Report No. 317 (2026) IACHR. Petition No. 389-15 (Perú)

• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Year: 2025
• Case Type: Inadmissibility
• Respondent State: Perú

INFORME No. 317/25

PETICIÓN 389-15

INFORME DE INADMISIBILIDAD

JOSÉ GUILLERMO MEZA BETETA

PERÚ

OEA/Ser.L/V/II

Doc. 332

12 agosto 2025

Original: español

Aprobado electrónicamente por la Comisión el 12 de agosto de 2025.

Citar como: CIDH, Informe No. 317/25. P.ón 389-15. Inadmisibilidad.

José Guillermo Meza Beteta. Perú. 12 de agosto de 2025.

www.cidh.org

I. DATOS DE LA PETICIÓN

Parte peticionaria:	Frente de Defensa de los Intereses y Derechos Humanos del Pueblo de Moquegua
Presunta víctima:	José Guillermo Meza Beteta
Estado denunciado:	Perú
Derechos invocados:	Artículos 8 (garantías judiciales), 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos1

II. TRÁMITE ANTE LA CIDH2

Presentación de la petición:	10 de abril de 2015
Información adicional recibida durante la etapa de estudio:	31 de julio de 2017
Notificación de la petición al Estado:	29 de mayo de 2019
Primera respuesta del Estado:	6 de septiembre de 2019
Observaciones adicionales de la parte peticionaria:	16 de marzo de 2020 y 8 de diciembre de 2024
Observaciones adicionales del Estado:	25 de agosto de 2020 y 13 de septiembre de 2024
Advertencia sobre posible archivo:	5 de marzo de 2024
Respuesta de la parte peticionaria ante advertencia de posible archivo:	8 de marzo de 2024

III. COMPETENCIA

Competencia Ratione personae:	Sí
Competencia Ratione loci:	Sí
Competencia Ratione temporis:	Sí
Competencia Ratione materiae:	Sí, Convención Americana (depósito del instrumento de ratificación realizado el 28 de julio de 1978)

IV. DUPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA INTERNACIONAL, CARACTERIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional:	No
Derechos declarados admisibles:	Ninguno
Agotamiento de recursos internos o procedencia de una excepción:	Sí, en los términos de la sección VI
Presentación dentro de plazo:	Sí, en los términos de la sección VI

V. POSICIÓN DE LAS PARTES

La parte peticionaria

1. La parte peticionaria denuncia que el señor José Guillermo Meza Beteta (en adelante, “la presunta víctima” o “el señor M. fue sometido a un proceso penal sin las debidas garantías judiciales, el cual culminó con su condena a siete años de pena privativa de libertad. Alega que dicho proceso fue promovido como represalia por su negativa a aceptar presiones indebidas en el marco de un conflicto contractual con una autoridad municipal.

2. La parte peticionaria narra que la presunta víctima era el gerente general de la empresa VARMEZ S.A.C; en diciembre de 2005 esta compañía suscribió una serie de contratos con la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya para la provisión de servicios de telefonía e internet en zonas altoandinas de Moquegua. Según alega la empresa ejecutó íntegramente el proyecto; sin embargo, tras el cambio de administración municipal las nuevas autoridades se habrían negado a reconocer la deuda pendiente y a efectuar el pago correspondiente, lo que dio lugar a un conflicto contractual. Como consecuencia, la empresa inició un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima, cuyo laudo arbitral declaró fundada la demanda interpuesta por VARMEZ S.A.C., condenando a la municipalidad al pago de S/. 327,997.18 por capital y S/. 216,450.51 por intereses, por incumplimientos contractuales. La propia municipalidad reconoció dicha obligación y aprobó un calendario de pagos.

3. A pesar del reconocimiento del cumplimiento contractual por parte de la empresa, el nuevo alcalde habría condicionado el pago de la deuda pendiente al cumplimiento de exigencias económicas indebidas. Ante la negativa del señor M.B. a hacer estos pagos, aquel habría ordenado el desmantelamiento de la infraestructura instalada por la empresa y promovido acciones para desconocer la validez de lo ejecutado. Como parte de esta estrategia, el alcalde habría encargado un peritaje de parte, cuyos resultados fueron utilizados como base para formular una denuncia penal contra la presunta víctima por el delito de colusión con el anterior alcalde. La parte peticionaria sostiene que dicha denuncia carecía de sustento técnico, pues no se realizó un peritaje oficial e imparcial que determinara la supuesta sobrevaloración; así como tampoco se brindaron garantías para ejercer un adecuado control sobre la prueba utilizada en su contra.

4. Alega que luego de más de tres años de investigación la Fiscalía Provincial solicitó el sobreseimiento del caso el 24 de marzo de 2010, argumentando que no existía una pericia oficial que sustentara la sobrevaloración denunciada y que los hechos investigados no configuraban el delito de colusión. No obstante, mediante Disposición N.º 360-2010 del 10 de diciembre de 2010, el Fiscal Superior revocó dicha solicitud y ordenó formular acusación penal contra J.G.M.B. por el delito de colusión, disponiendo además la exclusión del fiscal provincial del caso.

5. El 18 de febrero de 2011 el nuevo fiscal formuló la acusación penal contra la presunta víctima. Según la parte peticionaria este agente no había intervenido en la etapa de investigación preliminar ni en la instrucción, y se habría limitado a acatar la orden de su superior sin realizar una valoración autónoma de los elementos del caso. Asimismo, indica que dicha acusación introdujo la figura penal de “concertación” como parte del hecho delictivo, sin que esta hubiera sido previamente formulada ni notificada en la etapa de formalización, lo que a su juicio vulneró el principio de legalidad y su derecho a ejercer una defensa adecuada.

6. Como resultado, y luego de varios recursos interpuestos por ambas partes, el 4 de febrero de 2013 el Tercer Juzgado Unipersonal condenó al señor M. por el delito de colusión a siete años de prisión efectiva y una reparación civil de S/. 708,303.66, pese a que el laudo arbitral había acreditado el cumplimiento del contrato por parte de la empresa. La sentencia se sustentó en un informe pericial que, según la parte peticionaria, fue elaborado de forma irregular y sin permitir el contradictorio. Esta alega además que el perito utilizó informes de parte no introducidos válidamente en el juicio oral y que la valoración probatoria se realizó prescindiendo de estándares de legalidad, incluyendo incluso hechos distintos a los originalmente imputados, como el supuesto “incumplimiento de contrato”.

7. Ante esto, la defensa de la presunta víctima apeló la decisión argumentando que la infracción a los principios de congruencia, cosa juzgada y derecho a la defensa, al haberse desestimado el laudo arbitral y dictado una condena con base en argumentos contradictorios y pruebas descalificadas. No obstante, el 9 de mayo de 2013 la Sala Penal de Apelaciones confirmó la condena, afirmando que los hechos debatidos en sede arbitral no eran idénticos a los del proceso penal.

8. En respuesta, el 9 de mayo de 2013 la representación de la presunta víctima interpuso un recurso de casación. Sin embargo, el 17 de enero de 2014 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia la declaró improcedente al considerar que no se formuló un pedido claro y concreto, sino que se pretendía incorrectamente una nueva valoración del proceso. Finalmente, aunque el señor M. también planteó dos demandas de revisión de sentencia, el 30 de octubre de 2015 y el 19 de septiembre de 2019 respectivamente la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia lo rechazó.

9. Con base en las consideraciones de hecho, la parte peticionaria alega que el...