Report No. 8 (2015) IACHR. Petition No. 1413-04 y otras (Perú)

• Year: 2015
• Petition Number: 1413-04 y otras
• Report Number: 8
• Respondent State: Perú
• Case Type: Admissibility
• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Alleged Victim: Gloria Beatriz Jorge López y otros

INFORME No. 8/15

PETICIÓN 1413-04 y otras

INFORME DE A...

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G.L.B..J. LOPEZ Y OTROS

PERU

Aprobado por la Comisión el 29 de enero de 2015.

OEA/Ser.L....

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D.. 9

29 enero 2015

Original: español

Citar como: CIDH, Informe No. 8/15, Petición 1413-04 y otras. Admisibilidad. Gloria B......

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J.L. y otros. Perú. 29 de enero de 2015.

www.cidh.org

INFORME No. 8/15

PETICIÓN 1413-04 y otras

INFORME DE A...

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G..B...J.L. Y OTROS

PERU

29 DE ENERO DE 2015

I. RESUMEN

1. El presente informe se r efiere a 59 peticiones interpuestas en representac ión de 63 personas

procesadas en el Perú por los delitos de traición a la patria, terrorismo y colaboración con terrorismo [en

adelante también “las presuntas víctimas”], previstos en la legislación anti-terrorista peruana, en las cuales se

alega la violación por parte de la República del Perú (en adelante también “Perú”, “el Estado” o “el Estado

peruano”) de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante

también “la Convención Americana” o “la Convención”). En las peticiones se indica que las presuntas víctimas

fueron detenidas, procesada s y condenadas por los delitos de traición a la patria, terrorismo y colaboración

con terrorismo entre 1992 y 1994, en aplicación de decretos leyes adoptados a partir de mayo de 1992. Se

afirma que esos decretos, así como los procesos penales de ellos derivados, son contrarios a una serie de

disposiciones de la Convención Americana. Se alega asimismo que las presuntas víctimas fueron objeto de

tortura, que una vez fueron detenidas fueron aisladas por largos períodos y fueron sometidas a otras

condiciones inhumanas de detención. Los peticionarios señalan que tras ser procesados en la justicia militar,

las presuntas víctimas fueron sometidas a nuevos juicios en el fuero ordinario. Afirman que esos juicios

fueron instruidos de conformidad con un marco legislativo en materia de terrorismo adoptado a partir de

enero de 2003, el cual alegaron ser también incompatible con la Convención Americana.

2. El Estado sostiene que los procesos seguidos a las presuntas víctimas fueron tramitados de

conformidad con las normas preestablecidas en la legislación interna y que aquellas fueron condenadas por

tribunales imparciales y competentes, con estricto apego a las ga rantías de un debido proceso. M.iesta que

a comienzos del 2003 fue adoptado un nuevo marco legislativo en materia de terrorismo que se ajusta a la

Convención Americana y a la Constitución Política del Perú. El Estado sos tiene que la Comisión debe inadmitir

las peticiones, puesto que los hechos narrados en las denuncias no tienden a caracterizar violaciones a

disposiciones de la Convención y solicita que la CIDH las declare inadmisibles en virtud del artículo 47.b) del

referido instrumento.

3. Tras examinar la posición de las partes a la luz de los requisitos de admisibilidad previstos

en los artículos 46 y 47 de la Convención, la Comisión concluyó que es competente para conocer las 59

peticiones y que las mismas son admisibles con el fin de revisar en la etapa de fondo la alegada violación de

los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana, en relación con los

artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento; y en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para

Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, la CIDH decidió acumular las 59 peticiones y tramitarlas de forma

conjunta en la etapa de fondo bajo el número de caso 12.988. La Comisión decidió notificar el presente

Informe de Admisibilidad a las partes, hacerlo público e incluirlo en su Informe Anual.

