Report IACHR. Case No. 12.682 (Bolivia)

CourtInter-American Comission of Human Rights
Case TypeCases in the Court
Respondent StateBolivia
Submitted Date22 February 2021
Case Number12.682
Alleged VictimBlas Valencia Campos et al.














OEA/Ser.L/V/II.172

Doc. 63

4 de mayo 2019

Original: español

INFORME No. 54/19

CASO 12.682

INFORME DE FONDO


B.V. CAMPOS Y OTROS

BOLIVIA































Aprobado por la Comisión en su sesión No. 2150 celebrada el 4 de mayo de 2019
172 Período de Sesiones








Citar como: CIDH. Informe No. 54/19. Caso 12.682. Fondo. B.V.C. y otros. Bolivia. 04 de mayo de 2019.



www.cidh.org


ÍNDICE



I. INTRODUCCIÓN 2

II. ALEGATOS DE LAS PARTES 2

A. Parte peticionaria 2

B. Estado 3

III. DETERMINACIONES DE HECHO 5

A. normativo relevante 5

B. Hechos del caso 6

C. Procesos internos 9

IV. ANÁLISIS DE DERECHO 13

A. Derechos a la libertad personal y a la vida privada y domicilio. 13

B. Derechos a la vida, a la integridad personal, derecho a la honra y a la dignidad, derechos del niño y derecho de la mujer a vivir libre de violencia . 15

C. judiciales y protección judicial y deber de investigar y sancionar actos de tortura 20

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 22



  1. INTRODUCCIÓN


  1. El 8 de enero de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por B.V.C. y otras 25 personas (en adelante “la parte peticionaria” o “las presuntas víctimas”)1, en la cual se alega la responsabilidad internacional del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante “el Estado boliviano”, “el Estado” o “Bolivia”) por el alegado allanamiento ilegal de sus moradas y actos de violencia excesiva por parte de agentes estatales -incluyendo tortura, violencia sexual e incomunicación- durante su captura y posterior detención.


  1. La Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 84/08 el 30 de octubre de 20082. El 11 de noviembre de 2008 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su disposición a fin de arribar a una solución amistosa. Sin embargo, no se dieron las condiciones para iniciar dicho procedimiento. Las partes contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. Algunos de los peticionarios presentaron sus observaciones con fecha 9 de enero de 20093, 23 de febrero de 20094 y 14 de enero de 20155. El Estado presentó sus observaciones sobre el fondo con fecha 31 de octubre de 2016. Toda la información recibida fue debidamente trasladada entre las partes.


  1. ALEGATOS DE LAS PARTES


  1. Parte peticionaria


  1. La parte peticionaria alega que, tras el asalto a una furgoneta de Prosegur ocurrido el 14 de diciembre de 2001 alrededor de las 8:30 am, en el que se sospechaba su participación, cerca de las 3:00 am del 18 de diciembre de 2001 sus viviendas fueron allanadas por un alto número de agentes estatales fuertemente armados, quienes ejercieron violencia excesiva durante su captura y posterior detención, a fin de obtener confesiones e información sobre su participación en el atraco. Hombres, mujeres y niños fueron amenazados, maniatados, fuertemente golpeados, desnudados, las mujeres abusadas sexualmente – una de ellas en estado de gravidez perdió su embarazo producto de los golpes – y un niño fue secuestrado durante horas para ser obligado a entregar información sobre el robo. Joyas y dinero fueron sustraídos desde sus domicilios por parte de los agentes estatales. Una vez transferidos a las dependencias de la ex Policía Técnica Judicial (PTJ) – actualmente Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen – los peticionarios fueron nuevamente abusados, permaneciendo algunos incomunicados por hasta tres meses. Dos de los peticionarios habrían fallecido a consecuencia de los abusos.


