Report No. 112 (2019) IACHR. Petition No. 973-09 (Jamaica)

• Year: 2019
• Petition Number: 973-09
• Report Number: 112
• Respondent State: Jamaica
• Case Type: Admissibility
• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Alleged Victim: Janice Allen y familia

INFORME No. 112/19

PETICIÓN 973-09

INFORME DE ADMISIBILIDAD

JANICE ALLEN Y FAMILIA

JAMAICA

OEA/Ser.L/V/II.16X

Doc. 121

10 junio 2019

Original: inglés

Aprobado electrónicamente por la Comisión el 10 de junio de 2019.

Citar como: CIDH, Informe No. 112/19, Petición 973-09. Admisibilidad. Janice y familia. Jamaica.10 de junio de 2019.

www.cidh.org

I. DATOS DE LA PETICIÓN

Parte peticionaria:	Jamaiquinos por la Justicia (JFJ) y Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington
:	Janice Allen y familia1
Estado denunciado:	Jamaica2
Derechos invocados:	Artículos 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 19 (derechos del niño) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos3 en relación con sus artículos 1(1) y 2

II. TRÁMITE ANTE LA CIDH⁴

Presentación de la petición:	5 de agosto de 2009
Notificación de la petición al Estado:	7 de junio de 2013
Primera respuesta del Estado:	9 de septiembre de 2013
Observaciones adicionales de la parte peticionaria:	6 de diciembre de 2013
Observaciones adicionales del Estado:	18 de febrero de 2014
Advertencia sobre posible archivo:	26 de octubre de 2017
Respuesta de la parte peticionaria ante advertencia de posible archivo:	13 de diciembre de 2017

III. COMPETENCIA

Competencia Ratione personae:	Sí
Competencia Ratione loci:	Sí
Competencia Ratione temporis:	Sí
Competencia Ratione materiae:	Sí, Convención Americana (depósito de instrumento de ratificación el 7 de agosto de 1978)

IV. DUPLICACIÓN DE PRCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA INTERNACIONAL, CARACTERIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE LO RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional:	No
Derechos declarados admisibles:	Artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 19 (derechos del niño) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en relación sus artículos 1(1) y 2
Agotamiento de recursos internos o procedencia de una excepción:	Sí, el 19 de marzo de 2009
Presentación dentro de plazo:	Sí

V. HECHOS ALEGADOS

1. Los peticionarios alegan el asesinato de Janice Allen (en adelante “la señorita Allen” o “la presunta víctima”), de 13 años de edad, a manos de Rohan Allen, exoficial de policía de la Fuerza Policial de Jamaica (Jamaican Constabulary Force, “JFC”), quien ocasionó su muerte por un disparo de arma de fuego el 14 de abril de 2000. Afirman que la muerte extrajudicial de Janice Allen y la posterior falta del Estado de investigar, juzgar y sancionar ese delito son parte de un patrón de homicidios con armas de fuego a mano de oficiales que ha sido ampliamente documentado y que prácticamente goza de una impunidad absoluta. Los peticionarios señalan que la muerte de Janice Allen y el profundo dolor de los familiares de ésta son fruto del accionar deficiente por parte de los investigadores, fiscales y jueces que se confabularon para eximir a la fuerza policial de responsabilidad penal, lo que en este caso provocó un aborto judicial prevenible.

2. Alegan que, sin lugar a duda, Janice Allen fue víctima de un homicidio policial. Su hermana, Ann Marie Allen, de 17 años, se encontraba junto a la presunta víctima en el momento de la muerte de ésta y presenció los hechos. Ellas habían salido a comprar comida y se detuvieron a charlar con unos amigos. Vieron unas patrullas y al escuchar disparos, se agacharon y echaron al suelo sobre la calle. Cuando cesaron los disparos, Janice se levantó y salió corriendo a buscar dónde refugiarse. Indican que la hermana, Ann Marie, vio que un oficial se puso de pie y disparó un arma de fuego en dirección a la presunta víctima. Añaden que a pesar de los ruegos de Ann Marie, los miembros de la JFC presentes en la escena del crimen se rehusaron a trasladar a la presunta víctima al hospital al responderle que “no querían que la sangre de Janice quedara en su automóvil”. Aducen que la policía no tomó ninguna medida para asistir a la señorita Allen y que más de media hora más tarde un civil de la zona accedió a ayudar y trasladar a la presunta víctima hasta un hospital. A pesar de ello, Janice Allen falleció en el camino.

