La incorporación de España al Convenio de Roma. El Dictamen del Consejo de Estado y los debates parlamentarios

• Author: Nicolás Cabezudo Rodríguez

La ratificación por España del Convenio de Roma, ya firmado el 18 de julio de 1998, previsiblemente habría de afectar en profundidad al ordenamiento jurídico español. No es sólo por la necesidad de armonizar normas penales y procesales, así como la legislación penitenciaria, sino, sobre todo, por cuanto podría exigir la previa reforma de nuestra Carta Magna. La inmunidad penal del Monarca (art. 56.3 CE), la inviolabilidad parlamentaria y el resto de privilegios y prerrogativas de los Diputados y Senadores (art. 71 CE), así como de los miembros del Gobierno (art. 102 CE); el ejercicio en exclusiva por los Juzgados y Tribunales españoles de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE) o el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); así como la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), son algunos de los principios esenciales de nuestro ordenamiento, por citar algunos, que supuestamente podrían entrar en conflicto con el articulado del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

En este orden de ideas, el Convenio presuntamente excluiría la inmunidad penal del Monarca, que como tal se reconoce en el art. 56.3 de la CE, al afirmar en su art. 27.1 del Estatuto de la Corte Penal Internacional: <>. Precepto éste que, en los mismos términos, interesa la inviolabilidad y la inmunidad de Diputados y Senadores, al igual que el privilegio del suplicatorio para su enjuiciamiento o el privilegio del fuero, cuya dimensión constitucional resulta de lo dispuesto en los apartados primero a tercero del art. 71 de la CE. La ratificación por parte de España del Estatuto, no obstante, ha pasado por alto estas objeciones, desestimando la eventual reforma constitucional en todos estos casos, al igual que en otros a los que nos referiremos a continuación. La postura oficial acerca de este punto vendrá avalada por el preceptivo Dictamen del Consejo de Estado⁵⁶, cuya argumentación abordaremos someramente, como también los debates parlamentarios.

Con arreglo a lo expuesto, el Consejo de Estado en su discurso estimará compatible la inviolabilidad y la irresponsabilidad penal del Monarca contenida en el art. 56.3 con el dictado estatutario, por cuanto los actos de Rey no serían sino "actos debidos", y no "propios", sometidos a refrendo ministerial, lo que tendría como efecto desplazar la responsabilidad sobre el sujeto refrendante⁵⁷. Ahora bien, los actos sometidos a refrendo, como puso de relieve la portavoz del Grupo Vasco en la Comisión de Asuntos Exteriores, Margarita URÍA ETXEBARRÍA, son los que se adoptan en el marco de una actuación democrática normal, y no fuera de las funciones constitucionales del Jefe del Estado, que constituyen precisamente las conductas "patológicas" a las que se refiere el Estatuto⁵⁸. Al hilo de esta opinión, coincidimos con Gabriel CISNEROS LABORDA, representante del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores⁵⁹, al opinar que el Monarca sí sería responsable de aquellos actos que pudieran calificarse como "no...