados y tribunales determinados por las leyes. Además, el Juzgado recuerda que se han concedido sucesivas prórrogas a la autora para el desalojo de la vivienda y que ha de tenerse en cuenta la necesaria ponderación de intereses contrapuestos y el derecho de la parte ejecutante a recuperar la posesión de la vivienda.

2.12El 28 de septiembre de 2018, el Juzgado de Instrucción núm. 30 de Madrid desestimó el recurso de reforma interpuesto por la autora contra el auto de 20 de agosto de 2018. En relación con la solicitud de medidas cautelares, el Juzgado señala que el Comité no impone la suspensión del desalojo, sino que solicita que se eviten daños irreparables mediante la suspensión o bien el otorgamiento de una vivienda alternativa. El Juzgado afirma que la sentencia se ejecuta de forma que no se impide a la autora obtener los recursos de que disponga a la administración pública para paliar los efectos del desalojo, ya que se aplazó el desalojo en un primer momento y se informó a los Servicios Sociales de la situación para que pusieran en marcha la acción de protección pública disponible. Además, el Juzgado recuerda que, en la fecha señalada para el desalojo, se personaron en la vivienda los servicios de asistencia médica para prestar la asistencia necesaria. El Juzgado sostiene que no corresponde al órgano judicial hacer valoraciones sobre la política de vivienda y sí es su función la de velar por el cumplimiento de sentencias. La autora presentó recurso de apelación contra este auto desestimatorio.

2.13El 18 de marzo de 2019, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de la autora considerando, de un lado, que la solicitud de medidas cautelares presentada por el Comité al Estado parte está dirigida al Estado como tal, y por tanto no debe justificar ni amparar situaciones ilegales tipificadas como delitos, ni las consecuencias deben ser soportadas por personas privadas físicas o jurídicas, sin perjuicio de que el Estado adopte otras medidas alternativas. Además, la Audiencia Provincial consideró que, ponderando los intereses en juego, se pone de manifiesto que la autora ha venido ocupando la vivienda ilegalmente por años sin haber acudido a los servicios sociales, que son los responsables de atender a sus necesidades, antes del inicio del procedimiento, y que este procedimiento se ha dilatado durante un año sin que la autora haya tomado medidas para arreglar su situación.

2.14El 4 de abril de 2019, el Juzgado de Instrucción núm. 30 de Madrid dictó providencia ordenando el lanzamiento de la autora y sus hijos de la vivienda. El 6 de abril de 2019, la autora interpuso recurso de reforma contra esta resolución. El 6 de mayo de 2019, se personó la policía judicial en la vivienda de la autora y procedió a su desalojo. La autora afirma que en ese momento no se encontraba en la vivienda, encontrándose sus hijos en ella a cargo de un miembro de su familia y que, tras la negativa de esa persona de abrir la puerta, las autoridades derribaron la puerta. La autora afirma que se procedió a su desalojo y no se le permitió recuperar sus pertenencias, que ha perdido definitivamente. Además, afirma que los servicios sociales y de salud no se encontraban presentes en el desalojo, como requiere la normativa vigente. La autora presentó recurso contra la medida de desalojo el mismo día en que fue ejecutado.

2.15Una vez que la autora informó a los servicios sociales de su lanzamiento, estos le ofrecieron como medida de urgencia dos semanas en un albergue u hostal. No obstante, la autora, al considerar que estas alternativas no se ajustaban a sus necesidades, pasó a residir unos días en una habitación ofrecida por una amiga, y posteriormente en una habitación ofrecida por un familiar.

2.16El 28 de mayo de 2019, el Juzgado de Instrucción núm. 30 de Madrid rechazó el recurso de reforma interpuesto por la autora considerando que “se ha conciliado la obligación de cumplimiento de la sentencia y el cese de una actividad que constituye un ilícito penal, con la actuación de los poderes públicos para minimizar los efectos”. En particular, el Juzgado señala que se informó a la autora de la disponibilidad de un alojamiento compartido, y que esta lo rechazó.

La denuncia

3.En su comunicación inicial, la autora sostiene que su desalojo, en aquel momento ordenado y...

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