Report No. 93 (2025) IACHR. Petition No. 14.541 (Colombia)

• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Year: 2025
• Case Type: Friendly Settlements
• Respondent State: Colombia

INFORME No. 93/25

CASO 14.541

INFORME DE SOLUCIÓN AMISTOSA

JOSÉ ENRIQUE CALDAS Y FAMILIARES

COLOMBIA

OEA/Ser.L/V/II

Doc. 98

26 junio 2025

Original: español

Aprobado electrónicamente por la Comisión el 26 de junio de 2025.

Citar como: CIDH, Informe No. 93/25, Caso 14.541, Solución Amistosa, J.E.C. y familiares, Colombia, 26 de junio de 2025.

www.cidh.org

INFORME No. 93/25

CASO 14.541

INFORME DE SOLUCIÓN AMISTOSA

JOSÉ ENRIQUE CALDAS Y FAMILIARES

COLOMBIA1

26 DE JUNIO DE 2025

1. RESUMEN Y ASPECTOS PROCESALES RELEVANTES DEL PROCESO DE SOLUCIÓN AMISTOSA

1. El 10 de marzo de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “CIDH”) recibió una petición, presentada inicialmente por el señor N. de Jesús Ríos Santamaría2, quien fue sustituido por L.M.B.B., en representación de los familiares de la presunta víctima, cuya representación fue asumida posteriormente, por el señor Juan Sebastián Ríos Barahona (en adelante “la parte peticionaria”, “la peticionaria” o “los peticionarios”), en la cual se alegaba la responsabilidad internacional de la República de Colombia (en adelante “Estado” o “Estado colombiano” o “Colombia”), por la violación de los derechos humanos contemplados en los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal) y 8 (garantías judiciales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (en adelante “Convención” o “Convención Americana”), por la impunidad del asesinato del señor José Enrique Caldas, (en adelante “presunta víctima”) por uno de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante también “las FARC”) y la falta de indemnización de perjuicios a sus familiares, quienes fueron amenazados de muerte por los integrantes de las FARC a no denunciar los hechos.

2. El 19 de marzo de 2021, la Comisión emitió el Informe de Admisibilidad N°64/21, en el cual declaró admisible la petición y declaró su competencia para conocer del reclamo presentado por la parte peticionaria respecto de la presunta violación de los derechos contenidos en los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con sus artículos 5 (integridad personal) y 1.1. (obligación de respetar los derechos).

3. El 22 de septiembre de 2022, las partes suscribieron un acta de entendimiento para la búsqueda de una solución amistosa, junto con un cronograma de trabajo para avanzar en las negociaciones. En los meses subsiguientes, las partes sostuvieron reuniones bilaterales con el fin de analizar las medidas de reparación a incluir en el acuerdo de solución amistosa (en adelante “ASA” o “acuerdo”), que se materializó con la firma de dicho instrumento el 21 de septiembre de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C.

4. El 8 de julio de 2024, las partes presentaron un informe conjunto en el que dieron a conocer el acuerdo alcanzado para modificar parcialmente el contenido del ASA, presentaron avances en su implementación y solicitaron a la CIDH su homologación, lo cual reiteraron el 2 de diciembre de 2024.

5. En el presente informe de solución amistosa, según lo establecido en el artículo 49 de la Convención y en el artículo 40.5 del Reglamento de la Comisión, se efectúa una reseña de los hechos alegados en la petición y se transcribe el acuerdo de solución amistosa, firmado el 21 de septiembre de 2023, por la parte peticionaria y representantes del Estado colombiano. Asimismo, se aprueba el acuerdo suscrito entre las partes y se dispone la publicación del presente informe en el Informe Anual de la CIDH a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

2. LOS HECHOS ALEGADOS

6. La parte peticionaria alegó que el Sr. J.E.C. fue asesinado por uno de los miembros de las FARC en el municipio de Puerto Rico, departamento del Meta. Adujo que este hecho violento quedó en la impunidad por parte de las autoridades estatales; y que no fue posible la indemnización de perjuicios a favor de los familiares de la presunta víctima, quienes fueron amenazados de muerte por los integrantes de las FARC a no denunciar los hechos.