  1. Diversas autoridades estatales, incluyendo el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal – Cautelar (en adelante “Juez de Instrucción”), encargado de efectuar el control judicial del arresto y que decidió sobre medidas cautelares, y el Tribunal de Sentencia Segundo de El Alto (en adelante “Tribunal de Sentencia”) que llevó adelante el proceso penal por el crimen que se les imputaba, así como oficiales de la Policía y Fiscales, estuvieron en conocimiento de los abusos cometidos en contra de las presuntas víctimas y sus alegaciones sobre que estaban siendo torturados, pero ninguno actúo prontamente para protegerlos, evitar que los abusos se siguieran cometiendo o investigar tales alegaciones.


  1. En consecuencia, la parte peticionaria alega que el Estado boliviano es responsable de la violación a sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y protección judicial y a la honra y dignidad, reconocidos en los artículos 5, 8, 25 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”), en conexión con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento. Además, alega que el Estado violó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención de Belém do Pará”).


  1. En cuanto al derecho a la integridad personal, alegan que la prohibición absoluta de tortura, tanto física como psicológica, y de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes se afirma en un imperativo moral, que no admite debate desde el punto de vista utilitarista. Tal prohibición pertenece hoy al ius cogens internacional y subsiste aún en las circunstancias más difíciles y en la investigación de todo tipo de delitos, por muy graves que sean. Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario en atención al propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana. En efecto, el uso de la fuerza y acciones tales como incomunicación y aislamiento de detenidos, deben estar definidos por la excepcionalidad. Además, frente a la posibilidad o sospecha que se hayan cometido actos violatorios a la integridad física de una persona, el Estado tiene la obligación de iniciar de oficio y en el más breve plazo una investigación imparcial, independiente y minuciosa, practicando con la mayor prontitud los exámenes médicos correspondientes, lo que en este caso no ocurrió.


  1. En cuanto al derecho a las garantías judiciales y protección judicial, los peticionarios alegan que no contaron con asistencia ni tutela legal efectiva durante toda la sustanciación del proceso penal en su contra. Desde un primer momento sus denuncias sobre torturas y malos tratos fueron desatendidas, lo que revela no solo que la defensa que recibieron fue inútil ante los abusos de los agentes de la policía, sino que, además, existió una total ausencia de imparcialidad del ente juzgador. Además, se vulneraron sus derechos a la presunción de inocencia, ya que – asumiéndose su culpabilidad de antemano – fueron obligados a auto-incriminarse. También alegan que se violó la garantía de publicidad del proceso penal durante el aislamiento e incomunicación, debido a la falta de acceso a las actuaciones judiciales que se llevaron adelante durante tal período, las que resultarían inquisidoras y carentes de legitimidad y legalidad. Finalmente, las diversas actuaciones del Estado boliviano habrían vulnerado el principio de legalidad, al no justificar la adecuación de sus actuaciones al marco legal.


  1. Por último, sostienen que las prácticas represivas ejercidas por las autoridades policiales y judiciales constituyeron graves vulneraciones al derecho a la honra y dignidad de los peticionarios, al ser allanados sus hogares en la madrugada, violando su domicilio, vida privada y familiar y correspondencia. Además, el Estado propició un ataque a la honra y valía de los peticionarios al exponerlos mediáticamente como criminales y estigmatizarlos, generando una opinión pública condenatoria.


  1. Estado


  1. En la presente etapa el Estado reiteró alegatos relativos a la admisibilidad de la petición, los que no serán referidos en esta sección en tanto ya fueron decididos por la Comisión en su Informe de Admisibilidad No. 84/08. En cuanto al fondo, Bolivia argumenta que su actuar se enmarcó dentro de su obligación de mantener el orden, ya que quienes alegan violaciones de derechos en este caso son personas que formaron parte de un grupo criminal organizado, que por su alto grado de peligrosidad fueron capturadas, utilizándose para ello – de manera racional y necesaria – la fuerza. En el escenario plasmado, alega el Estado que confluyeron acciones destinadas a evitar la ocurrencia de conductas delictivas de afectación al colectivo en general, por lo que las presuntas violaciones no se adecuarían a los derechos previstos en la Convención.


  1. En cuanto a la integridad personal, luego de afirmar que el atraco a Prosegur se cometió con...

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