Report No. 319 (2026) IACHR. Petition No. 441-15 (Perú)

• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Year: 2025
• Case Type: Inadmissibility
• Respondent State: Perú

INFORME No. 319/25

PETICIÓN 441-15

INFORME DE INADMISIBILIDAD

W.G.

PERÚ

OEA/Ser.L/V/II

Doc. 334

1 septiembre 2025

Original: español

Aprobado electrónicamente por la Comisión el 1º de septiembre de 2025.

Citar como: CIDH, Informe No. 319/25. P.ón 441-15. Inadmisibilidad. W.G. Perú.

1º de septiembre de 2025.

www.cidh.org

I. DATOS DE LA PETICIÓN

Parte peticionaria:	W.G.1
Presunta víctima:	W.G.
Estado denunciado:	Perú
Derechos invocados:	Artículos 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos2; y otro tratado internacional3

II. TRÁMITE ANTE LA CIDH4

Presentación de la petición:	15 de mayo de 2015
Información adicional recibida durante la etapa de estudio:	6 de julio de 2015, 9 de septiembre de 2015, 31 de diciembre de 2015, 4 de enero de 2016, 15 de enero de 2016, 3 de febrero de 2018, 24 de abril de 2020 y 28 de abril de 2020
Notificación de la petición al Estado:	11 de noviembre de 2021
Primera respuesta del Estado:	22 de diciembre de 2021
Observaciones adicionales de la parte peticionaria:	27 de enero de 2022, 6 de junio de 2022 y 30 de septiembre de 2022
Observaciones adicionales del Estado:	25 de mayo de 2022
Advertencia sobre posible archivo:	11 de agosto de 2020
Respuesta de la parte peticionaria ante advertencia de posible archivo:	25 de agosto de 2020

III. COMPETENCIA

Competencia Ratione personae:	Sí
Competencia Ratione loci:	Sí
Competencia Ratione temporis:	Sí
Competencia Ratione materiae:	Sí, Convención Americana (depósito del instrumento de ratificación realizado el 28 de julio de 1978)

IV. DUPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA INTERNACIONAL, CARACTERIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional:	No
Derechos declarados admisibles:	Ninguno
Agotamiento de recursos internos o procedencia de una excepción:	No, en los términos de la sección VI
Presentación dentro de plazo:	No, en los términos de la sección VI

V. POSICIÓN DE LAS PARTES

La parte peticionaria

1. El peticionario y presunta víctima denuncia que las autoridades lo investigaron y condenaron erróneamente por el delito de homicidio calificado, empleando pruebas incongruentes y sin garantizarle su derecho al debido proceso. Además, reclama que no pudo acceder oportunamente a beneficios penitenciarios, debido a la falta de imparcialidad de los órganos de justicia hacía él y a los cambios en la legislación interna.

Inicio de la investigación y detención preliminar

2. El peticionario afirma que en septiembre de 2005 la señora C.A. falleció como consecuencia de heridas provocadas por un arma de fuego en el tórax y el abdomen. Alega que a partir de ello diversos medios de comunicación lo identificaron públicamente como el principal sospechoso del hecho, afectando su honor y presumiendo su culpabilidad. incluso antes del inicio formal de un proceso penal; indicando erróneamente que tenía una relación sentimental con la víctima.

3. Desde entonces , la Policía Nacional del Perú (en adelante, la “PNP”) inició la indagación de los hechos y se tomaron declaraciones a distintas personas, quienes sostuvieron falsamente que el peticionario tenía una relación extramatrimonial con la señora C.A. Tras una diligencia de reconocimiento físico y de otros medios de prueba, el 6 de septiembre de 2005 estos agentes lo calificaron como presunto autor del delito de homicidio. El peticionario resalta que el 5 de octubre de 2005 los policías lo detuvieron sin llamar a su abogado.

Sobre la acusación y condena del peticionario

4. El 12 de septiembre de 2006 la Octava Fiscalía Superior Penal de Lima presentó acusación en contra del peticionario y, como resultado del proceso, el 3 de julio de 2007 la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima lo condenó a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado, y fijó una reparación civil. Al respecto, el peticionario cuestiona que varios testimonios fueron incluidos en la sentencia, sin haber sido practicados como prueba durante la audiencia.

5. Debido a ello, el 3 de julio de 2007 el peticionario impugnó la sentencia, alegando una deficiente valoración probatoria; pues, entre otros puntos, no se demostró la supuesta comunicación con la señora C.A. Destacó que el reconocimiento físico incumplió las formalidades legales y que los testimonios de amigos de la mujer que falleció eran parciales por animadversión.

6. Con base en estos argumentos, el 29 de febrero de 2008, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal solicitó la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio oral, al coincidir en que la valoración probatoria presentaba incongruencias y que resultaba necesario practicar diligencias adicionales para esclarecer los hechos. Sin embargo, el 2 de julio de 2008 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió que no correspondía declarar la nulidad respecto de la responsabilidad penal de la presunta víctima como autor del delito, pero sí respecto de la pena impuesta, la cual reformó a 18 años de prisión.

7. Ante esta situación, el peticionario interpuso una demanda de revisión de sentencia, acompañada de un informe pericial criminalístico balístico forense como nueva prueba. No obstante, el 27 de octubre de 2010, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema la declaró infundada al estimar que la prueba presentada no acreditaba hechos nuevos no conocidos en el juicio, ni tenía la capacidad de demostrar su inocencia. Asimismo, concluyó que la opinión del perito no constituía un elemento idóneo para desacreditar plenamente la sentencia condenatoria.

Proceso de hábeas corpus

8. El 27 de febrero de 2009 la presunta víctima interpuso una acción de hábeas corpus contra las resoluciones que lo condenaron, solicitando la realización de un nuevo juicio oral. No obstante, luego de un fallo desfavorable de primera instancia, el 25 de agosto de 2010 la Segunda Sala Penal de R. Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó el rechazo de la demanda al no apreciar la afectación de ningún derecho constitucional. Ante esto, la presunta víctima presentó un recurso de agravio constitucional, pero en 2010 el Tribunal Constitucional lo rechazó argumentando se pretendía utilizar la justicia constitucional como una instancia adicional de la justicia penal, con el fin de reevaluar el acervo probatorio que sustentó la condena penal.

Proceso de solicitud de beneficios penitenciarios

9. Además de las irregularidades mencionadas en el proceso penal, el peticionario sostiene que las autoridades judiciales le negaron reiteradamente el acceso a beneficios penitenciarios de manera arbitraria. Explica que en enero de 2011 presentó su primera solicitud de semilibertad ante el Cuarto Juzgado Penal de Lima, la cual fue declarada improcedente. En junio de 2011, formuló un segundo pedido que también fue rechazado, argumentándose que debía abonar al menos la mitad del monto fijado por reparación civil.

10. En relación con una tercera solicitud, el peticionario alega que durante las audiencias la jueza del Cuarto Juzgado Penal manifestó abiertamente que no le otorgaría beneficios porque ya tenía un “concepto formado” sobre su persona. El 15 de marzo de 2012 la misma jueza denegó la semilibertad al entender que no estaba apto para reintegrarse a la sociedad. El peticionario apeló esta decisión, y el 22 de junio de 2012 la Segunda Sala Especializada en...