Report No. 116 (2020) IACHR. Petition No. 221-12 (Brasil)

CourtInter-American Comission of Human Rights
Alleged VictimClaudio Rogério Rodrigues Da Silva
Report Number116
Petition Number221-12
Case TypeAdmissibility
Respondent StateBrasil
Informe No. 116/20















INFORME No. 116/20

PETICIÓN 221-12

INFORME DE ADMISIBILIDAD


CLAUDIO ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA

BRASIL


OEA/Ser.L/V/II.

D.. 126

25 abril 2020

Original: portugués






























Aprobado electrónicamente por la Comisión el 25 de abril de 2020.








Citar como: CIDH, Informe No. 116/20. Petición 221-12. Admisibilidad. C.R.R. da S.. Brasil. 25 de abril de 2020.



www.cidh.org


I. DATOS DE LA PETICIÓN

Parte peticionaria:

Claudio Rogério R. da S. y Gustavo Marchiori

Presunta víctima:

Claudio Rogério R. da S.

Estado denunciado:

Brasil1

Derechos invocados:

Artículos 5 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales), 10 (derecho a indemnización), 11 (protección de la honra y de la dignidad), 14 (derecho de rectificación o respuesta), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos2, en relación con el artículo 1.1, y artículos II (derecho de igualdad ante la ley), V (protección de la honra y la vida privada), XIV (derecho al trabajo), XVII (reconocimiento de la personalidad jurídica), XVIII (garantías judiciales), XXIV (protección judicial) y XXVI (presunción de inocencia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre3

II. TRÁMITE ANTE LA CIDH4

Fecha de presentación

de la petición:

9 de febrero de 2012

Fecha de notificación

de la petición al Estado:

2 de octubre de 2013

Fecha de la primera respuesta

del Estado:

27 de diciembre de 2013

Observaciones adicionales

de la parte peticionaria:

24 de febrero, 30 de mayo y 16 de diciembre de 2014; 23 de septiembre de 2019

Observaciones adicionales

del Estado:

11 de abril de 2014

III. COMPETENCIA

Competencia ratione personae:

Competencia ratione loci:

Competencia ratione temporis:

Competencia ratione materiae:

Sí, Convención Americana (instrumento adoptado el 25 de septiembre de 1992)

IV. DUPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA INTERNACIONAL, CARACTERIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Duplicación de procedimientos

y cosa juzgada internacional:

No

Derechos declarados admitidos:

Artículos 5 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1

Agotamiento de los recursos internos o aplicabilidad de una excepción a la regla:

Presentación dentro del plazo:

Sí, 15 de diciembre de 2014

V. HECHOS ALEGADOS

  1. La parte peticionaria afirma que el Estado brasileño es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, a la igualdad, a las garantías judiciales y a la protección judicial de C.R.R. da S. (en adelante “el señor R. da S.” o “la presunta víctima”), agente de la policía militar que fue expulsado del curso de formación de oficiales por medio de un proceso administrativo debido a su orientación sexual.


  1. Los peticionarios alegan que la presunta víctima es agente de la policía militar desde septiembre de 2002 y que, en 2009, fue aprobado en un concurso para ingresar en el curso de oficiales. Por consiguiente, el señor R.d.S. fue convocado a las clases, que comenzaron el 9 de febrero de 2009. El 22 de abril de 2009 fue sometido a una “investigación social”, cuyas conclusiones llevaron a su expulsión del curso el mes siguiente. La presunta víctima indica que no le informaron sobre el motivo de la expulsión, el cual sería secreto. A pesar de que no tiene acceso a esa información, afirma que sufrió discriminación por razón de su orientación sexual, en vista de la índole de las preguntas que le hicieron en la investigación social, que estaban relacionadas con su orientación sexual y con detalles de su vida privada y de sus relaciones personales. Señala que a varios colegas y vecinos les hicieron preguntas sobre la orientación sexual de él.

  2. Ante la falta de información sobre su reprobación, el 21 de mayo de 2009 presentó un mandamiento de seguridad5, que le fue concedido provisionalmente. El 23 de mayo de 2009, la presunta víctima pudo volver a asistir al curso de oficiales. El motivo de la expulsión aducido por el comandante de la Academia de Policía Militar de Barro Branco (en adelante “APMBB”) en cumplimiento del mandamiento provisional era que el señor R.d.S. no había notificado un incidente en el cual había sido llevado a una comisaría, acusado de ser el autor de un delito, lo cual daba lugar a la “incompatibilidad con las funciones de agente de la policía militar”. No obstante, la presunta víctima niega las acusaciones. El señor R.d.S. habría sido expulsado del curso el 18 de mayo de 2009 por la mañana, según la carta emitida esa misma mañana. Sin embargo, afirma que el documento se refería a una decisión adoptada por una comisión que se reunió ese mismo día por la tarde. La presunta víctima alega que la carta fue expedida por otro órgano, en fecha anterior, motivada por la homofobia.

