Intervención de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana en el proceso de constitucionalidad D-13280 del artículo 141 de la Ley 1955 de 2019, “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”

• Author: Iván Garzón Vallejo
• Position: Profesor Asociado, Programa de Ciencias Políticas, Universidad de La Sabana

1 - La autonomía administrativa, técnica y presupuestal de la Unidad de Investigación y Acusación es una garantía de justicia, verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado

En el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se fijaron los principios sobre los que se estructuran los diferentes componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJNR)¹, enfocados todos ellos en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado, en especial, respecto de la satisfacción del derecho a la justicia en los eventos en que no haya reconocimiento colectivo o individual de verdad y responsabilidad, tarea esta última que confió a la Unidad de Investigación y Acusación.

Para el cumplimiento de esta misión el Acuerdo Final definió que contaría con un grupo de profesionales de diferentes disciplinas, así como con el apoyo de las demás instituciones del Estado y de organizaciones de Derechos Humanos², dotándola de amplias facultades para el recaudo probatorio en los procesos judiciales que conoce la Jurisdicción Especial para la Paz, designando a su Director como el "…máximo director de la policía judicial…" de la misma³.

Junto a lo anterior, también le confió las decisiones respecto de las medidas de protección para víctimas, testigos y demás intervinientes⁴ en los procesos judiciales que se adelantan al interior de la JEP, lo cual supone una garantía efectiva para la libre interacción con el Sistema, imponiéndole por lo demás, la creación de un protocolo de comunicación con las víctimas⁵ que facilite el acercamiento con todo el proceso y el reconocimiento de sus derechos.

Asimismo, el Acuerdo Final le confirió a la Unidad amplias facultades para llevar ante la justicia a quienes no hayan reconocido tal responsabilidad o sean renuentes a comparecer ante la JEP, permitiéndole solicitar la imposición de medidas de aseguramiento y medidas cautelares, todas ellas tendientes a garantizar el desarrollo exitoso del proceso, el cual se encuentra en relación directa con el ejercicio de la acción penal⁶ ante el Tribunal para la Paz, siendo su único titular, y por ello, con la potestad de decidir si formula acusación formal o precluye la correspondiente investigación.

Para el cumplimiento de las funciones referidas, el Acuerdo Final definió la creación de unos grupos especiales que le permitieran satisfacer los objetivos del mismo e hiciera posible que las víctimas materializaran su participación en el sistema, dada la especialidad de los hechos victimizantes y la invisibilización de los mismos, así como la trascendencia que tienen en la sociedad. En tal sentido, definió la creación de un grupo para la investigación de los delitos de violencia sexual⁷, un grupo de enfoque étnico y un grupo técnico forense para las exhumaciones⁸.

Lo anterior evidencia la importancia de la Unidad de Investigación y Acusación dentro de la JEP y su rol como garantía para la satisfacción de los derechos de las víctimas, en consonancia con los principios rectores del Acuerdo Final, aspecto que se reiteró cuando fue creada como un órgano de los que componen la JEP y se ratificó en la Ley 1957 de 2019⁹. Tales documentos permiten concluir que la participación de la Unidad de Investigación y Acusación en los procesos no es marginal, lo que en efecto sí sucedería si la misma tuviera una dependencia de carácter técnico¹⁰ y todo parece indicar que empezó a suceder ahora por su falta de independencia presupuestal.

Ahora bien, ubicar a la Unidad de Investigación y Acusación como una dependencia más dentro de la JEP implica desconocer la necesaria independencia administrativa, técnica y presupuestal de la que debe estar dotada y que conduce de manera inexorable a garantizar su independencia en el recaudo probatorio, en la adopción de las decisiones relacionadas con la seguridad de quienes acuden al proceso, a formular con libertad las acusaciones de los presuntos responsables de las más graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario y, en suma, ser una efectiva garantía de justicia para las víctimas del conflicto armado.

Esta independencia se justifica, entre otras razones, por el deber de respetar las garantías procesales de quienes se someten al mismo o son obligados a comparecer y que pasan por diferenciar a quien investiga de quien adopta decisiones en aras de un ejercicio de justicia en virtud del cual se impondrá una sanción y se logrará dar respuesta a los reclamos de las víctimas. Tanto quien comparece como quien interviene en el proceso deben contar con la garantía de imparcialidad, del debido proceso, del derecho a la defensa y a los más elementales derechos reconocidos por las disposiciones procedimentales.

Por otra parte, la protección de quienes acuden como víctimas, testigos o intervinientes a los procesos que se adelanten es fundamental para el buen curso de los mismos. Un proceso en donde no se cuente con la participación de quienes estuvieron en medio del conflicto y que sufrieron sus más graves efectos, sin que tengan medidas de protección que les permita aportar el conocimiento que tienen de las particularidades del conflicto o comparecer cuando así se requiera conculcaría el principio de verdad sobre el que se fundan los procesos de justicia transicional y defraudaría gravemente las expectativas de la sociedad ante el mismo.

Por consiguiente, que la Unidad de Investigación y Acusación cuente con esta facultad y que esta pueda ser adoptada sin la anuencia de una dependencia administrativa, con sus dispendiosos procesos y que sin su conocimiento de la especialidad de las labores de investigación, echaría...