Report No. 138 (2023) IACHR. Petition No. 1293-13 (Perú)

• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Year: 2023
• Case Type: Admissibility
• Respondent State: Perú

INFORME No. 138/23

PETICIÓN 1293-13

INFORME DE ADMISIBILIDAD

VÍCTOR JUÁREZ ALVARADO Y FAMILIA

PERÚ

OEA/Ser.L/V/II

Doc. 148

2 agosto 2023

Original: español

Aprobado electrónicamente por la Comisión el 2 de agosto de 2023.

Citar como: CIDH, Informe No. 138/23. P.ón 1293-13. Admisibilidad. Víctor Juárez Alvarado y familia. Perú. 2 de agosto de 2023.

www.cidh.org

I. DATOS DE LA PETICIÓN

Parte peticionaria:	Asociación Pro-Derechos Humanos, D.R.J.M. y C.A. de Juárez
Presunta víctima:	Víctor Miguel Juárez Alvarado y familia1
Estado denunciado:	Perú2
Derechos invocados:	Artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos3

II. TRÁMITE ANTE LA CIDH4

Presentación de la petición:	5 de agosto de 2013
Información adicional recibida durante la etapa de estudio:	21 de septiembre de 2016
Notificación de la petición al Estado:	11 de junio de 2018
Primera respuesta del Estado:	14 de septiembre de 2018
Observaciones adicionales del Estado:	14 de septiembre de 2020 y 29 de marzo de 2023
Advertencia sobre posible archivo:	14 de febrero de 2020
Respuesta de la parte peticionaria ante advertencia de posible archivo:	16 de marzo de 2020

III. COMPETENCIA

Competencia Ratione personae:	Sí
Competencia Ratione loci:	Sí
Competencia Ratione temporis:	Sí
Competencia Ratione materiae:	Sí, Convención Americana (depósito del instrumento de ratificación realizado el 28 de julio de 1978); y Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (depósito del instrumento de ratificación realizado el 13 de febrero de 2002)

IV. DUPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA INTERNACIONAL, CARACTERIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional:	No
Derechos declarados admisibles:	Artículos 3 (reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (vida), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana; y el artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
Agotamiento de recursos internos o procedencia de una excepción:	Sí, en los términos de la Sección VI
Presentación dentro de plazo:	Sí, en los términos de la Sección VI

V. POSICIÓN DE LAS PARTES

Alegatos de la parte peticionaria

1. La parte peticionaria alega que sujetos armados secuestraron y desaparecieron al señor J.A. mientras estaba en un operativo como suboficial del ejército. Denuncia que a pesar de que las Fuerzas Armadas tomaron conocimiento temprano de la situación, no adoptaron las medidas adecuadas para buscar a la presunta víctima y que los hechos sean debidamente investigados, a efectos de sancionar a los responsables. Finalmente, manifiesta que las autoridades tampoco repararon a los familiares del señor Juárez Alvarado por los daños causados, ni cumplieron con el otorgamiento de los derechos y beneficios que les correspondían.

Desaparición del señor V.J., acciones de búsqueda y alegada falta de medidas para lograr la investigación de los hechos

2. Los peticionarios narran que, en el contexto de la lucha contrasubversiva en el departamento de San Martín, durante el conflicto armado, las autoridades de las Fuerzas Armadas asignaron al señor J., junto con el oficial M.B., a una diligencia de indagación sobre un presunto dirigente subversivo en la localidad de Uchiza, provincia de Tocache. Así, alrededor del mediodía del 13 de junio de 1990, ambos se dirigieron a una “piscigranja”, lugar en el que cuatro sujetos armados, según testigos, los emboscaron y obligaron a bajar del vehículo en el que se trasladaban. Indican que el oficial M.B. logró escapar y se mantuvo oculto, mientras que el señor J.A. fue capturado. A modo de prueba, la parte peticionaria indica que un “colaborador del Ejército” afirmó que “vio que a las 16 horas el agente de inteligencia J. era conducido amarrado por el sector denominado la Oroya (distante a 2 kilómetros de la Piscigranja) e informó de esto a la Base a las 19:00”.

3. Tras este suceso, el oficial M.B. se dirigió a la base militar de Uchiza y relató lo ocurrido. En consecuencia, el 14 de junio de 1990 se desplegó el esquema de búsqueda “Plan Rescate”, en el cual se dispuso la salida de varias patrullas en dirección a La Oroya, S.J., Cajatombo y otras localidades para ubicar a la presunta víctima. Sin embargo, la operación de búsqueda concluyó el mismo día a las 3:30 de la tarde, sin que continuara los días posteriores. Señalan que pesar de que el 2 de julio de 1990 el mayor J.M.H., entonces jefe del cuartel L.P. del ejército, denunció la desaparición de la presunta víctima ante el Juzgado de Paz de Primera Nominación, no se abrió investigación alguna.

4. Indican además que el 17 de junio de 1990 un compañero de la presunta víctima llamó a sus padres para informarles sobre el secuestro, razón por la cual acudieron a las instalaciones de la Dirección de Inteligencia del Cuartel General del Ejército, donde les confirmaron de la desaparición. Indican –sin aportar mayores detalles– que, aunque los padres de la presunta víctima acudieron diariamente entre agosto y septiembre de ese año al cuartel general para solicitar más información, los miembros de las Fuerzas Armadas les recomendaron no hacer público lo ocurrido por el riesgo a la vida de la presunta víctima y su familia, y les aseguraron que el ejército se estaría encargando de las investigaciones. No obstante, refiere que las Fuerzas Armadas calificaron como confidencial la desaparición de V.J., por lo que la familia no tuvo acceso a la documentación generada, a pesar de haber hecho reiterados pedidos, y solo extraoficialmente pudieron conocer la versión del oficial M.B.

Acceso al expediente administrativo, denuncia ante la Fiscalía y problemas por la inadecuada tipificación del delito de desaparición forzada

5. Una vez a cargo de la representación de la familia del señor J.A., la parte peticionaria informa que el 30 de septiembre y el 16 de noviembre de 2011 solicitó al Ministerio de Defensa copias de los informes relacionados con el caso, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, requiriendo específicamente una copia del informe administrativo de investigación No. 002/k-1/20.04.02 del 15 de marzo de 1991, emitido por la Inspectoría del Destacamento del Cuartel Leoncio Prado de Tarapoto. Explica que en este informe, al cual tuvieron acceso el 12 de diciembre de 2011, el Inspector del Destacamento “L. Prado” recomendó a su comandante general, entre otras cuestiones, que “se denuncie ante la Fiscalía Provincial de Tocache a los que resulten responsables del delito de secuestro en agravio de Juárez Alvarado Victor”. Considerando lo anterior, la parte peticionaria requirió información, entre otros, al Fiscal de la Nación sobre la existencia de alguna denuncia penal formulada a partir de la desaparición de V.J.. Sin embargo, el 10 de septiembre de 2012 la Fiscalía Mixta de Tocache mediante ofició negó haber recibido alguna queja por estos hechos, razón por la cual el 5 de diciembre de 2012 los padres del señor Juárez Alvarado formularon denuncia penal por los delitos de secuestro y desaparición forzada en agravio de su hijo.

6. Así, informa que si bien el 14 de enero de 2013 la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza abrió una investigación preliminar, el 5 de agosto de 2013, mediante Disposición No. 3, la archivó al considerar que “no había lugar para formalizar una denuncia ni...