La igualdad de género y la gobernanza de las cadenas de valor mundiales. Promoción de los derechos de las trabajadoras

• Date: 01 December 2019
• Published date: 01 December 2019
• Author: Cindy BERMAN,Lara BIANCHI,Stephanie BARRIENTOS
• DOI: http://doi.org/10.1111/ilrs.12143

Revista Internacional del Trabajo, vol. 138 (2019), núm. 4

Derechos reservados © Las autoras, 2019

Compilación de la revista y traducción del artículo al español © Organización Internacional del Trabajo, 2019

* Global Development Institute, Universidad de Manchester; s.barrientos@manchester.

ac.uk. ** Nottingham University Business School, Universidad de Nottingham; lara.bianchi@

nottingham.ac.uk. *** The Ethical Trading Initiative; Cindy.Berman@eti.org.uk.

La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos solo incumbe a sus autores,

y su publicación en la Revista Internacional del Trabajo no signica que la OIT las suscriba.

La igualdad de género y la gobernanza

de las cadenas de valor mundiales.

Promoción de los derechos

de las trabajadoras

Stephanie BARRIENTOS*, Lara BIANCHI** y Cindy BERMAN***

Resumen. La gobernanza privada, canalizada por conducto de programas de

cumplimiento social e iniciativas de las empresas multinacionales en favor de la

igualdad de género, no basta por sí sola para poner coto a la discriminación por

razón de género en las cadenas de valor mundiales (CVM). Los Principios Rec-

tores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (en ade-

lante, Principios Rectores) proporcionan un marco que conjuga la gobernanza

pública y la gobernanza privada a n de abordar los derechos humanos en su

globalidad, con inclusión de la igualdad de género. En el presente artículo se ana-

liza si tales principios pueden ofrecer un marco de gobernanza más ecaz para

atender los derechos de las trabajadoras en las CVM. Se sostiene que para poner

n a la discriminación por razón de género en las CVM y promover el ejercicio

de la debida diligencia en materia de derechos humanos con una perspectiva de

género es indispensable recurrir a una gobernanza en la que se articulen, en cola-

boración sinérgica, las entidades públicas, privadas y sociales.

Las cadenas de valor mundiales (CVM), coordinadas en gran medida por

empresas multinacionales, han generado cientos de millones de empleos

en las economías de bajos ingresos y las economías emergentes. Las mujeres

ocupan una proporción elevada de esos puestos, y son mayoritarias en algunos

sectores como el de la confección y el de la industria agroalimentaria (Barrien-

tos, 2014; OIT, 2015; Posthuma y Rossi, 2017). Sin embargo, la globalización

del abastecimiento de productos engendra una elevada competencia entre las

empresas que procuran reducir los costos de producción, lo cual redunda en

una precarización del empleo. En efecto, el trabajo es el factor de costo que

los proveedores suelen comprimir cuando las empresas multinacionales ejer-

Revista Internacional del Trabajo

790

cen presión mediante sus prácticas de compra (OIT, 2017). Los trabajadores

más afectados son aquellos que pertenecen a grupos discriminados por razón

de género, casta, raza, religión, origen étnico, capacidad física u orientación se-

xual. En particular, las mujeres sufren los efectos adversos de las actividades

empresariales de manera desproporcionada (Naciones Unidas, 2019). La dis-

criminación por motivo de género es endémica en las CVM, y las mujeres que

sirven de fuente de mano de obra barata se concentran en los empleos más

inseguros y menos protegidos, mal remunerados y con condiciones de trabajo

precarias (Barrientos, 2019). A menudo, carecen de capacidad para negociar

las condiciones de trabajo con sus empleadores, organizarse en sindicatos in-

dependientes y presentar reclamaciones.

Muchas empresas multinacionales, con inclusión de las distribuidoras,

marcas y algunos grandes intermediarios, han adoptado por iniciativa propia

códigos de prácticas laborales para asegurar el respeto de normas mínimas del

trabajo. En muchos casos, su elaboración obedece a presiones ejercidas por or-

ganizaciones de la sociedad civil, en particular sindicatos y organizaciones no

gubernamentales (ONG). Los códigos de carácter voluntario forman parte de

la gobernanza privada de las CVM a cargo de las empresas multinacionales,

y han generado el desarrollo de un vasto sector dedicado al control del cum-

plimiento social. Sin embargo, las auditorías sociales destinadas a vericar la

aplicación de los códigos han sido poco ecaces para detectar o combatir la

discriminación de género y el acoso, y a menudo su calidad deja mucho que

desear (BSR, 2018a; Barrientos, 2019). Así pues, se están reconociendo cada

vez más las limitaciones de la responsabilidad social para asegurar los dere-

chos de los trabajadores.

Algunas empresas multinacionales que desean ir más allá del mero cum-

plimiento del marco jurídico han adoptado iniciativas de género para promo-

ver los derechos de las trabajadoras en sus cadenas de valor. Han ampliado su

gobernanza de las CVM para incluir el apoyo a las mujeres en las comunidades

o en las fábricas y explotaciones agrícolas de las que se abastecen (Scott, 2017).

En muchos casos, la implantación de programas entraña también la colabora-

ción con organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, un análisis de una

selección de iniciativas de género emprendidas por empresas multinacionales

(véase más adelante) concluye que tienen un carácter fragmentado. Rara vez

tratan o previenen las causas subyacentes de la discriminación de género, y

tampoco se ocupan de las prácticas comerciales de las empresas compradoras

y proveedoras que pueden agravar la precariedad de las condiciones de tra-

bajo de las mujeres que se desempeñan en las CVM.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los

derechos humanos, que el Consejo de Derechos Humanos hizo suyos en 2011,

brindan un marco de gobernanza más amplio al que se están adhiriendo algu-

nas empresas multinacionales (Naciones Unidas, 2011). El primer pilar de estos

principios hace hincapié en la importancia de la gobernanza pública para pro-

mover los derechos humanos (esto es, el deber del Estado de proteger), mien-

tras que el segundo reconoce la importancia de la gobernanza privada a cargo