Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de Septiembre de 2001. Caso Hilaire Vs. Trinidad y Tobago. Serie C No. 80

Fecha de Resolución 1 de Septiembre de 2001
EmisorCorte Interamericana de Derechos Humanos
CasoHilaire Vs. Trinidad y Tobago
ActoExcepciones Preliminares
SolicitanteUruguay

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Hilaire Vs. Trinidad y Tobago

Sentencia de 1 de septiembre de 2001

(Excepciones Preliminares)

En el caso H.,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:*

A.A.C.T., Presidente;

M.P.G., V.;

H.S.P., J.;

A.A.B., J.;

S.G.R., J., y

C.V. de R.R., J.;

presentes, además,

M.E.V.R., S., y

P.S.A., S. adjunto;

de acuerdo con el artículo 36.6 de su Reglamento[1] (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia sobre la excepción preliminar interpuesta por el Estado de T. y Tobago (en adelante “el Estado” o “T. y Tobago” ).

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

  1. El presente caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) el 25 de mayo de 1999. La demanda de la Comisión tiene su origen en la denuncia número 11.816 (H.H., recibida en la Secretaría de ésta el 9 de octubre de 1997.

    II

    HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA

  2. La Comisión Interamericana expuso en su demanda los hechos en que se fundamenta. En los siguientes párrafos, la Corte resume los hechos y las pretensiones de la demanda que son relevantes para la consideración de la excepción preliminar:

    El Estado de T. y T. ha violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) por sentenciar al señor H.H. (en adelante “el señor H.”) a una “pena de muerte obligatoria” y, por lo tanto, por violar los derechos consagrados en los artículos: 4.1, 5.1, 5.2, 5.6, 7.5 y 25; todos en relación con el artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, el Estado ha violado el artículo 2 que establece la obligación de adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en la Convención, en relación con el artículo 25 de la misma (infra 16).

    La Comisión Interamericana fundamenta sus alegatos, inter alia, con los siguientes hechos:

  3. El 29 de mayo de 1995 el señor H. fue condenado, junto con sus dos co-imputados, la señora I.R. y el señor D.B., por el asesinato del señor A.J., ocurrido el 13 de febrero de 1991. Dicha condena fue emitida por la Primera Sala Penal de Port of Spain Assizes, T. y Tobago;

  4. El señor A.J. era el cónyuge, bajo el derecho consuetudinario, de la señora I.R., quien “[d]e acuerdo con lo que consta en autos” era víctima de maltrato doméstico a manos del señor J.;

  5. “Debido en parte a la naturaleza abusiva del matrimonio”, se desarrolló una relación entre la señora R. y el señor B. y ella quedó embarazada del señor B.. Cuando su esposo descubrió la situación, la siguió maltratando, consecuencia de lo cuál ella huyó del hogar con sus dos hijos y se mudó a la casa del señor B.. El señor H. también vivía con el señor B. y durante el tiempo que estuvo con estos, la señora R. les confió la situación de maltrato doméstico de la que era objeto;

  6. Posteriormente, el señor J. descubrió donde estaba su esposa, irrumpió en la casa del señor B. y la llevó con él a su casa, donde la mantuvo prácticamente secuestrada. La señora R. pudo enviar un mensaje al señor H., implorándole que la rescatara. En consecuencia, los señores H. y B. fueron a la casa del señor J. “con intenciones de golpearlo”. La golpiza tuvo consecuencias mucho más graves de las previstas, a raíz de lo cual el señor J. murió;

  7. No consta en autos prueba alguna de que el señor H. tuviera algún antecedente penal o tendencia a reincidir;

  8. El señor H. y sus co-imputados fueron encontrados culpables de homicidio de acuerdo con la Ley de Delitos Contra la Persona de T. y T. y el 29 de mayo de 1995, el juez de la causa “se vio obligado a imponer a los acusados la pena de muerte” de acuerdo con la sección 4 de dicha ley, declarando lo siguiente: “El jurado llegó a la conclusión de que los reos eran culpables de homicidio. La sentencia de esta Corte contra cada uno de [ellos] exige que sean trasladados a una penitenciaría y luego al lugar de ejecución, donde morirán en la horca. Que D. se apiade de sus almas”;

  9. El 29 de mayo de 1995 el señor H. solicitó venia para apelar su condena ante la Corte de Apelaciones de T. y Tobago. Dicha demanda fue desestimada el 7 de noviembre de 1996. El 30 de octubre de 1997 el señor H. interpuso una petición en la que solicitó venia especial para apelar su condena ante el Comité Judicial del Privy Council en Londres, el cual desestimó dicha petición el 6 de noviembre de 1997. El señor H. presentó una segunda solicitud de venia especial para apelar ante el Comité Judicial del Privy Council en Londres alrededor del 25 de enero de 1999. Esta segunda petición fue también desestimada el 3 de febrero de 1999;