II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4. La Comisión recibió las peticiones iniciales entre noviembre de 1998 y junio de 2009. Cada

una de dichas peticiones fue debidamente trasladada al Estado, así como lo fueron sucesivamente las

comunicaciones enviadas por ambas partes, concediéndoseles los plazos reglamentarios para que se

presentaran observaciones adicionales. Los detalles de los trámites principales se encuentran contemplados

en la sección de alegatos específicos, que r esume las posiciones de las partes.

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III. CUESTIÓN PREVIA

Contexto y Marco Legislativo

5. En las denuncias consideradas en el presente informe el Estado y los peticionarios y

peticionarias describieron un primer conjunto de procesos penales seguidos a lo largo de la década de los

noventa, y un segundo conjunto realizado a partir del 2003. Los primeros procesos se basaron en decretos

leyes en materia de terrorismo, promulgados durante el gobierno del ex P.A.F.. E n

enero de 2003 el Estado peruano adoptó un nuevo marco legislativo que implicó la nulidad de una serie de

procesos por los delitos de terrorismo y traición a la patria. Antes de narrar la posición de las partes, y como

lo ha hecho en otros asuntos relacionados al mismo contexto 1, la CIDH estima necesario referirse a los dos

marcos normativos en los que se inscriben l os hechos por estas planteados, y que fueron aplicados a todos los

casos examinados en éste informe.

Legislación antiterrorista en vigor entre m ayo de 1992 y enero de 2003

6. En mayo de 1992 fue promulgado el Decreto Ley No. 25475, el cual tipifica el delito de

terrorismo en diferentes modalidades. En agosto del mismo año fue promulga do el Decreto Ley No. 25659, el

cual tipifica el delito de traición a la patria y establece la competencia de la justicia militar para conocer las

acusaciones por este delito. Esos decretos, así como los de número 25708, 25744, 25880 y otras normas

complementarias introdujeron al ordenamiento jurídico peruano procedimientos diferenciados y

excepcionales de investigación, instrucción y juzgamiento de personas acusadas de terrorismo o traición a la

patria.

7. Los decretos que conformaban la denominada “legislación antiterrorista” tenían un

difundido propósito de contener la escalada de asesinatos selectivos contra operadores de justicia, ocupantes

de cargos electivos y agentes de seguridad, desapariciones, atentados con explosivos, secuestros y otras

formas indiscriminadas de violencia contra la población civil en diferentes regiones del Perú, atribuida a

grupos insurgentes al margen de la ley.

8. Entre otros aspectos, esos decretos establecían la incomunicación absoluta de los

investigados por un lapso de tiempo determinado 2, la realización de audiencias privadas; el aislamiento

celular durante el primer año de cumplimiento de condena3, y plazos sumarios para la presentación de

denuncia y dictamen de sentencia, respecto del delito de traició n a la patria4. Asimismo, esos decretos

prohibían la asistencia de un abogado antes de la primera declaración del investigado ante un representante

del Ministerio Público5, y restringían su actuación en otras etapas del proceso penal; impedían la recusación

de magistrados u otros auxiliares de justicia6, y consagraban la figura de jueces y fiscales con identidad

secreta (”sin rostro“)7, e impedían el ofrecimiento como testigos de agentes que participaron de la

elaboración del atestado policial de detenció n8.

11 V., inter alia Informe No. 111/11. Peticiones 240-00 Y 4582-02. ADMISIBILIDAD. J.F.A.A. y L.E.ue

Q.V.. PERÚ. 22 de julio de 2011.

2 Decreto Ley No. 25475, art. 12.d.

3 Decreto Ley No. 25475, art. 20.

4 La investigación, juzgamiento y ejecución penal respecto del delito de traición a la patria fueron regulados por los Decretos

Ley No. 25708 y 25744.

5 El derecho a ser asesorado por un abogado defensor de libre elección desde las primeras etapas del procedimiento penal fue

posteriormente incorporado por el artículo 2 de la Ley 26447.

6 Decreto Ley No. 25475, art. 13.h.

7 Mediante la promulgación de la Ley 26671, el 12 de octubre de 1996, desapareció la figura de los jueces y fiscales sin rostro.

8 Decreto Ley No. 25744, art. 2.

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