Report No. 49 (2002) IACHR. Petition No. 12.400 (Trinidad y Tobago)

• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Report Number: 49
• Petition Number: 12.400
• Year: 2002
• Case Type: Admissibility
• Respondent State: Trinidad & Tobago
• Alleged Victim: Takoor Ramcharan

INFORME Nº 49/02 ADMISIBILIDAD PETICIÓN 12.400 TAKOOR RAMCHARAN TRINIDAD Y TOBAGO 9 de octubre de 2002 I. RESUMEN 1. El 26 de marzo de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la “Comisión”) recibió una petición del estudio jurídico Ashurst Morris Crisp, de Londres, Reino Unido (los “peticionarios”) relativa a la República de T. y T. (“T. y T.” o “el Estado”) en nombre de T.R., prisionero condenado a muerte en ese país. 2. La petición sostenía que el Estado procesó al señor R. de conformidad con la Ley de delitos contra la persona, de T. y T. por el asesinato de su esposa, N.R., cometido el 14 de mayo de 1994, lo declaró culpable y lo sentenció a morir en la horca el 28 de mayo de 1999. En la petición también se alegó que el Estado violó los derechos humanos del señor R. consagrados en los artículos I, II, XVII, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (la “Declaración Americana” o “la Declaración”) y en los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de los errores e irregularidades cometidos durante los procedimientos previos al juicio, del juicio y de condena. Se alega que, en oportunidad de su arresto, no se informó al señor R. sobre las razones de la detención, no se le dieron a conocer los cargos en su contra y no se le informó acerca de su derecho a contar con los servicios de un abogado, que el Estado omitió su pronto sometimiento a la justicia y que se obtuvo mediante engaño una declaración del señor R. que luego se presentó como prueba en su contra durante el juicio. Los peticionarios también sostienen que el señor R. no fue juzgado dentro de un plazo razonable, que el jurado que actuó en el caso lo hizo prejuiciado y no fue instruido adecuadamente por el juez de primera instancia y que el señor R. fue sentenciado erróneamente a la pena de muerte obligatoria. Los peticionarios aseveran, además, que el señor R. se ha visto sometido, antes y después del juicio, a condiciones de detención impropias y que se le ha negado acceso a la justicia y a una reparación efectiva de las violaciones de sus derechos denunciadas. 3. A la fecha de este informe, la Comisión no ha recibido información u observación alguna del Estado con respecto a la petición del señor R.. 4. Como se indica en este informe, habiendo examinado los argumentos de los peticionarios en lo atinente a la admisibilidad sin prejuzgar acerca de los méritos de la cuestión, la Comisión ha decidido admitir los reclamos de la petición del señor R. que guardan relación con los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana y los artículos I, II, XVII, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana y continuar con el análisis de los méritos del caso. II. PROCEDIMIENTOS ANTE LA COMISIÓN A. Peticiones y observaciones 5. Tras la presentación de la petición del señor R., la Comisión acusó recibo de ésta mediante nota a los peticionarios del 28 de marzo de 2001 y comunicó que la petición se encontraba a estudio de acuerdo con el Reglamento de la Comisión. Mediante comunicación del 24 de abril de 2001, los peticionarios presentaron a la Comisión pruebas adicionales de respaldo a la petición del señor R.. Subsiguientemente, la Comisión transmitió las partes pertinentes de la petición y las pruebas adicionales al Estado, mediante nota fechada el 11 de mayo de 2001. La Comisión solicitó al Estado que comunicara sus observaciones dentro de un plazo de dos meses, conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Comisión. 6. Mediante nota fechada el 18 de mayo de 2001, el Estado acusó recibo de la nota de la Comisión del 11 de mayo de 2001, relativa a la petición del señor R.. 7. A la fecha de este informe, la Comisión no ha recibido información u observación alguna del Estado con respecto a la petición del señor R.. B. Medidas cautelares 8. Simultáneamente con la transmisión de las partes pertinentes de la petición del señor R. al Estado, la Comisión solicitó a éste la adopción de medidas cautelares, de conformidad con lo establecido en el Artículo 25 de su Reglamento a fin de evitar un daño irreparable contra la vida del señor R. mientras la Comisión decidía acerca de a petición presentada en su nombre. Aunque la Comisión solicitó respuesta urgente a su pedido de adopción de medidas cautelares, no recibió contestación del Estado. C. Medidas provisionales 9. Ante la ausencia de respuesta alguna del estado a la solicitud de adopción de medidas cautelares formulada por la Comisión, mediante solicitud de fecha 18 de octubre de 2001 la Comisión solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”) que, de acuerdo con el Artículo 63(2) de la Convención Americana y el Artículo 25 del Reglamento de la Corte, ésta ampliara sus medidas provisionales en el caso J. y otros, para incluir en ellas al señor R. y a otras cuatro presuntas víctimas que habían presentado peticiones a la Comisión. 