  10. La Ley de Delitos Contra la Persona provee una definición de “homicidio”, permite que un jurado considere ciertas circunstancias del asesinato determinantes para establecer si el acusado debe ser encontrado culpable del delito de homicidio o de un delito menor, impone la pena de muerte en caso de que el acusado sea encontrado culpable de asesinato, pero no permite al juez o al jurado considerar las circunstancias personales del acusado o del delito;

  11. La Constitución de T. y T. establece un Comité Consultivo de Indulto, que tiene a su cargo estudiar y hacer recomendaciones al Ministro de Seguridad Nacional sobre si un delincuente sentenciado a muerte debe beneficiarse de la discreción presidencial del indulto en virtud de la Constitución mencionada. La ley no establece criterio alguno para ejercer las funciones del Comité o la discreción presidencial, y el delincuente no tiene derecho legal alguno a formular exposiciones ante el Comité para presentar, recibir o impugnar las pruebas que el Comité considere pertinente tomar en cuenta. La facultad de indulto es un acto de clemencia que no es materia de derecho alguno y por tanto, de revisión judicial.

    III

    PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN

  12. El 9 de octubre de 1997 la firma británica Simmons & Simmons (en adelante “los peticionarios”), presentó ante la Comisión una denuncia contra T. y Tobago, en nombre del señor H.H.. El 16 de octubre de 1997 la Comisión abrió el caso No. 11.816, remitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia y solicitó una respuesta. La Comisión también le solicitó al Estado, en virtud del artículo 29.2 de su Reglamento, que suspendiera la ejecución del señor H. hasta tener la oportunidad de examinar el caso y adoptar una decisión.

  13. El 30 de octubre de 1997 los peticionarios informaron a la Comisión que estaban a la espera de una decisión del Comité Judicial del Privy Council sobre la demanda del señor H. de venia especial para apelar. El 6 de noviembre de ese año, los peticionarios informaron a la Comisión que se había negado al señor H. venia para apelar ante el Privy Council.

  14. El 19 de diciembre de 1997 el Estado envió sus observaciones a la denuncia haciendo referencia al fondo. El 12 de enero de 1998 dichas observaciones se remitieron a los peticionarios, quienes enviaron sus propias observaciones el 25 de febrero del mismo año. El 16 de marzo de 1998 la Comisión remitió al Estado las observaciones mencionadas y le solicitó una respuesta.

  15. Igualmente, el 19 de diciembre de 1997 los peticionarios suministraron a la Comisión un escrito complementario en el que aportaron nuevas pruebas, así como jurisprudencia y demás información que fundamentaba la admisibilidad de la petición y especificaron las reparaciones que procuraban en nombre del señor H.. El escrito fue transmitido al Estado el 12 de enero de 1998 y éste presentó sus observaciones el 1 de abril del mismo año. Dichas observaciones fueron remitidas a los peticionarios el 13 de mayo de 1998. El 24 de junio de 1998 los peticionarios enviaron sus observaciones, las cuales fueron transmitidas al Estado el 13 de julio de 1998 y la Comisión solicitó una respuesta.

  16. El 25 de septiembre de 1998 la Comisión aprobó el Informe No. 43/98 en el cual se pronunció sobre la admisibilidad de la petición. El 23 de octubre del mismo año, la Comisión remitió el mencionado Informe al Estado y a los peticionarios, y se puso a disposición de las partes con miras a procurar una solución amistosa del asunto.

  17. El 28 de septiembre de 1998 los peticionarios presentaron un segundo escrito complementario, el cual fue transmitido al Estado el 6 de octubre del mismo año, con una solicitud de respuesta.

  18. Alrededor del 12 de febrero de 1999 los peticionarios presentaron un tercer escrito complementario con anexos y alrededor del 12 de marzo del mismo año enviaron escritos adicionales a la Comisión. El 5 de abril de 1999 la Comisión remitió las partes pertinentes de los escritos complementarios y solicitó al Estado su respuesta. El Estado no presentó respuesta a dicha solicitud.

  19. El 21 de abril de 1999 la Comisión aprobó el Informe sobre el fondo No. 66/99, el cual transmitió al Estado el 26 de abril de 1999. En la parte dispositiva de dicho Informe, la Comisión recomendó al Estado que:

  20. Garantice al peticionario un remedio efectivo que incluya la consideración de una pronta liberación o conmutación de la pena y compensación;

  21. Adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias para garantizar que la pena de muerte se imponga de conformidad con los derechos y libertades garantizados por la Convención; [y que]

  22. Adopte las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para garantizar que el derecho dispuesto en el artículo 7.5 de la Convención a un juicio dentro de un plazo razonable o a ser liberado, tenga efecto en Trinidad y Tobago, incluido un recurso efectivo ante una corte o tribunal competente para obtener protección contra actos que violen ese derecho.

  23. El 18 de mayo de 1999 el Estado envío a la Comisión la respuesta a dicho Informe.

  24. El 23 de mayo de 1999 la Comisión Interamericana, de conformidad con el artículo 51 de la Convención Americana, decidió presentar el caso ante la...

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