Report No. 95 (2024) IACHR. Petition No. 1541-14 (Perú)

• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Year: 2024
• Case Type: Admissibility
• Respondent State: Perú

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INFORME No. 95/24

PETICIÓN 1541-14

INFORME DE ADMISIBILIDAD

LUIS MARIO BARRENECHEA POLANCO

PERÚ

OEA/Ser.L/V/II

Doc. 100

23 junio 2024

Original: español

Aprobado electrónicamente por la Comisión el 23 de junio de 2024.

Citar como: CIDH, Informe No. 95/24. P.ón 1541-14. Admisibilidad. L.M.B.P.. Perú. 23 de junio de 2024.

www.cidh.org

I. DATOS DE LA PETICIÓN

Parte peticionaria:	Bajo reserva de conformidad con el Reglamento de la CIDH.
Presunta víctima:	Luis Mario Barrenechea Polanco
Estado denunciado:	Perú
Derechos invocados:	Artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 11 (protección de la honra y de la dignidad), 17 (protección a la familia), 21 (protección a la propiedad privada) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos1

II. TRÁMITE ANTE LA CIDH2

Presentación de la petición:	7 de noviembre de 2014
Información adicional recibida durante la etapa de estudio:	12 de mayo de 2015, 27 de enero de 2016 y 11 de febrero de 2016
Notificación de la petición al Estado:	21 de diciembre de 2021
Primera respuesta del Estado:	29 de marzo de 2021 y 20 de julio de 2022
Advertencia sobre posible archivo:	17 de diciembre de 2020
Respuesta de la parte peticionaria ante advertencia de posible archivo:	15 de enero de 2021

III. COMPETENCIA

Competencia Ratione personae:	Sí
Competencia Ratione loci:	Sí
Competencia Ratione temporis:	Sí
Competencia Ratione materiae:	Sí, Convención Americana (depósito del instrumento de ratificación realizado el 28 de julio de 1978)

IV. DUPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA INTERNACIONAL, CARACTERIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional:	No
Derechos declarados admisibles:	Artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 11 (protección de la honra y de la dignidad) 8 (garantías judiciales), 21 (protección a la propiedad privada), 25 (protección judicial) y 26 (derechos económicos, sociales y culturales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con su artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos)
Agotamiento de recursos internos o procedencia de una excepción:	Sí, en los términos de la sección VI
Presentación dentro de plazo:	Sí, en los términos de la sección VI

V. POSICIÓN DE LAS PARTES

Alegatos de la parte peticionaria

1. La señora S.G. denuncia que, debido a una decisión judicial arbitraria, funcionarios de la Policía Nacional del Perú desalojaron a su esposo, el señor B.P., de su vivienda sin tomar en consideración su delicado estado de salud. Agrega que, como consecuencia de dicha acción, la presunta víctima sufrió complicaciones médicas y falleció.

2. La peticionaria explica que, en 1997, el señor Barrenechea Polanco contrajo hepatitis C debido a una negligencia médica. Con el fin de evitar que su familia quedara en situación de calle debido a su enfermedad, compró un departamento mediante un convenio privado a un embajador, pagando el 80% del precio del inmueble. Sin embargo, detalla que no pudo inscribir la propiedad en los Registros Públicos por falta de algunos documentos; motivo por el cual, el representante legal del diplomático demandó a la presunta víctima por incumplimiento de pago y solicitó el embargo preventivo del apartamento.

3. Como resultado, según la parte peticionaria, el Juzgado 45º Civil de Lima emitió una sentencia defectuosa que no solo dio la razón al demandante, sino que desnaturalizó el proceso al ordenar el desalojo del señor B.P. y su familia de su vivienda. En consecuencia, el 15 de junio de 2009, aproximadamente 30 integrantes de la Policía Nacional ingresaron violentamente al inmueble del señor Barrenechea Polanco, rompiendo las puertas del edificio y del apartamento.

4. La peticionaria resalta que, al momento del desalojo, el señor B.P. se encontraba recibiendo un tratamiento de diálisis; a pesar de lo cual, los policías ingresaron a su cuarto sin mascarillas ni guantes, y pretendieron moverlo con una ambulancia de los bomberos. No obstante, indica que el paramédico que estaba con ellos les advirtió que, si lo movían, el líquido que salía del peritoneo retornaría y lo infectaría, causándole una septicemia. Refiere que, a pesar de que los policías no movieron al señor B.P. de su lugar, a los pocos días su salud empeoró, y el 9 de julio de 2009 falleció a causa de una insuficiencia renal terminal.

5. Destaca la parte peticionaria que, posteriormente, funcionarios de la Comisaría de B. acreditaron en su visita al lugar mediante un certificado que “la puerta eléctrica de metal que da a un área común se encontraba con uno de los vidrios rotos en un aproximado de 20 por 30 cm. Asimismo, se constató que la puerta de madera que brinda el acceso al inmueble de la recurrente se encontraba en el suelo, con las bisagras y el marco dañados, indicando la solicitante que tal acción dejó sin seguridad su inmueble, y que la orden judicial era de descerraje y no de romper vidrios y sacar la puerta”.

6. El 20 de junio de 2009, la esposa de la presunta víctima presentó una denuncia por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones, alegando que los integrantes de la Policía Nacional causaron daños al inmueble durante el desalojo. Además, el 14 de julio de 2009, interpuso una denuncia penal contra el juez que ordenó el desalojo, argumentando también abuso de autoridad, crímenes contra el patrimonio, la propiedad, y exposición de personas al peligro de muerte. A pesar de ello, la parte peticionaria advierte en su última comunicación que, hasta ese momento, aún no habían recibido una respuesta definitiva. La Comisión no cuenta con más información sobre el estado de dichas denuncias.

7. Con base en las consideraciones mencionadas, la parte peticionaria cuestiona que el desalojo debió llevarse a cabo sin violar los derechos de la presunta víctima, ya que la orden solo autorizaba el descerraje de una puerta de metal y vidrio. Sostiene que el accionar de la Policía Nacional exacerbó el delicado estado de salud del señor B.P., quien padecía de insuficiencia renal terminal y cirrosis hepática terminal. Afirma que el paciente requería diálisis peritoneales y tratamientos especiales cada cinco horas aproximadamente, lo cual lo convertía en un paciente extremadamente delicado, situación que fue conocida por las autoridades durante el proceso de desalojo. Por lo tanto, según la parte peticionaria, el Estado tiene responsabilidad en la muerte de la presunta víctima.

Alegatos del Estado peruano

8. El Estado replica que la petición es inadmisible debido a la falta de agotamiento de la jurisdicción interna, ya que la denuncia penal presentada por la parte peticionaria por los supuestos daños a su propiedad y las afectaciones a sus familiares aún está en trámite en el Ministerio Público.

9. En este sentido, agrega que, según una búsqueda realizada por la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, no hay registro de que se haya presentado una denuncia a nivel administrativo o disciplinario contra el personal policial que participó en el desalojo. A juicio del Estado, si la parte peticionaria considera que hubo un abuso de autoridad, debería haber presentado una queja por estos hechos ante las instancias correspondientes.

10. Perú sostiene además que no existe constancia de que la parte peticionaria o alguno de sus familiares haya interpuesto algún medio impugnatorio durante el proceso de desalojo. Por el contrario, esta decisión adquirió la calidad de cosa juzgada, dado que las partes involucradas consintieron dicha determinación. Por lo expuesto, el Estado solicita que la...