7. La parte peticionaria alegó que el 25 de diciembre de 2005, cuando el Sr. J.E.C. estaba en la fonda de la Vereda Buena Vista ubicada en el municipio de Puerto Rico, Departamento del Meta, un individuo perteneciente al Frente 44 de las FARC, sin uniforme y pasando revista al personal que se movilizaba en esa zona, le preguntó sobre su permiso de estar en ese sitio, toda vez que los campesinos para salir a la vereda o al pueblo debían contar con un permiso del comandante de esa área. De acuerdo con lo narrado por la peticionaria, como la presunta víctima no contaba con dicho permiso, sin mediar más palabras, el individuo de las FARC mató a la presunta víctima con un cuchillo frente a otros guerrilleros de las FARC y a las personas que se encontraban en la fonda. No hubo preguntas, ni nadie pudo acercarse ni auxiliar a la presunta víctima.

8. Posteriormente, el Sr. E.C., hermano de la presunta víctima, en compañía de miembros de la Junta de Acción Comunal realizaron el levantamiento del cadáver ante la ausencia de autoridades estatales en la zona. La peticionaria alegó que la presunta víctima estuvo amenazada, como todos los habitantes de la Vereda, por el grupo armado de las FARC; solo fue a dar un paseo por su territorio y su supuesto error fue no contar con el visto bueno del comandante del sector; y que el homicidio se cometió por la falta de seguridad que el Estado debe prestar a todos sus habitantes según el artículo 2 de la Constitución Nacional.

9. Asimismo, la peticionaria narró que los ciudadanos de la Vereda Buena Vista eran controlados por guerrilleros de las FARC, quienes asesinaban a voluntad a las personas que se encontraban en esa población. Estos asesinatos, según plantearon los peticionarios, eran conocidos por las diferentes unidades del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón 21 Vargas con sede en el municipio de Granada, cercano al municipio de Puerto Rico y la Cuarta División, con sede en la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta. En este sentido, según la peticionaria, estos grupos armados de las FARC no permitían el ingreso de las autoridades quedando el municipio de Puerto Rico excluido de la protección el Estado. Indicaron que las FARC eran los que imponían la justicia a todos los habitantes civiles de dicho municipio e incluso a otras poblaciones aledañas.

10. La parte peticionaria argumentó que no se presentó denuncia expresa contra ningún miembro de las fuerzas militares ni autoridades administrativas del municipio de Puerto Rico-Meta por parte de los familiares de la presunta víctima, toda vez que reinaba la ley del silencio y por el miedo a las amenazas recibidas por las FARC; así como por temor a las represalias por parte de las autoridades estatales y grupos paramilitares que operaban en el país, donde las fuerzas militares jugaban un papel de juez y parte en los procesos.

11. Finalmente, la peticionaria adujo que el Estado desprotegió no solo a la presunta víctima, sino a toda la población civil de la Vereda Buena Vista; y que, a su criterio, los entes estatales contaban con los medios idóneos para enfrentar a estos grupos armados de las FARC, pero que no lo hicieron, a sabiendas que en la zona se realizaban violaciones a los derechos humanos. Así también, la peticionaria alegó que el Estado, al iniciar el proceso penal de oficio, no lo llevó a cabo de manera eficaz y que luego archivó la causa, sin sancionar a los responsables. Asimismo, la peticionaria señaló como responsables de las violaciones de los derechos humanos de la presunta víctima al Ministerio de Defensa Nacional, al comandante de la Cuarta División del Ejército, al comandante de la VII Brigada del Ejército y el director de la Policía Nacional, autoridades cuando sucedieron los hechos. Por último, la peticionaria solicitó por intermedio del...