Report No. 83 (2011) IACHR. Petition No. 12.145 (Trinidad y Tobago)

• Year: 2011
• Petition Number: 12.145
• Report Number: 83
• Respondent State: Trinidad & Tobago
• Case Type: Admissibility
• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Alleged Victim: Kevin Dial y Andrew Dottin

10

INFORME No. 83/11

PETICIÓN 12.145

ADMISIBILIDAD

KEVIN DIAL Y ANDREW DOTTIN

TRINIDAD Y TOBAGO

21 de julio de 2011

I. RESUMEN

1. El 29 de abril de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió dos peticiones junto con solicitudes de medidas cautelares de Herbert-Smith LLP¹ (“los peticionarios”) contra la República de T. y T. (“T. y T.” o “el Estado”). Dichas peticiones fueron presentadas a nombre de K.D. y A.D. (“las presuntas víctimas”), dos ciudadanos trinitarios recluidos en ese entonces en el pabellón de los condenados a muerte de la cárcel estatal de T..²

2. Los peticionarios señalaron que las presuntas víctimas habían sido juzgadas y declaradas culpables como coacusados por el homicidio de J.B. y sentenciadas a muerte el 21 de enero de 1997 por la Corte Superior de Justicia de T. y T., conforme a la norma sobre pena capital obligatoria vigente en dicho país. Posteriormente, los peticionarios informaron a la CIDH que, mediante procesos constitucionales en la Corte Superior de T. y T., las sentencias de muerte de las presuntas víctimas habían sido conmutadas por cadena perpetua el 15 de agosto de 2008. Los peticionarios recalcaron que la conmutación tardía de las sentencias de muerte no alteraba la sustancia de las supuestas violaciones del debido proceso durante la prisión preventiva y el juicio de las presuntas víctimas, ni resolvía las violaciones alegadas durante el período en que estuvieron recluidas en el pabellón de la muerte. En ese sentido, los peticionarios plantean principalmente tres quejas conexas: violaciones del debido proceso durante su arresto, prisión preventiva, juicio, condena e imposición de sentencia; las condiciones de su detención antes y después del juicio; y la demora en la conmutación de las sentencias de muerte de las presuntas víctimas a pesar de la jurisprudencia del Comité Judicial del Consejo Privado (“el JCPC”) en que se solicitó dicha acción.

3. Los peticionarios observan que la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“la Convención Americana”) por parte de T. y T. produjo sus efectos el 26 de mayo de 1999. Por lo tanto, alegan que el Estado es responsable de violaciones de la Convención Americana con respecto a los hechos ocurridos con anterioridad a esa fecha, así como por violaciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“la Declaración Americana”) que supuestamente ocurrieron después de esa fecha: el artículo I de la Declaración Americana y el artículo 4 de la Convención Americana; el artículo II de la Declaración Americana y el artículo 24 de la Convención Americana; el artículo XXV de la Declaración Americana y los artículos 5 y 7 de la Convención Americana; los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana; y los artículos 10 y 11 de la Convención Americana. Con respecto al señor D., en la petición también se alega la violación de los artículos 17 y 19 de la Convención Americana.

4. El Estado arguye que la petición es inadmisible porque los peticionarios no agotaron los recursos internos. Además, el Estado niega todos los alegatos referentes al fondo, principalmente porque considera que los peticionarios no presentaron respaldo probatorio sustancial de las violaciones de la Convención Americana. De manera más específica, el Estado sostiene que la sentencia de muerte obligatoria por homicidio es congruente con el derecho internacional; que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (“el Comité”) no determinó que hubiera infracciones al derecho a la integridad personal derivadas de las condiciones carcelarias en T. y T.; que la CIDH no tiene competencia para revisar las sentencias impuestas por el Estado de conformidad con su jurisdicción interna; y que el lapso transcurrido entre la terminación de la instrucción y el juicio no fue irrazonable. Por último, el Estado concluye que los peticionarios simplemente están intentando utilizar a la Comisión Interamericana como instancia de apelación, debido a que no puede decirse que haya habido denegación de justicia en este caso. En tal virtud, el Estado afirma que las presuntas víctimas no tienen derecho de compensación, porque sus condenas fueron resultado de un procedimiento penal en el que se respetaron todas las garantías de un juicio justo.

5. Como se establece en el presente informe, habiendo examinado los alegatos de las partes sobre la cuestión de la admisibilidad y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la Comisión Interamericana decide admitir la presente petición con respecto a los alegatos relativos a los artículos I, II, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana y los artículos 4, 5, 7, 8, 10, 17, 19, 24 y 25 de la Convención Americana. En virtud del principio general de iura novit curia, la CIDH también admite la presente petición en relación con los artículos VI y VII de la Declaración Americana y con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Por otro lado, la CIDH declara la petición inadmisible con respecto al artículo 11 de la Convención Americana. La CIDH decide asimismo notificar a las partes, publicar el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

II. TRÁMITE ANTE LA CIDH

6. La petición se recibió el 29 de abril de 1999, junto con solicitudes de medidas cautelares. El 7 de mayo de 1999, los peticionarios proporcionaron información adicional. El 11 de mayo de 1999 la CIDH remitió las partes pertinentes de la petición al Estado y estableció un plazo de tres meses para que éste enviara sus observaciones. El 19 de agosto de 1999 el Estado presentó su respuesta a la petición, que fue debidamente trasladada a los peticionarios.

7. La Comisión Interamericana recibió mayor información de los peticionarios en las siguientes fechas: 16 de septiembre de 1999, 23 de agosto de 2000, 10 de agosto de 2005, 14 de febrero de 2007, 21 de abril de 2008 y 6 de febrero de 2009. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado. El 7 de enero de 2000 el Estado indicó que no enviaría consideración adicional alguna respecto a esta petición, en razón de que la CIDH debía declararla inadmisible en su siguiente período de sesiones. Desde entonces, T. y T. no ha presentado observaciones adicionales.

Medidas cautelares y provisionales

8. El 11 de mayo de 1999 la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor de las presuntas víctimas. Ante la ausencia de respuesta del Estado a su solicitud de medidas cautelares, el 25 de mayo de 1999 la CIDH presentó una solicitud de medidas provisionales en favor de las presuntas víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“la Corte Interamericana”).

9. El 27 de mayo de 1999 la Corte Interamericana amplió las medidas provisionales ordenadas anteriormente en el Caso James y otros para incluir a las presuntas víctimas del presente caso.³ T. y T. no ha presentado los informes periódicos ordenados por la Corte Interamericana respecto a las medidas adoptadas para proteger la vida y la integridad personal de los beneficiarios o las presuntas víctimas, a pesar de las repetidas solicitudes de la Corte.⁴

10. A solicitud de la Corte Interamericana, el 19 de marzo de 2009 la CIDH entregó una comunicación a la Corte en la que confirmó que esta petición aún se encontraba pendiente. El 6 de julio de 2009, la CIDH informó también a la Corte Interamericana sobre la conmutación de las sentencias de las presuntas víctimas.

III. POSICIONES DE LAS PARTES

A. Posición de los peticionarios

11. De acuerdo a los peticionarios, las presuntas víctimas fueron detenidas por la policía el 24 de...