Report No. 95 (2018) IACHR. Petition No. 545-08 (El Salvador)

• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Alleged Victim: María Cristina Sagastizado, Carlos Roberto Rivera Sagastizado Y Oscar Alexander Rivera Sagastizado
• Respondent State: El Salvador
• Petition Number: 545-08
• Case Type: Admissibility
• Report Number: 95

INFORME No. 95/18

PETICIÓN 545-08

INFORME DE ADMISIBILIDAD

MARÍA CRISTINA SAGASTIZADO, CARLOS ROBERTO RIVERA SAGASTIZADO Y OSCAR ALEXANDER RIVERA SAGASTIZADO

EL SALVADOR

OEA/Ser.L/V/II.

Doc. 108

24 agosto 2018

Original: español

Aprobado electrónicamente por la Comisión el 24 de agosto de 2018.

Citar como: CIDH, Informe No. 95/18. Petición 545-08. Admisibilidad. María Cristina Sagastizado, Carlos Roberto Rivera Sagastizado y Oscar Alexander Rivera Sagastizado.

El Salvador. 24 de agosto de 2018.

www.cidh.org

I. DATOS DE LA PETICIÓN

Parte peticionaria:	Carlos Roberto Rivera Sagastizado
:	María Cristina Sagastizado, Carlos Roberto Rivera Sagastizado y Oscar Alexander Rivera Sagastizado
Estado denunciado:	El Salvador
Derechos invocados:	Artículo 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales) 11 (protección de la honra y de la dignidad) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos1

II. TRÁMITE ANTE LA CIDH²

Presentación de la petición:	5 de mayo de 2008
Información adicional recibida durante la etapa de estudio:	3 de mayo de 2008
Notificación de la petición al Estado:	17 de mayo de 2013
Primera respuesta del Estado:	5 de diciembre de 2013
Observaciones adicionales de la parte peticionaria:	11 de mayo de 2015
Observaciones adicionales del Estado:	14 de enero de 2016

III. COMPETENCIA

Competencia Ratione personae:	Sí
Competencia Ratione loci:	Sí
Competencia Ratione temporis:	Sí
Competencia Ratione materiae:	Sí, Convención Americana (depósito de instrumento de ratificación realizado el 23 de junio de 1978)

IV. DUPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA INTERNACIONAL, CARACTERIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional:	No
Derechos declarados admisibles:	Artículos 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 25 (protección judicial) y 26 (derechos económicos, sociales y culturales) de la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1
Agotamiento de recursos internos o procedencia de una excepción:	Sí, el 30 de abril de 2015
Presentación dentro de plazo:	Sí, el 5 de mayo de 2008

V. HECHOS ALEGADOS

1. El Sr. Carlos Roberto Rivera Sagastizado (en adelante “el peticionario” o “el Sr. Rivera”), alega que el Estado salvadoreño violó su derecho a la integridad personal, en conexión con sus derechos a la protección de la honra y de la dignidad, garantías judiciales y protección judicial, en razón de las “afectaciones psíquicas” que sufrió a raíz de la separación de su madre, la Sra. María Cristina Sagastizado (en adelante la “Sra. Sagastizado”), del cargo de Jueza de Paz del municipio de Jocoaitique. El Sr.
   Rivera indica además que su hermano, Oscar Alexander Rivera Sagastizado, también mayor de edad, es al igual que él presunta víctima de los hechos denunciados.

2. El peticionario señala que su madre completó estudios de ciencias jurídicas en 1994 en una universidad privada y recibió su licencia de abogada el 22 de febrero de 1995 mediante Acuerdo No. 38-D de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, luego de ingresar a la carrera judicial fue nombrada Jueza de Paz mediante acuerdo No. 189-A del 28 de mayo de 1999. No obstante, a raíz de noticias difundidas en 2001 de que abogados que trabajaban en el Poder Judicial poseían títulos falsos o que habían sido obtenidos con irregularidades, la Fiscalía General de la República ejerció acciones penales contra varios profesionales del derecho.

3. En este contexto, el 25 de septiembre de 2001 la Fiscalía General de la República inició una investigación penal contra la Sra. Sagastizado por el delito de uso y tenencia de documento falso. Sin embargo, luego de las actuaciones procesales correspondientes, el 8 de abril de 2002 el Juzgado Sexto de Instrucción ordenó su sobreseimiento definitivo, por considerar que los hechos imputados a la Sra. Sagastizado no constituían delitos. Decisión favorable que fue luego confirmada por el Juzgado Quinto de Sentencia mediante sentencia del 5 de febrero de 2004, y finalmente por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución de 16 de julio de 2004. Con dicha decisión la absolución adquirió fuerza de cosa juzgada.

