Report IACHR. Case No. 12.999 (Ecuador)

CourtInter-American Comission of Human Rights
Case TypeCases in the Court
Alleged VictimJulio Viteri Ungaretti y familia
Case Number12.999
Respondent StateEcuador
Submitted Date05 July 2021


www.cidh.org

Citar como: CIDH. Informe No. 8/20. Caso 12.999. Fondo. Julio R.V.U. y Familia. Ecuador. 3 de marzo de 2020.

Aprobado por la Comisión en su Sesión No. 2165 celebrada el 3 de marzo de 2020.
175 Período de Sesiones


OEA/Ser.L/V/II.175

Doc. 14

3 de marzo 2020

Original: español

INFORME No. 8/20

CASO 12.999

INFORME DE FONDO

JULIO R.V.U. Y FAMILIA


ECUADOR




INFORME Nº 8/20

CASO 12.999

FONDO

JULIO R.V.U. Y FAMILIA

ECUADOR

3 DE MARZO DE 2020


I. INTRODUCCIÓN 2

II. ALEGATOS DE LAS PARTES 2

A. Parte peticionaria 2

B. El Estado 3

III. DETERMINACIONES DE HECHO 4

A. normativo relevante 4

B. Denuncia de J.V. por la comisión de presuntos actos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas 5

C. Procesos de hábeas corpus y de amparo 8

D. Asilo político de J.V. y su familia en el Reino Unido 9

IV. ANÁLISIS DE DERECHO 10

A. La libertad de expresión y su vínculo con la lucha contra la corrupción 10

B. Derecho a la libertad de pensamiento y expresión (Artículo 13 de la Convención Americana) 12

1. Sobre la imposición de sanciones ulteriores por realizar una denuncia sobre un presunto hecho de corrupción 12

2. Sobre la autorización previa para informar a la prensa como mecanismo de censura 16

3. Falta de adopción de un mecanismo adecuado para promover y proteger a los denunciantes de hechos de corrupción, abusos y violaciones de derechos humanos 17

C. Derecho a la libertad personal (Artículo 7) 20

D. Derecho de circulación y residencia (Artículo 22) 21

E. Derechos a las garantías judiciales y protección judicial (Artículos 8 y 25) 22

F. Derecho a la integridad personal (Artículo 5) 26

V. CONCLUSIONES 27

VI. RECOMENDACIONES 27








INFORME No. 8/20

CASO 12.999

FONDO

JULIO R.V.U. Y FAMILIA

ECUADOR

3 DE MARZO DE 2020

  1. INTRODUCCIÓN
  1. El 3 de enero de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por J.R.V.U. (en adelante “la parte peticionaria” o “el peticionario”)1 en la cual se alega la responsabilidad internacional de Ecuador (en adelante “el Estado ecuatoriano, “el Estado" o “Ecuador”) en perjuicio del peticionario y su familia por las represalias sufridas por él y por su familia como consecuencia de una denuncia de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas que el peticionario realizó en noviembre de 2001.

  2. La Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 36/15 el 22 de julio de 2015. El 28 de septiembre de 2015 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su disposición a fin de llegar a una solución amistosa. Las partes contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo, que el peticionario presentó el 7 de marzo de 2016 y el Estado el 7 de octubre de 2016. Toda la información recibida fue debidamente trasladada entre las partes2.

  1. ALEGATOS DE LAS PARTES
  1. Parte peticionaria
  1. La parte peticionaria alega que entre noviembre de 2000 y noviembre de 2001, mientras se desempeñaba como agregado naval y de defensa militar en la Embajada de Ecuador en Londres, descubrió dos hechos de corrupción que involucraban a altos mandos de las Fuerzas Armadas de su país, hechos que había conocido de manera directa por el cargo que desempeñaba.

