Report No. 248 (2026) IACHR. Petition No. 780-16 (El Salvador)

• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Year: 2025
• Case Type: Inadmissibility
• Respondent State: El Salvador

INFORME No. 248/25

PETICIÓN 780-16

INFORME DE INADMISIBILIDAD

JOSÉ FERNANDO LÓPEZ ARTERO Y FAMILIA

EL SALVADOR

OEA/Ser.L/V/II

Doc. 263

21 noviembre 2025

Original: español

Aprobado electrónicamente por la Comisión el 21 de noviembre de 2025.

Citar como: CIDH, Informe No. 248/25. P.ón 780-16. Inadmisibilidad.

José Fernando L. y familia. El Salvador. 21 de noviembre de 2025.

www.cidh.org

I. DATOS DE LA PETICIÓN

Parte peticionaria:	José Fernando L. Artero
Presuntas víctimas:	José Fernando L. Artero y familia
Estado denunciado:	El Salvador
Derechos invocados:	Artículos 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos1

II. TRÁMITE ANTE LA CIDH2

Presentación de la petición:	29 de abril de 2016
Información adicional recibida durante la etapa de estudio:	28 de noviembre de 2016
Notificación de la petición al Estado:	6 de junio de 2019
Primera respuesta del Estado:	25 de agosto de 2020
Observaciones adicionales de la parte peticionaria:	4 de marzo de 2020
Observaciones adicionales del Estado:	30 de junio de 2021
Advertencia sobre posible archivo:	11 de febrero de 2025
Respuesta de la parte peticionaria ante advertencia de posible archivo:	25 de febrero de 2025

III. COMPETENCIA

Competencia Ratione personae:	Sí
Competencia Ratione loci:	Sí
Competencia Ratione temporis:	Sí
Competencia Ratione materiae:	Sí, Convención Americana (depósito del instrumento de ratificación realizado el 23 de junio de 1978)

IV. DUPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA INTERNACIONAL, CARACTERIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional:	No
Derechos declarados admisibles:	No aplica
Agotamiento de recursos internos o procedencia de una excepción:	No
Presentación dentro de plazo:	No aplica

V. POSICIÓN DE LAS PARTES

La parte peticionaria

1. La parte peticionaria (en adelante “el Sr. L.A., “el Señor L.” o “el peticionario”) alega que fue detenido arbitrariamente por agentes armados, y sometido a tortura y tratos crueles mientras se encontraba bajo custodia estatal. Asimismo, que el proceso penal, originado en un hecho de naturaleza administrativa vinculado a su labor en la Dirección General de Aduanas, vulneró su derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la integridad personal.

2. El peticionario narra que el 26 de octubre de 2015 agentes policiales se presentaron en su domicilio y lo encañonaron y esposaron sin orden judicial ni identificación visible. Estos le habrían indicado que él era responsable de un accidente de motocicleta donde había víctimas fatales. Sin embargo, el señor L. indica que no tenía una motocicleta. Habría sido golpeado en la cabeza y obligado a subir al vehículo, mientras sus hijos suplicaban que no se lo llevaran, ya que se encontraban solos debido a que su madre había viajado a los Estados Unidos el mes anterior. Luego, el señor L. fue conducido al puesto policial de Juayúa, donde habría permanecido atado bajo la lluvia, y donde luego fue obligado a firmar hojas en blanco bajo amenaza. Más tarde lo trasladaron a las Bartolinas del Sistema 911 de Sonsonate, donde le confiscaron su billetera, documentos, licencia de conducir, carnet de empleado, dinero, celular, reloj y sus lentes recetados. Cuenta que los agentes destruyeron sus lentes y se burlaron de su condición de servidor público, señalándole que “ya no era empleado, sino prisionero”. El Sr. L.A. habría sido encerrado en ropa interior sobre un suelo mojado, junto a un sanitario, sin comida ni atención médica.

3. El peticionario narra que tras dos días de detención fue trasladado a las Bartolinas de S.A., lugar en el que alega que fue agredido por otros reclusos que actuaban con la complicidad de las autoridades. Denuncia además que perdió la audición del oído derecho como consecuencia de dichas agresiones. El señor L. cuenta que su salud se deterioró gravemente debido a la falta de atención médica, lentes correctivos, y alimentos. Luego de varios días fue conducido al Juzgado de Paz del Centro Judicial de Santa Ana, donde le informaron que la acusación consistía en una presunta “entrega no autorizada de flores”, cuando era empleado de la Dirección General de Aduanas (en adelante, “la DGA”), y la respuesta del señor L. fue que dicho procedimiento fue realizado por orden directa de su superior. El Juzgado de Paz de S.A. dispuso su prisión preventiva por un período de cinco meses.

4. El Sr. L.A. alega que durante su detención no recibió atención médica por múltiples enfermedades, como escabiosis y dermatitis. Asimismo, denunció la pérdida de su empleo, la imposibilidad de cumplir con un préstamo habitacional y la interrupción de la educación de sus hijos. El 14 de marzo de 2016 el Juzgado Segundo de Instrucción de S.A. dictó su sobreseimiento provisional. Además, desde que salió de prisión enfrentó un juicio ante el Juzgado de lo Civil de Sonsonate, debido a que el Director General de Aduanas interpuso una demanda de despido en su contra.

5. El señor L. alega que su encarcelamiento fue una represalia de sus superiores por haber denunciado actos de corrupción y acoso en la institución en la que trabajaba. Además, que su encarcelamiento fue una represalia de sus jefes por haber denunciado actos de corrupción y acoso dentro de su trabajo. El señor L. menciona haber recurrido a distintas instancias internas y autoridades, como por ejemplo: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en Sonsonate y S.A., el Ministerio de Hacienda, la DGA y el Juzgado Segundo de Instrucción de S.A. –pero sin especificar detalles de recursos interpuestos o procesos judiciales internos–.

6. Por otro lado, el Sr. L.A. en sus últimas comunicaciones indica que se fue a vivir en mayo de 2016 a Estados Unidos y que sus tierras en El Salvador fueron sustraídas por parte del Estado –sin embargo, no indica las circunstancias que se habría producido el alegado despojo de tierras ni detalles de su exilio–.

El Estado salvadoreño

7. El Estado sostiene que las actuaciones de sus autoridades fueron legales y en cumplimiento de su deber de investigar delitos de corrupción. Según su posición, la detención del señor L. Artero se produjo en virtud de una orden administrativa emitida por la Oficina Fiscal de S.A., dentro de una causa penal por presunto peculado y contrabando de mercaderías. El Estado alega que la investigación fue conducida con observancia del debido proceso, que el peticionario contó con defensa técnica y que todas las decisiones judiciales se dictaron conforme a derecho.

8. El Estado explica que el señor J.F.L.A. era oficial aduanero en S.A. y fue investigado internamente por haber entregado indebidamente un cargamento incautado por la Policía Nacional Civil. Con base en ello, la Oficina Fiscal de S.A. ordenó su detención el 26 de octubre de 2015 por los delitos de peculado y contrabando de mercadería. El señor L. fue llevado a las bartolinas del 911 de S.A., y posteriormente presentado ante el Juzgado Segundo de Paz, que decretó su detención provisional. El 14 de marzo de 2016 el Juzgado Segundo de Instrucción lo sobreseyó provisionalmente, imponiéndole la obligación de firmar cada cinco días. La Fiscalía apeló, y la Cámara de lo Penal de Primera Sección del Centro de Occidente resolvió sobreseerlo definitivamente por contrabando, pero continuar el proceso por peculado, dictando además auto de apertura a juicio. El caso pasó al Tribunal Primero de...