4. Paralelamente, el 18 de octubre de 2001 la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura de una investigación administrativa respecto de la idoneidad profesional de la Sra. Sagastizado, con base en el artículo 54-A de la Ley de Carrera Judicial, que permite la inmediata suspensión del funcionario de su cargo mientras se desarrolla dicha investigación. Contra esta decisión administrativa la Sra. Sagastizado interpuso un recurso de revocatoria el 24 de octubre de 2001, que fue declarado sin lugar el 10 de enero de 2002. Frente a esta decisión, la ex jueza interpuso una acción de amparo el 5 de marzo de 2002, la cual fue declarada improcedente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución del 17 de mayo de 2002. A partir de esta decisión desfavorable que avalaba el inicio de la investigación, la Sra. Sagastizado habría quedado formalmente suspendida de sus funciones sin goce de sueldo.

5. No obstante, el 27 de agosto de 2004, luego de la referida resolución favorable de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de 16 de julio de 2004, la Sra. Sagastizado presentó una petición ante la Corte Suprema de Justicia para que ordenara su restitución al cargo de jueza, y que se le pagaran los salarios caídos durante los más de dos años que duró el proceso penal. El 5 de enero de 2005 la Corte Suprema de Justicia estableció que, como el proceso administrativo se encontraba pendiente de una resolución final, su solicitud de reintegro sería evaluada con motivo de dicha decisión. Señala el peticionario que, por lo tanto, no se restituyó a su madre en el cargo de jueza y no se le pagaron los salarios no percibidos. Posteriormente, la Sra. Sagastizado presentó un recurso de revocatoria el 15 de abril de 2005 y dos escritos formales de impulso procesal el 27 de septiembre y el 1 de noviembre de 2005 solicitando se tomara una decisión en su proceso. El 16 de febrero de 2006 un grupo de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, en solidaridad con la Sra. Sagastizado, presentaron también una solicitud para que se adoptara una decisión en este proceso.

6. El Sr. Rivera alega que la salud de su madre se deterioró cuando le diagnosticaron cáncer de mama, puesto que necesitaba un tratamiento especializado, el cual debía ser proveído por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, al cual la Sra. Sagastizado no tuvo acceso por haber dejado de cotizar al estar suspendida de sus funciones. Frente a esta situación, y dada su condición económica desfavorable, la Sra. Sagastizado no habría podido recibir el tratamiento médico adecuado ni seguir la dieta especial que su condición ameritaba. El peticionario alega que, como resultado, falleció en agosto de 2006.

7. El peticionario indica que el 9 de octubre de 2006 el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana presentó, en apoyo a los peticionarios, una solicitud a la Corte Suprema de Justicia pidiéndole emitir una decisión favorable en el proceso de la Sra. Sagastizado para “limpiar su buen nombre” y reconocer los sueldos dejados de percibir. Ante la falta de respuesta, el peticionario presentó una nueva comunicación el 16 de julio de 2007.

8. El peticionario alega que su madre fue objeto de un trato desigual ya que a otros jueces en situación similar se les absolvió de responsabilidad administrativa reintegrándolos a sus puestos. Aduce que el retardo injustificado de la Corte Suprema de Justicia en adoptar una decisión respecto de la investigación administrativa de su madre causó daños irreparables en su familia. En este sentido, el peticionario aduce que la muerte de su madre pudo evitarse de haber recibido la atención médica apropiada, a la cual no tuvo acceso debido a su alegada suspensión arbitraria y retraso en el proceso administrativo. Además, que el Estado no pagó los beneficios económicos que le correspondían a él y a su hermano, como son el seguro de vida y salarios caídos de la Sra. Sagastizado. Igualmente, el peticionario aduce que tanto él como su hermano acompañaron en todo momento a su madre en los procesos judiciales.

9. Por su parte, el Estado salvadoreño subraya que la Constitución de la República establece las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, una de las cuales es nombrar a los jueces de paz; y que dicha función está regulada en la Ley de Carrera Judicial. En este sentido, alega que el procedimiento administrativo seguido a la Sra. Sagastizado se desarrolló respetando la garantía de audiencia, juez competente...