3. Afirman que se le practicó una autopsia y que los resultados confirmaron que su muerte fue por impacto de bala en el pecho, con orificio de entrada en la espalda. Sostienen que, si bien se demostró que los perdigones extraídos del cuerpo de la presunta víctima correspondían al arma de fuego entregada al oficial Rohan Allen el día del crimen, y aunque éste reconoció en su declaración que portaba una pistola, los investigadores y la fiscalía no lograron establecer quién entregó el arma o confirmar que el arma hubiera sido entregada al presunto autor del crimen debido a la desaparición de las pruebas.

4. Los peticionarios argumentan que otro civil que presenció el incidente estuvo detenido por 13 meses por “delitos con armas de fuego” con base en una acusación policial según la cual, en la escena del crimen, se había hallado una pistola entre las pertenencias del testigo y éste habría participado en el tiroteo. Luego de la absolución y puesta en libertad del testigo, la policía no le tomó declaración; tampoco interrogó o identificó a otros testigos.

5. Los peticionarios aducen que en la semana previa al juicio y en la semana posterior a éste, la señora Millicent Forbes (madre de Janice) y su familia fueron hostigados mediante amenzas, intentos de soborno y la detención del hermano de la presunta víctima, Andre Lindo. Andre Lindo, de 19 años de edad, fue arrestado el 14 de mayo de 2001 y permaneció detenido por una noche, sin que se le informara el motivo de su arresto. Fue liberado sin cargos en su contra tras una supuesta manifestación de grupos de derechos humanos. Afirman que Ann Marie Allen, hermana de Andre Lindo y de la presunta víctima, vio cuando éste era arrestado. Fue a la comisaría a averiguar la razón del arresto; no obstante, fue abusada verbalmente por medio amenazas en contra de su vida y la de su familia. Aducen que la señora Forbes también intentó averiguar sobre el paradero y la detención de su hijo pero que en la comisaría ninguno de los oficiales le brindó información. Alegan que en dos oportunidades la señora Forbes fue objeto de ofertas de dinero. La primera fue el 18 de mayo de 2001, donde unos oficiales, en nombre del supuesto autor del crimen, le propusieron $150 000 a cambio de no avanzar con la causa; la segunda oferta provino de un supuesto líder de un grupo de delincuentes de la zona, quien le ofreció $125 000. Ambas ofertas fueron rechazadas. Los peticionarios señalan que aunque la familia se vio intimidada por estos hechos, esta decidió avanzar con el caso.

6. Alegan que en la audiencia preliminar del 26 de junio de 2001 hubo varias demoras, por lo que hasta finales de noviembre de 2002 se contabilizaron más de 15 aplazamientos, que se debieron a la falta de citación de los testigos, el extravío de pruebas —razón por la que los peritos no pudieron testificar— y la falta de presentación de las páginas faltantes del documento de registro del arma de fuego. Afirman que en el Tribunal de Circuito el juicio fue programado para el 15 de marzo de 2004, luego de 5 aplazamientos, y que la fiscalía explicó al tribunal que, debido a inconvenientes con las pruebas, no tenía evidencia para presentar en contra del acusado, por lo cual solicitó que el juez ordenara al jurado absolver al acusado.

7. Los peticionarios aducen que en la investigación de la muerte de la presunta víctima hubo numerosas faltas e irregularidades tales que impidieron la efectividad del proceso judicial y la imparcialidad en el procesamiento y que debilitaron —o frustraron— la causa. Algunas irregularidades mencionadas fueron la falta de una rueda de reconocimiento de sospechosos, la demora en la toma de declaración a los testigos y la desaparición del registro de la comisaría relacionado con la fecha del crimen y los hechos en torno a este último. El registro fue recuperado 9 años después del homicidio. Específicamente señalan que luego de la autopsia se informó que los perdigones extraídos del cuerpo de la víctima correspondían a la pistola entregada al oficial acusado, pero que el acervo probatorio desapareció. También alegan la falta de recursos para denunciar la mala conducta de la fiscalía o la violación de garantías judiciales básicas. Añaden que los testigos clave se volvieron favorables al Estado dos días después del juicio.

8. El 12 de julio de 2004 la señora Forbes presentó un recurso de revisión judicial en el que argumentó que la absolución del acusado fue producto de hechos de fraude cometidos por la Dirección de Fiscalías Públicas (Department of Public Prosecution, “DPP”) y el Tribunal,...