  3. El 16 de diciembre de 2009 se denegó el mandamiento de seguridad en cuanto a su fondo. El recurso también fue denegado en apelación por el Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo (en adelante “TJSP”) el 21 de septiembre de 2010. La presunta víctima interpuso embargos de declaración, que también fueron denegados el 15 de marzo de 2011. Según la presunta víctima, las autoridades judiciales dieron por verdaderas todas las aserciones de la APMBB, a pesar de que eran falsas. La presunta víctima interpuso un recurso aclaratório contra la sentencia en segunda instancia, pero el TJSP no los admitió. Alega que, el 25 de mayo de 2011, interpuso un recurso extraordinario ante el Supremo Tribunal Federal (en adelante “STF”) y un recurso especial ante el Tribunal Superior de Justicia (en adelante “STJ”). Por último, indica que interpuso un recurso contra la decisión denegatoria de recurso extraordinario. Al respecto, informa que, hasta la última comunicación, de 2017, no se había dictado sentencia en relación con el recurso.

  4. La presunta víctima señala que denunció el caso al Ministerio Público, el cual inició una indagación civil el 7 de julio de 2011. No obstante, le informaron que el procedimiento fue archivado debido a la imposibilidad de probar la existencia de un patrón de trato discriminatorio en el órgano policial. En febrero de 2011, la presunta víctima denunció el caso a la Secretaría de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del Estado de São Paulo. En su denuncia señaló que se había violado la Ley 10948/2001, que dispone las sanciones aplicables a la discriminación por motivos de orientación sexual. La queja fue remitida a la Secretaría de Seguridad Pública (en adelante “SSP”) y, posteriormente, a la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Militar en marzo de 2011. En septiembre del mismo año, el señor R. da S. pidió información sobre el estado del caso a la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Militar, la cual denegó el pedido y le dijo que se limitaría a remitir información al órgano solicitante (la Secretaría de Seguridad Pública). Entonces, acudió a la SSP, la cual le dijo que debía pedir información sobre su caso a la Veeduría Policial. Así lo hizo, pero no obtuvo respuesta. Por último, recurrió a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, la cual remitió el pedido a la Defensoría Pública del Estado de São Paulo, pero no indicó si se había tomado alguna medida. Finalmente, afirma que fue privado de libertad debido a un proceso fraudulento iniciado el 15 de agosto de 2019.

  5. El Estado no contesta los hechos expuestos en la petición. Indica que el mandamiento de seguridad fue denegado porque el comportamiento de la presunta víctima era incompatible con la carrera, ya que, para ocupar el cargo al cual aspiraba, debía tener una reputación irreprensible e intachable. Agrega que todos los alumnos tienen solo una expectativa de derecho con respecto a su formación y no el derecho de permanecer en los cuadros del órgano policial. Recalca que el recurso especial presentado ante el Tribunal Superior de Justicia fue denegado el 13 de marzo de 2013 y que el recurso extraordinario presentado ante el Supremo Tribunal Federal fue denegado el 18 de abril de 2013. Indica asimismo que todavía no se ha tomado una decisión definitiva en la investigación que está realizando la Veeduría Policial, razón por la cual el proceso administrativo sigue pendiente. Por eso, el Estado alega la falta de agotamiento de los recursos internos. Además, afirma que no se ha caracterizado una violación de derechos protegidos por la Convención Americana, por entender que la presunta víctima no ha probado los hechos alegados, y recalca que no incumbe a la Comisión revisar las decisiones tomadas por tribunales de jurisdicción interna.

VI. AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

  1. La presunta víctima alega que hay una demora injustificada del Estado en dictar sentencia con respecto al recurso contra la decisión denegatoria de recurso extraordinario presentado ante el Supremo Tribunal Federal. Señala que el retraso en la conclusión del proceso frustra sus posibilidades de llegar a ser oficial, en vista del envejecimiento y de los plazos para avanzar en la carrera. El Estado, por su parte, afirma que no se agotaron los recursos internos y que no incumbe a la Comisión revisar las decisiones tomadas en el ámbito interno.

  2. Según la...

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