Instrumentos para la formulación de políticas públicas

• Author: María Olga Sánchez Martínez - José Ignacio Solar Cayón
• Pages: 113-121

Capítulo Cuarto

INSTRUMENTOS PARA LA FORMULACIÓN

DE POLÍTICAS PÚBLICAS

La CIDPD, además de enunciar el contenido mínimo de los derechos

de estas personas y las obligaciones que los Estados asumen para posibi-

litar su ejercicio efectivo, incluye también una serie de disposiciones di-

rigidas a articular instrumentos que garanticen la aplicación efectiva del

texto a nivel nacional. Entre estas herramientas cabe destacar el diseño

de órganos especiales encargados de la aplicación y el seguimiento de la

propia Convención, la recopilación de datos y estadísticas, el diálogo

civil y el tratamiento transversal de la dimensión de la discapacidad.

I. ÓRGANOS DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CIDPD

En la misma línea que otros Tratados Internacionales en materia de

derechos humanos, la CIDPD exige a los Estados el establecimiento de

mecanismos nacionales de vigilancia para asegurar los avances en la

aplicación de sus disposiciones, aun concediéndoles un amplio margen

en su diseño. En este sentido, y pese a su defectuosa redacción, el artícu-

lo 33 obliga a la configuración de un sistema nacional en el cual se dis-

tinguen dos procedimientos, correspondientes con las funciones de apli-

cación y de seguimiento de la Convención, que han de mantenerse

diferenciados y de ser llevados a cabo por distintos organismos.

El apartado primero del artículo 33 se refiere al mecanismo nacional

encargado de la aplicación de la CIDPD, que ha de insertarse en la es-

tructura del poder ejecutivo: «Los Estados Partes, de conformidad con su

sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales

encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Con-

vención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o desig-

nar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas

al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles». Por aplicación de

la Convención ha de entenderse la implementación de las obligaciones

contenidas en sus disposiciones. Y resulta lógico que, siendo el propio

Estado el sujeto obligado al cumplimiento de tales disposiciones, sea el

gobierno de cada Estado quien tenga la competencia para llevar a cabo

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