Report No. 132 (2025) IACHR. Petition No. 317-15 (Colombia)

• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Year: 2025
• Case Type: Inadmissibility
• Respondent State: Colombia

INFORME No. 132/25

PETICIÓN 317-15

INFORME DE INADMISIBILIDAD

FAMILIARES DE DIANA MUEGUES RONDÓN

COLOMBIA

OEA/Ser.L/V/II

Doc. 138

19 julio 2025

Original: español

Aprobado electrónicamente por la Comisión el 19 de julio de 2025.

Citar como: CIDH, Informe No. 132/25. P.ón 317-15. Inadmisibilidad.

Familiares de D.M.R.. Colombia. 19 de julio de 2025.

www.cidh.org

I. DATOS DE LA PETICIÓN

Parte peticionaria:	Con reserva de identidad1
Presuntas víctimas:	Diana Muegues Rondón, E.R.R., Sergio José Muegues Salas, E.G.M., Yurandis Helena González Muegues, E.E.G.M., D.M.R., G.M.R., D.M.R., Javier Muegues Rondón, S.M.R., J.M.R., Yeison Muegues Ramírez, C.A.M.R. y Sergio Muegues Rondón
Estado denunciado:	Colombia2
Derechos invocados:	Artículos 3 (reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos3

II. TRÁMITE ANTE LA CIDH4

Presentación de la petición:	25 de febrero de 2015
Notificación de la petición al Estado:	26 de junio de 2023
Respuesta del Estado:	31 de octubre de 2023
Información adicional recibida durante la etapa de admisibilidad:	7 de diciembre de 2023
Advertencia sobre posible archivo:	14 de septiembre de 2020 y 5 de abril de 2023
Respuesta de la parte peticionaria ante advertencia de posible archivo:	22 de septiembre de 2020 y 10 de abril de 2023

III. COMPETENCIA

Competencia Ratione personae:	Sí
Competencia Ratione loci:	Sí
Competencia Ratione temporis:	Sí
Competencia Ratione materiae:	Sí, Convención Americana (depósito del instrumento de ratificación realizado el 31 de julio de 1973)

IV. DUPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA INTERNACIONAL, CARACTERIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional:	No
Derechos declarados admisibles:	Ninguno
Agotamiento de recursos internos o procedencia de una excepción:	Sí
Presentación dentro de plazo:	Sí

V. POSICIÓN DE LAS PARTES

La parte peticionaria

1. La parte peticionaria denuncia la negativa de los tribunales internos de reparar a los familiares de D.M.R. por su ejecución extrajudicial, presuntamente cometida por agentes de la policía.

2. La parte peticionaria relata que cerca de las 11:45 p.m. del 20 de enero de 2004 sujetos desconocidos arrojaron una granada de fragmentación en la residencia de la señora D.M.R. en Santa Marta, donde pernoctaba con su conviviente y sus dos hijas. El artefacto explotó en la habitación en que dormían ella y el señor E.E.G.M., resultando en el fallecimiento de la primera y en graves heridas para el segundo.

3. Explica que horas antes, sobre las 4:00 p.m. de ese día, la Sra. Muegues Rondón había participado en un altercado que se dio entre vecinos del sector y funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (en adelante “SIJIN”) de la Policía Nacional por el presunto uso excesivo de la fuerza ejercido durante una captura de un vecino que resultó con una pierna fracturada. Luego, agentes de la SIJIN de la policía metropolitana del departamento la siguieron a casa de su hermano mayor, y allí le preguntaron dónde vivía ella, a lo que se rehusó a contestar, pero la habrían seguido hasta su residencia. La parte peticionaria asegura que esos mismos agentes de la SIJIN arrojaron la granada de fragmentación que acabó con su vida.

4. Los familiares de la Sra. M.R. promovieron una demanda de reparación directa por su asesinato en vista de que ella era la principal proveedora para sus padres, hijos, pareja y hermanos. El 15 de diciembre de 2006 el Tribunal Administrativo del M. admitió la demanda, aunque por competencia la remitió al Juzgado Sexto Administrativo del circuito de Santa Marta. El 31 de enero de 2014 el juzgado emitió una sentencia por medio de la que denegó las pretensiones de los demandantes y absolvió a la Nación de responsabilidad administrativa por el hecho. La parte peticionaria señala que apeló dicha decisión, pero en septiembre de 2014 el Tribunal Administrativo de M. confirmó el fallo de primera instancia, y lo notificó mediante un edicto fijado del 25 al 29 de septiembre de 2014.

1. La parte peticionaria aduce que las sentencias se sustentaron en que los actos no tuvieron relación con el servicio, pues los agentes de la SIJIN actuaron como ciudadanos particulares al cometer el delito, además, consideró que no se probó que éste hubiera sido cometido por miembros activos de la Policía Nacional. No obstante, la parte peticionaria sostiene que sí era posible inferir la participación de agentes estatales en el suceso conforme a la sana crítica, ya que los tribunales internos debían valorar que los funcionarios de policía se encargaron de ocultar y desaparecer cualquier evidencia, pero hubo dos testigos que presenciaron que los agentes de la SIJIN se desplazaron al sitio y arrojaron la granada. Por ello, considera que fueron fallos parcializados que restaron efectividad probatoria a estos testimonios para favorecer al Estado. Con ello, alega que los tribunales violaron los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

5. En respuesta a los alegatos del Estado, la parte peticionaria asevera que la petición no incurre en la denominada ‘fórmula de la cuarta instancia internacional’ porque ocurrió una manipulación de la escena de los hechos por parte de los policías y porque los tribunales internos realizaron una “ponderación rígida” de pruebas y desestimaron testimonios por razones triviales, por lo que ello resulta en una violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la Sra. M.R. y sus familiares.

El Estado colombiano

2. El Estado replica que la presente petición es inadmisible por la configuración de la denominada doctrina de la ‘cuarta instancia internacional’, en la medida en que la parte peticionaria plantea una mera disconformidad con las sentencias adoptadas en la jurisdicción interna.

3. Con respecto a los hechos denunciados, detalla que el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de S.M. fue el encargado de decidir el proceso y absolvió a la Nación de responsabilidad administrativa porque consideró que no existía prueba que acreditara que la granada era de dotación oficial de la policía y dado que los dos testimonios presentados por los demandantes eran contradictorios con las versiones rendidas por los mismos testigos ante las autoridades, por lo que no resultaban creíbles. R. que el Tribunal Administrativo del M. confirmó esa determinación en segunda instancia el 10 de septiembre de 2014 después de valorar todas las pruebas nuevamente y encontrar las mismas contradicciones testimoniales, y descreditar estos dichos porque podían estar parcializados en vista de que las testigos eran familiares de la persona que había sido detenida por la SIJIN el día anterior.

6. Acerca de la investigación penal adelantada por el asesinato de la Sra. M.R., el Estado informa que el 20 de enero de 2004 la Fiscalía 18 delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de S.M. abrió la indagación correspondiente, pero el 30 de julio de 2004 emitió una resolución por la cual se abstuvo de iniciar instrucción penal por el hecho por imposibilidad de obtener información sobre los posibles responsables.

7. Colombia asegura que, de la lectura minuciosa del escrito de petición inicial y sus anexos, considera que su objeto principal se centra en un desacuerdo con las decisiones proferidas por la jurisdicción contencioso-administrativa sobre la responsabilidad...