  2. El peticionario alega que el 8 de noviembre de 2001 emitió una comunicación cifrada como confidencial al Embajador del Ecuador en el Reino Unido de ese entonces en la que presentó una denuncia detallada sobre estos hechos. Señala que por tratarse de hechos de gravedad que tendrían como responsables a miembros de las Fuerzas Armadas jerárquicamente superiores a él, denunció estos hechos a la autoridad civil superior que no se encontraba bajo las órdenes de los implicados en los hechos denunciados, en este caso, la autoridad superior de la misión diplomática en la que el peticionario prestaba funciones.

  3. La parte peticionaria alega que “de forma desconocida” la denuncia llegó a manos de los medios de comunicación de su país, quienes la difundieron. Consecuencia de esto, el 26 de noviembre de 2001 se le notificó una solicitud a reportarse ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en Quito en un plazo de 72 horas, a fines de explicar el reporte presentado al Embajador.

  4. El peticionario informa que fue sometido a un Consejo de Disciplina el 5 de diciembre de 2001. Allí se le aplicó una sanción de 15 días de arresto de rigor por diversas faltas comprendidas en el Reglamento de Disciplina Militar. El peticionario alega que durante el proceso se le impidió contestar razonadamente y contar con la asistencia de un abogado.

  5. El peticionario sostiene que durante el confinamiento se le mantuvo “bajo condiciones precarias”, sin alimentos, sin la posibilidad de asearse y con interrupciones en el sueño. Asimismo, señala que desde la denuncia él y su familia padecieron diversas formas de hostigamiento, presión y amenazas: desde llamadas telefónicas amenazantes recibidas en su domicilio hasta actos de hostigamiento en la vía pública. Aduce que sufrió—en dos ocasiones—sanciones de arresto adicionales. Esta situación, sumada a represalias laborales informales y a su remoción del cargo que ejercía en Londres lo llevó a solicitar, y obtener, el asilo político del Reino Unido. Desde entonces, el peticionario alega que su carrera militar se vio truncada y su vida familiar afectada.

  6. A raíz de lo anterior, el peticionario alega la violación del derecho a la integridad personal (artículo 5), libertad personal (artículo 7), libertad de expresión (artículo 13), circulación y residencia (artículo 22.1), garantías judiciales (artículo 8) y protección judicial (artículo 25). Respecto del derecho contenido en el artículo 5, el peticionario alega que las distintas privaciones de libertad “en condiciones de aislamiento solitario, incomunicación prolongada, condiciones anti higiénicas de las celdas, limitación en el aseo e higiene personal, carencia de alimentación e hidratación y poca entrada de luz natural”, conllevaron a la violación del artículo 5.1 y 5.23. Respecto del derecho contenido en el artículo 7 de la Convención, la parte peticionaria alega que fue detenido en violación de las condiciones de legitimidad de la privación de la libertad, y cuestionó los múltiples arrestos de rigor que se impusieron contra el peticionario como sanción “disciplinaria”. Respecto del derecho contenido en el artículo 13, el peticionario alega que las represalias sufridas como consecuencia de su denuncia importan una violación particular del artículo 13.3, y considera que “todas las violaciones relativas a los artículos 5, 7, y 22 a lo largo de este documento son también violaciones al derecho a la libertad de expresión y de pensamiento”. Respecto del artículo 22, la parte peticionaria señala que la vulneración deriva de las órdenes constantes de traslado y de la persecución de la que aduce ser víctima, al “no propiciar [el Estado] las condiciones y los medios para ejercer este derecho”. Asimismo, invoca la aplicación a su situación de la figura de “desplazamiento”. Respecto de los derechos contenidos en los artículos 8 y 25, la parte peticionaria alega que (a) el hábeas corpus incoado mientras se encontraba detenido fue denegado y (b) que la acción de amparo constitucional resuelta por el Tribunal Constitucional no otorgó una reparación integral o suficiente.

  1. El Estado
  1. El Estado alega que el peticionario fue sometido a tres sanciones disciplinarias diferentes, por causas diversas. La primera de ellas fue impuesta—según afirma el...

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