Insulza presenta en méxico informe sobre la situación de seguridad pública en las américas

Fecha de publicación:07 Oct 2008
Jurisdicción:Derecho Internacional
Número de registro:C-381

A continuación, se reproduce el informe del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ante secretarios y subsecretarios encargados de la seguridad pública de la región presentes en la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, celebrada en Ciudad de México, México.
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Los estándares habitualmente aceptados para reconocer la existencia de una epidemia hablan de 10 casos por cada 100 mil habitantes. Según el Informe Mundial de Violencia elaborado por la Organización Mundial de la Salud, en América Latina y el Caribe el homicidio mataba ya, en promedio, a 22.9 personas por cada 100 mil habitantes en 2002. Esa sola evidencia convierte a nuestra región en el escenario de una verdadera epidemia que acaba con más vidas que cualquier enfermedad que hoy día esté afectándonos.

Se trata de una situación que es aún mucho más grave en un número importante de grandes ciudades, en donde las tasas de homicidios oscilan entre 40 y 120 cada 100 mil habitantes. En Centroamérica la tasa asciende, en promedio, a 36 casos cada 100 mil habitantes. En El Salvador, según datos oficiales, las denuncias por homicidio alcanzaron en 2006 a 55,3 cada cien mil habitantes; en Jamaica a 49,1; en Guatemala a 45,2, en Venezuela a 45, en Honduras a 42,9 y en Colombia a 37,3. Otro tanto ocurre en el Caribe en donde si bien las tasas son algo menores a las de América del Sur, también superan holgadamente el promedio mundial.

Esta situación es aún más grave entre nuestros jóvenes. Ellos tienden a ser víctimas principales de la violencia al grado que es la primera causa de muerte en promedio en toda la región para jóvenes de entre 15 y 29 años, con una tasa que alcanza a 83,2, y es aún más alta entre los jóvenes de los estratos medios y bajos entre los cuales se eleva a más de 100 casos cada 100 mil habitantes.

La región, además, no sólo sufre la extrema violencia debida a los homicidios, provocados en su gran mayoría por otras actividades criminales y principalmente por el tráfico de drogas, sino también muchos otros hechos delictivos cotidianos y comunes tales como los robos con violencia, los secuestros, los abusos sexuales, el pandillaje juvenil criminal o la violencia en el hogar.

Es verdad que existen grandes diferencias entre nuestros países en cuanto a la magnitud y gravedad del fenómeno. A pesar de esas diferencias, sin embargo, existen fuertes conexiones de violencia y criminalidad entre subregiones y países. El mejor ejemplo de ello es el tráfico de drogas ilícitas y delitos conexos. Y otro ejemplo fueron los sucesos del 11 de septiembre de 2001, que mostraron la necesidad de actualizar las estructuras de seguridad vinculadas con el tránsito de personas y bienes.

Nuestra realidad, en definitiva, es una que no puede negar las diferencias entre subregiones, países y aún ciudades dentro de un mismo país, pero en la que la globalización de los procesos criminales y violentos es la característica dominante. Una globalización que, por otra parte, permite a la actividad criminal incrementar el uso de la tecnología, su capacidad de organización y su nivel de violencia. Esa es la característica principal de actividades como el tráfico de drogas y de armas, la trata de personas y las redes transnacionales de criminales que organizan ese comercio ilícito.

Esa actividad es conocida como crimen organizado y las posibles explicaciones del incremento de su importancia en la región son diversas. Entre ellas destacan el aumento en el consumo de drogas, la fácil adquisición de armas de fuego, sistemas modernos de comunicación y bancarios, la presencia de fronteras porosas, la debilidad de instituciones vinculadas al sistema de justicia criminal, la corrupción policial, y un poder judicial que, según encuestas de opinión, es considerado ineficiente, lento y poco justo en casi la totalidad de los países de la región.

El desafío que la delincuencia organizada representa para los gobiernos puede ser mejor comprendido cuando se conocen las ganancias que genera. La subregión andina es responsable de aproximadamente el 90% de la producción mundial total de hoja de coca y cocaína. Cada año se producen cerca de 900 toneladas de esta droga, las cuales tienen un valor de mercado de 60 mil millones de dólares según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En términos generales, el tráfico de drogas genera ingresos por aproximadamente 320 mil millones de dólares al año, una cifra superior al PIB de la mayoría de nuestros países.

La producción y la comercialización de la droga degeneran en problemas de consumo local, que involucra narcomenudeo o micro tráfico, y quienes llevan a cabo esta actividad con frecuencia reciben pagos en especie para la venta a nivel local. El resultado es una importante y trágica secuela de efectos derivados, como el vínculo con las pandillas delictivas, la prostitución, el tráfico ilegal de armas y otros tipos de actividades criminales.

Y el tráfico de drogas no es la única actividad del crimen organizado que ha prosperado. De acuerdo con la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, la trata de personas genera ingresos anuales por 9.500 millones de dólares en todo el mundo. En la misma categoría de actividades criminales que han aumentado su incidencia y efectos, se debe considerar el tránsito de armas de fuego y municiones y los secuestros de personas y sus diversas modalidades asociadas.

En virtud de los grandes ingresos que genera, la delincuencia organizada desempeña un papel importante en la corrupción de personas e instituciones. El Índice de Percepción de la Corrupción 2008 de Transparencia Internacional indica que 20 de 28 países del Hemisferio tienen una puntuación inferior a 5, lo cual refleja un serio nivel de corrupción percibida en el ámbito nacional. Además, 11 países tienen una puntuación igual o inferior a 3, lo que refleja una percepción de corrupción endémica.

Un número importante de países de nuestra región, por otra parte, está siendo afectada por la existencia y actividades de pandillas delictivas y criminales originalmente de carácter juvenil. A lo largo de los años estas pandillas han variado en sus características y formas de operar y en la actualidad no obstante que se pueden encontrar en ellas integrantes de edades tan tempranas como los 8 años, su sector más “duro” está constituido por adultos de más de 21 años de edad y hasta de 40 y 50 años. Su manera de operar las asemeja al crimen organizado y cometen delitos que van desde el narcomenudeo hasta el secuestro.

Desgraciadamente debemos admitir que la violencia se ha instalado en la región como una manera de resolver todo tipo de conflictos cotidianos y se presenta de formas múltiples, no solo en el espacio público sino también en los hogares de parte importante de la población. No cabe duda que uno de los principales flagelos que enfrentamos es la magnitud de la violencia intrafamiliar o doméstica, principalmente contra mujeres y niños, pero también contra adultos mayores. Dependiendo de la forma como se la defina, en América Latina la violencia doméstica afecta entre el 25 y el 50 por ciento de todas las mujeres. Y debemos recordar que en no pocos casos se trata de brutales asesinatos de mujeres, cometidos por familiares cercanos...

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