Report No. 239 (2025) IACHR. Petition No. 382-16 (Perú)

• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Year: 2024
• Case Type: Admissibility
• Respondent State: Perú

INFORME No. 239/24

PETICIÓN 382-16

INFORME DE ADMISIBILIDAD

GERENTES Y COMUNICADORES DE RADIODIFUSORA CAPLINA

PERÚ

OEA/Ser.L/V/II

Doc. 251

10 diciembre 2024

Original: español

Aprobado electrónicamente por la Comisión el 10 de diciembre de 2024.

Citar como: CIDH, Informe No. 239/24. P.ón 382-16. Admisibilidad. Gerentes y comunicadores de Radiodifusora Caplina. 10 de diciembre de 2024.

www.cidh.org

I. DATOS DE LA PETICIÓN

Parte peticionaria:	Felipe Chino Begazo
Presunta víctima:	Radiodifusora Caplina y Frecuencia Modulada Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, N.C.L.M., Sabino Mario Aguilar Aguilar e hijos, los periodistas, reporteros y panelistas de la Radiodifusora Caplina y Frecuencia Modulada Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
Estado denunciado:	República del Perú
Derechos invocados:	Artículo 8 (garantías judiciales), 13 (libertad de pensamiento y expresión), 21 (propiedad privada), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos1

II. TRÁMITE ANTE LA CIDH²

Presentación de la petición:	7 de marzo de 2016
Información adicional recibida durante la etapa de estudio:	26 de junio de 2017
Notificación de la petición al Estado:	06 de diciembre de 2019
Reiteración de pedido de respuesta al Estado	14 de mayo de 2020
Primera respuesta del Estado:	1 de junio de 2020
Observaciones adicionales de la parte peticionaria:	3 de abril de 2021
Observaciones adicionales del Estado:	19 de julio de 2021
Manifestación de Interés/Impulso procesal por la parte peticionaria:	30 de junio de 2023

III. COMPETENCIA

Competencia Ratione personae:	Sí
Competencia Ratione loci:	Sí
Competencia Ratione temporis:	Sí
Competencia Ratione materiae:	Sí, en relación con Convención Americana (depósito del instrumento de ratificación realizado el 12 de julio de 1978)

IV. DUPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA INTERNACIONAL, CARACTERIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional:	No
Derechos declarados admisibles:	Artículos 8 (garantías judiciales), 13 (libertad de pensamiento y expresión), 21 (propiedad privada) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana; en relación con su artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos)
Agotamiento de recursos internos o procedencia de una excepción:	Sí
Presentación dentro de plazo:	Sí

V. POSICIÓN DE LAS PARTES

La parte peticionaria

1. La parte peticionaria (o también “el peticionario”) denuncia que el Estado violó los derechos a la libertad de expresión, propiedad privada, igualdad ante la ley, garantías y protección judicial de un grupo de comunicadores mediante actos de abusos de poder del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que habrían resultado en el cierre de Radio Caplina (en adelante también “la emisora”) por haber informado acerca de protestas en Tacna.

2. El peticionario narra que en 1991 se otorgó a la empresa Radiodifusora Caplina y Frecuencia Modulada una autorización para operar una estación de radiodifusión en Tacna. Posteriormente, en enero de 2001, la emisora presentó una solicitud formal de renovación automática de la autorización ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante también “MTC”) para continuar operando. Sin embargo, el 1 de abril de 2005 se declaró improcedente dicha solicitud de renovación debido a deudas de la empresa con el MTC. Tras la interposición de distintos recursos administrativos entre 2005 y 2008, el 3 de noviembre de 2008 el MTC confirmó la improcedencia del pedido de renovación. En consecuencia, el 12 de noviembre de 2008 representantes de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con el Ejército, clausuraron la emisora e incautaron los equipos de transmisión, rodeando la emisora con tanques de guerra e ingresando a patadas.

3. El cierre de la emisora, en cumplimiento de la resolución administrativa, ocurrió en el contexto de manifestaciones masivas en Perú, tras la modificación de la Ley del Canon Minero en octubre del 2008. Esta modificación había reducido significativamente la participación de Tacna en los ingresos del canon, provocando protestas en la ciudad. En este contexto, el 4 de noviembre de 2008 el gobierno declaró un estado de emergencia por 30 días en varias provincias de Tacna. La parte peticionaria denuncia que la actuación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones fue un acto de abuso de poder, que se produjo en represalia por la cobertura que Radio Caplina hizo de esas protestas sociales en Tacna.

4. Con respecto al agotamiento de los recursos internos, la parte peticionaria narra que, además de los recursos administrativos planteados ante el MTC para continuar con su licencia, interpuso una demanda de nulidad el 14 de enero de 2009, la cual fue resuelta de manera final por la Corte Suprema de Justicia el 8 de abril de 2013, resultando improcedente. El 20 de agosto de 2013 la emisora planteó una acción de amparo en contra de esa decisión del 8 de abril de 2013, pero fue declarada improcedente porque supuestamente habría sido propuesto ante un juzgado incompetente. Para el peticionario esta decisión no consideró adecuadamente el lugar de domicilio del demandante a la fecha de presentación del recurso. La decisión final que archivó este proceso de garantías constitucionales habría sido notificada el 25 de septiembre de 2016.

5. La parte peticionaria alega que, aunque la Constitución y la Convención Americana permiten restricciones durante un estado de emergencia, estas no deben anular las libertades de información, opinión y expresión. En este sentido, la intervención y clausura de la emisora fueron medidas desproporcionadas y violaron estos derechos, intentando silenciar una voz crítica y objetiva en la cobertura de eventos públicos. Estas acciones vulnerarían los citados derechos de la Convención Americana, así como legislación doméstica.

El Estado peruano

6. El Estado, por su parte, argumenta que la Radiodifusora Caplina no tiene legitimación para presentar peticiones ante la CIDH porque la Convención Americana sólo protege a personas naturales. En este sentido, recuerda que ese organismo ha emitido varias decisiones inadmitiendo peticiones presentadas por entidades comerciales bajo condición de víctimas directas. Perú también señala que la legislación nacional invocada como presuntamente violada no forma parte de los derechos protegidos por la Convención, y que la CIDH no puede actuar como una cuarta instancia para revisar decisiones judiciales internas.

7. Sobre el agotamiento de recursos internos el Estado argumenta que la petición inicial fue enviada a la Comisión el 7 de marzo de 2016, antes de que se resolvieran las controversias sobre la demanda de nulidad de una de las resoluciones administrativas impugnadas; ya que, según indica, la decisión final del Tribunal Constitucional en el recurso de amparo fue notificada el 25 de septiembre de 2016.

8. Asimismo, afirma que la petición fue interpuesta mientras se encontraban pendientes las resoluciones finales de dos expedientes judiciales que fueron abiertos en 2011. En estos procesos los afectados cuestionan la improcedencia de un pedido administrativo formulado en 2010, en el que intentaban la restitución de la autorización de la Radio Caplina, dejando sin efecto las decisiones administrativas tomadas en 2008. Según el Estado, se habría notificado la resolución de uno de los...