10. El 25 de octubre de 2001, el P. de la Corte Interamericana decidió ordenar a T. y T. que tomara todas las medidas necesarias para preservar la vida del señor R. a fin de que durante su LIII período ordinario de sesiones, la Corte pudiera examinar la pertinencia de la solicitud de la Comisión. Ulteriormente, durante su LIII período ordinario de sesiones y mediante orden fechada el 21 de noviembre de 2001, la Corte Interamericana ratificó la orden de su P., del 25 de octubre de 2001 y solicitó a T. y T. que tomara todas las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal del señor R. a fin de no obstruir el trámite de su caso en el ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. III. POSICIONES DE LAS PARTES A. Posición de los peticionarios 1. Antecedentes de los reclamos 11. De acuerdo con la petición, T.R. fue arrestado el 16 de mayo de 1994 en relación con el asesinato de su esposa, ocurrido el 14 de mayo de 1994. Fue procesado el 12 de marzo de 1997 y juzgado por homicidio entre el 20 y el 28 de mayo de 1999. El señor R. fue declarado culpable de homicidio y sentenciado a morir en la horca el 28 de mayo de 1999. Apeló ante su condena y la sentencia y en un dictamen del 12 de noviembre de 1999, el Tribunal de Apelaciones de T. y T. rechazó el pedido de autorización para apelar, tras lo cual el señor R. solicitó autorización especial para apelar como persona pobre ante el Comité Judicial del Consejo privado, que desestimó su solicitud el 20 de febrero de 2001. 12. A la fecha de la muerte de N.R., el señor R. y la occisa estaban casados pero vivían separados. Según la fiscalía, el 8 de mayo de 1994 el señor R. se presentó en la casa donde vivía la occisa y le ordenó que regresara a su lado y cuando ella rehusó hacerlo, amenazó con “hacerla picadillo” y se marchó del lugar. La noche del 14 de mayo de 1994, cuando la madre de la occisa se dirigía a la casa de ésta, la encontró gritando, cubierta de sangre y con tajos en el cuerpo, y vio al señor R. a una distancia de seis a ocho metros, aproximadamente, con un machete en la mano. La señora R. fue llevada al hospital M. donde falleció poco después. Un examen post mortem realizado el 16 de mayo de 1994 reveló que había sufrido once heridas, incluidos varios cortes y que poco antes de su muerte había ingerido cocaína y alcohol. El mismo 16 de mayo de 1994, la policía concurrió a la casa del señor R. donde, al ser arrestado, formuló una declaración potencialmente incriminante, según se dijo. También entregó a la policía la ropa que había vestido y el machete que había usado y dijo que deseaba formular una declaración por escrito. El señor R. fue llevado a una comisaría donde formuló una declaración por escrito ante la policía, que ulteriormente fue autenticada por un juez de paz. En su declaración escrita, el señor R. indicó que había encontrado a la occisa en compañía de otro hombre y que su esposa le había manifestado que lo prefería antes que al señor R.. También dijo el señor R. que el 14 de mayo de 1999 había acudido a la casa de la occisa con un machete y le había reclamado que saliera de la vivienda. Oyó que bajaba la escalera y cuando ella lo vio, se arrojó al suelo y fue en esas circunstancias que él le infligió alrededor de tres cortes. 13. En su defensa, el señor R. aseveró que no había asesinado a su esposa. Dijo que la había visto por última vez el 8 de mayo de 1994 y que en esa oportunidad ella lo había insultado y le había dicho que tenía otro hombre, al que prefería antes que a él. El señor R. negó haber visto a la occisa el 14 de mayo de 1994 y también negó haber entregado sus ropas o su machete a la policía y haber dictado a ésta una declaración. Según el señor R., acudió a la comisaría a raíz de una llamada telefónica en que se le anunció que su esposa había resultado herida tras una disputa con la madre del señor R. y que, al llegar, encontró a su madre esposada a una balanza en una sala situada frente a donde él se encontraba. El señor R. denunció que funcionarios policiales le presentaron documentos para que los firmara diciéndole que se trataba de la documentación correspondiente a liberación de su madre bajo fianza, que los firmó tal como se le instruyó y que su madre fue liberada. Poco después, otro funcionario policial anunció que la esposa del señor R. acababa de fallecer y que él sería acusado de homicidio. El señor R. sostuvo, asimismo, que no vio a juez de paz alguno. 2. Posición de los peticionarios respecto de la competencia 14. Con respecto a la competencia de la Comisión para considerar el reclamo del señor R., los peticionarios indicaron que son conscientes de que el 26 de mayo de 1998 T. y T. dio al S. General de la OEA preaviso de un año de su denuncia...